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sábado, 10 de septiembre de 2011

¿Pensum o Agenda?

Hay que solidarizarse con la Universidad Pontificia Bolivariana. Lo que ocurrió allí promete repetirse en otros lados.
Recientemente la Universidad Pontificia Bolivariana  estuvo en el ojo del huracán mediático a causa de la cancelación de un foro que organizaba la Facultad de Derecho. La situación se hizo aún más confusa porque luego de la cancelación del foro, la decana de la facultad presentó su renuncia. La prensa se ocupó del asunto diciendo que las razones de Mons. Luis Fernando Rodríguez para cancelar el evento habían sido la presencia de personajes pro-abortistas, y pronto, medios como Semana y El Espectador le dieron vuelo al asunto presentando el caso como un ejemplo de violación a la libertad de expresión por parte de la Iglesia, y dejando en el aire la duda de si la Iglesia era capaz de conducir una universidad.
El título para este artículo lo tomé de una columna de opinión de Catalina Ruiz-Navarro, reconocida feminazi abortista y férrea anticlerical. A ella hay que reconocerle el hecho de que pudiendo aprovechar la desinformación alrededor del caso para lanzar invectivas contra el oscurantismo católico, prefirió darle luz al asunto citando un texto del profesor Javier Tamayo Jaramillo, que reproducimos en esta página, desenterrando el verdadero problema en la facultad: La imposición de un modelo ideológico particular en todo el pensum de la carrera con el fin de adoctrinar a los estudiantes en esta nueva “corriente” del derecho que no es otra cosa que la justificación de los excesos que los órganos judiciales han venido cometiendo a lo largo de todo el mundo en cumplimiento de la agenda promovida por diferentes organismos internacionales.
Resulta gracioso que la columnista diga:
Esta es una tendencia importante en Colombia, y la ex decana, tal vez con poco tacto o carisma, trató de incluirla en el pensum de la Bolivariana.
cuando la lectura del texto del profesor Tamayo revela que en realidad se trató de un proyecto por ideologizar la facultad, para lo cual se pasó por encima de todas las personas quienes tenían reservas o se oponían abiertamente a estas tesis. Él mismo relata cómo presentó varias veces su oposición al proyecto y lo único que logró fue ser ignorado y silenciado de forma arbitraria, incluso a espaldas de la dirección de la Universidad quienes tuvieron que intervenir para mediar entre las partes.
¿A qué tesis del Derecho nos referimos? El propio Tamayo la llama “neoconstitucionalismo” y la describe así:
Esta teoría antidemocrática como ella misma lo reconoce, considera que el único principio jurídico que se debe aplicar a como dé lugar es el que afirma que Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático y justo. Fórmula dentro de la cual cabe cualquier ideología. Con esa fórmula, el juez puede desconocer las leyes y la Constitución misma, si lo considera necesario para aplicar la solución que él prefiera. Su origen proviene de la doctrina del uso alternativo del derecho, que primó en Italia en lo década de 1960, y de la escuela de estudios críticos del derecho, de origen norteamericano. Ambas de corte marxista, como sus mismos autores lo reconocen. En Colombia, bajo las denominaciones de nuevo derecho o neoconstitucionalismo ideológico, esta teoría tiene un gran arraigo en la Corte Constitucional y en muchas facultades de derecho, desde donde se inicia la formación de abogados que defiendan como cruzados la aplicación exclusiva de los principios constitucionales, poco importa lo que diga la ley. Sin que pueda afirmar que los pensadores colombianos que defienden esta doctrina sean marxistas o fascistas (incluso doy fe del pluralísimo democrático de muchos de sus defensores), sí constato que su concepción del derecho y de su aplicación obedece a las mismas directrices, pues se pretende adoctrinar al estudiantado y defender la intromisión de la Corte Constitucional en la creación de leyes y en la distribución y administración del presupuesto. La Constitución en Colombia es lo que la Corte diga.
Yo por mi parte quedé absolutamente sorprendido de que tal cosa existiera, pues aunque he sido testigo de cómo la ideología de género se ha ido imponiendo de forma abiertamente antidemocrática en los países, nunca pensé que tal tendencia, originada por una agenda global promovida desde poderosos organismos internacionales como la CIDH, tuviera correspondencia en la teoría del derecho. Ingenuo yo.
De ahí que haya querido copiar el título que usó la columnista de El Espectador, pues si bien ella lo explica en los últimos párrafos de la columna
Lo que se infiere es que el proceder de Gómez –darle énfasis al “nuevo derecho” en la facultad- y la llegada a escena de Alexy –cuyos textos fueron usados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355/06- son gestos “anti-católicos” y por tanto van en contra de la política de la facultad. Nada deberían tener que ver, en un Estado laico y en pleno siglo XXI, el derecho, cuyo espacio es lo público, con el catolicismo, cuyo espacio es el de lo privado. La cosa es seria. Nótese que sin las posturas filosófico-jurídicas del “nuevo derecho” y textos como los de Alexy, el aborto legal no sería una posibilidad en Colombia, y la posibilidad a futuro de logros democráticos como el matrimonio igualitario se desdibujaría.
Casarse con una corriente, y peor, por motivos de fidelidad o rechazo a una religión, no es buena idea para una institución académica porque, justamente, los dogmas son enemigos del desarrollo del pensamiento y de la educación. Creo que los estudiantes de la Bolivariana estarán más interesados en recibir información actualizada y en tener posibilidades para elegir entre diferentes corrientes que en ser productos de las líneas ideológicas de la universidad.
resulta increíble cómo, luego de haber sacado a la luz que el verdadero motivo de la crisis en la facultad de derecho de la UPB fue la transformación del pensum académico según una agenda ideológica particular ignorando y silenciando cualquier otra opinión, salga con la retahíla de que el problema es la cerrazón católica a otras opiniones. Quien lea el artículo del profesor Tamayo verá cómo él atestigua que las directivas de la Universidad procuraron siempre la conciliación protegiendo la pluralidad de la UPB por encima de todo. En cierto modo la cancelación del congreso también obedeció al mismo interés de las directivas por mantener la orientación pluralista de la UPB. Pero bueno, la incoherencia no es fruto extraño en la cosecha de la mencionada columna.
No deja de ser interesante que este asunto haya ocurrido tan cerca de la fecha en que se celebró el Congreso Mundial de Universidades Católicas en Ávila, España. Allí se discutió acerca de la “identidad” (quiénes somos”) y la misión (“qué debemos hacer”) de las Universidades Católicas, quienes atraviesan por momentos difíciles en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, varias universidades fundadas por la Iglesia han terminado perdiendo el nombre de católicas al caer en manos de agendas ideológicas abiertamente relativistas. Lo mismo podría ocurrirle a la Pontificia Universidad Católica del Perú si su rector se obstina en negarle la participación en su dirección al arzobispado de Lima. En efecto, existe un fuerte movimiento por negarle a la Iglesia el derecho a tener universidades. La misma columna de la feminista lo expresa en una extraña contradicción pues mientras dice “los dogmas son enemigos del desarrollo del pensamiento y de la educación”, establece ella su propio dogma: “Nada deberían tener que ver, en un Estado laico y en pleno siglo XXI, el derecho, cuyo espacio es lo público, con el catolicismo, cuyo espacio es el de lo privado.” Desconoce ella, lo que me hace dudar de la profesionalidad que alardea, que la religión es siempre un hecho social, y más aún, que se eleva por encima de la ley en la estructuración de la sociedad al punto de que los orígenes del derecho siempre han estado asociados a la religión, con ejemplos como el derecho internacional o los Derechos Humanos, que en el caso de Occidente son inconcebibles sin la labor del cristianismo y de la Iglesia Católica.
Subrayo además la suposición de la columnista de que “los estudiantes de la Bolivariana estarán más interesados en recibir información actualizada y en tener posibilidades para elegir entre diferentes corrientes que en ser productos de las líneas ideológicas de la universidad”, puesto que, al parecer, por “información actualizada” se refiere a “ser productos de las líneas ideológicas”, ya no de la universidad, sino del establecimiento, y porque además creo que a cualquier estudiante, como yo que también lo soy, le interesa más recibir información verídica y relevante que simplemente actualizada. Pongo también el link a esta columna de Tulio Elí Chinchilla que de forma muy sutil se refiere al mismo caso.
Recientemente ha habido mucho revuelo alrededor del tema de la Educación Superior en Colombia por cuenta de la reforma a la Ley 30. Los estudiantes han armado todo tipo de respuestas, violentas y no-violentas, y han terminado cayendo en una trampa que incluso creeré también puesta por el establecimiento: Se han concentrado en algo tan marginal y periférico como la financiación de las universidades públicas, dejando de lado lo verdaderamente fundamental: la amenaza a libertad de expresión y la sujeción de la enseñanza a los lineamientos ideológicos impuestos por el Estado. El caso de las universidades católicas es una buena muestra de cómo existen fuertes intereses en borrar ciertas voces, como la católica, del espectro de la academia. ¿Por qué? Muy probablemente sea porque la Iglesia sea de las pocas instituciones que no son susceptibles de sucumbir ante la presión del Estado o el mercado.
Termino citando unas palabras de Mons. Rino Fisichella en el Congreso Mundial de Universidades Católicas: “Debemos actuar de manera que sobre todo la universidad y nuestras universidades sean un centro de pensamiento para superar la fragmentación y reencontrar la unidad del saber, que es la condición necesaria para reconducir –sobre todo a las nuevas generaciones- a una responsabilidad frente a sí mismas y también frente a la sociedad”.
Se equivocaron quienes creyeron que me referiría a la discusión acerca del alcance de las providencias judiciales. Me bastó con citar al profesor Tamayo.




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