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viernes, 9 de septiembre de 2011

Premisas claras para una discusión sobre la crisis en la UPB

Reproduzco el documento del profesor Javier Tamayo Jaramillo respecto del caso de la UPB
PREMISAS CLARAS PARA UNA DISCUSIÓN SOBRE LA CRISIS EN LA UPB.
JAVIER TAMAYO JARAMILLO
tamajillo@hotmail.com

I. A raíz de la crisis por la que atraviesa la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la mayoría de la opinión pública ha explicado de manera simplista el asunto como el enfrentamiento por el poder entre dos bandos: el primero de ellos, encabezado por la exdecana, señora MARIA CRISTINA GÓMEZ, según se dice, “acompasado con la Constitución de 1991, progresista, audaz y con una visión actualizada de la academia, el Derecho y la Justicia, y autodenominado «la generación de relevo»”. Esta corriente defiende el activismo incontrolado de la Corte Constitucional, en desmedro de los textos constitucionales y legales, con base en la idea de que la Constitución subjetivamente interpretada por los magistrados, contiene los valores y derechos suficientes para administrar una correcta justicia. Es el derecho de los jueces. El segundo bando estaría compuesto por los viejos profesores de la universidad. “Autoritarios e intolerantes; alejados de los hechos sociales y de los valores constitucionales; exégetas puros de las normas jurídicas, a quienes no les importaría ni la discusión ni la pobreza de los colombianos; solo les interesa sostener el sistema capitalista y opresor vigente, por medio de abogados picapleitos”.

Pero ¡qué gran equivocación! Felices deben andar quienes siempre han deseado ver destruida la Universidad o cobrarles viejos odios a quienes hoy hacen parte de ella. Como he sido partícipe del proceso político universitario que lamentablemente ha concluido su primer round con la cancelación del congreso mundial que habría de celebrarse en Cartagena, en el mes de octubre, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones tendientes a poner cada idea y cada protagonista en el sitio que le
corresponde, por lo menos frente a los hechos que directamente he conocido. Sólo así podremos iniciar el debate sobre la refundación de nuestra facultad de derecho. Aclaro que hablo a título puramente individual, y por lo tanto, nadie, ni siquiera las directivas de la Universidad, estarán completamente de acuerdo con lo que afirmo. Los presupuestos del debate, pues, son los siguientes:

II. Sea lo primero, afirmar que guardo por la exdecana MARIA CRISTINA GÓMEZ, un gran respeto no solo porque fue mi discípula y aún la considero mi amiga, sino porque apoyó muchos de mis proyectos en la facultad y tuvo recientemente detalles de generosidad que debo agradecer públicamente. Además, porque, si bien desde un ángulo filosófico político tenemos concepciones diferentes del derecho y de la academia, de todas maneras logró imponer un encomiable ritmo de trabajo, hasta conseguir avances administrativos que hoy son innegables.

De otro lado, como en medio de la tormenta aparecen los nombres de varios de mis alumnos, debo referirme a dos de ellos en forma especial: el primero, el profesor MAURICIO GARCÍA VILLEGAS, fue mi primer gran discípulo amado, en quien vi proyectada por primera vez, mi concepción de la tolerancia y la libertad de pensamiento. Esa admiración y cariño, por lo menos de parte mía, sigue inalterada. El segundo, el profesor GABRIEL GÓMEZ, brillante alumno y mejor amigo. De los dos me separa una concepción diferente de la creación y de la aplicación del derecho. Pero en ambos reconozco convencidos demócratas y hombres sedientos de una verdadera justicia. Disentimos en la forma de lograrla.

Finalmente, debo hacer énfasis en el sentido de que equivocadamente se ha querido polarizar la situación con el pretexto de que las discrepancias con la exdecana obedecen al hecho de que varios de los profesores que formaban su entorno, provienen de la Universidad de Antioquia. Nada más lejos de la realidad. Uno de los momentos más felices de mi vida ocurrió cuando me convocaron para dictar cátedra en ese claustro. Con fraternidad, hemos recibido formación de juristas de esa Alma Mater, de la más variada ideología y de alta calidad académica. HERNÁN VALENCIA RESTREPO, TULIO HELÍ CHINCHILLA, JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ, ENRIQUE GIL BOTERO, entre otros han podido dictar sus cátedras con absoluta libertad y afecto. Pero, para ser sinceros, sí observo algo preocupante en la U.P.B. Creo que sin importar su origen, los profesores de áreas tan complejas como la teoría general del Derecho, la filosofía del Derecho, y la teoría constitucional deben tener un alto bagaje de conocimientos teóricos y prácticos de las disciplinas objeto de sus cátedras, más allá de sus convicciones emocionales sobre el derecho justo. Y en ese sentido, basta hablar con los estudiantes para que se conozca la falencia de conocimientos de muchos de esos jóvenes profesores, algunos egresados de la misma Bolivariana. A decir verdad, allí hay un error de la anterior decanatura. No desconozco que algunos son muy buenos, como la doctora SANDRA GÓMEZ, el doctor LEONARDO GARCÍA JARAMILLO, el doctor HENRY SOLANO, el doctor JUAN BERNARDO TASCÓN entre los que conozco. Lo que se pide es que los profesores sean sabios en sus materias, y si los “viejos maestros” como se nos denomina despectivamente, no cumplimos con ese requisito, que se nos diga, pues estamos dispuestos a hacernos al costado para que ingresen los que sepan la materia y hayan pisado los juzgados, así sean contrarios a nuestra ideología, siempre y cuando no pretendan instaurar un adoctrinamiento ideológico contrario al Estado Social de Derecho y a la división de poderes. La facultad no puede ser ni será el foco de una lucha política de poderes ni de clases.

III. Cayendo a los hechos concretos, creo que el problema no podrá entenderse mientras no deslindemos conceptualmente tres subproblemas que aunque unidos por los hechos, tienen una significación por entero diferente.

a) de un lado, el problema de la cancelación del congreso, hecho lamentable que no comparto, pero que no compromete mi fidelidad a la Universidad en estos momentos de turbulencia. La Universidad es de propiedad de la Iglesia Católica y regida por sus principios, pero como institución es un hecho social generado por nosotros todos los que a lo largo de 75 años hemos impartido y recibido una formación pluralista, dentro de los cánones de una formación cristiana que a nadie se le ha impuesto, como lo atestiguan los tres discípulos a los que ya me he referido. Todos, incluidos los egresados, somos la Universidad. Pero los problemas y nuestras discrepancias, los ventilamos dentro de la misma Universidad, mientras sea libremente, como corresponde a quien se dice hijo de su Alma Mater, y no ante los medios o pidiendo apoyos en otras universidades. Es más, los temas del aborto, del divorcio, de la despenalización de la droga, de la eutanasia y de las uniones entre parejas del mismo sexo, han sido y deben ser debatidos en los cursos, en tanto y en cuanto hacen parte del derecho positivo colombiano. En medio de la crisis, y como reacción a lo que acaba de ocurrir, un profesor puso como tarea a sus estudiantes la lectura de sentencias de la Corte Constitucional, sobre la libertad de cátedra, y nadie lo desautorizó.

b) en segundo lugar, está el problema del doctorado honoris causa conferido al profesor ROBERT ALEXY. En ese sentido debo anotar que nunca se le acusó de ser defensor del aborto como maliciosamente se ha dicho en todos los tonos. Y su doctorado jamás se puso en duda, aunque era de suponer que cancelado el congreso, por los motivos ya conocidos, el filósofo no iría a aceptar la distinción. Con todo, quiero dejar constancia de lo siguiente: días antes de la cancelación del congreso recibí una llamada de la doctora MARIA CRISTINA GÓMEZ, quien me preguntó: ¿Usted cree en mí? Le respondí afirmativamente y luego me dijo: ayúdeme a salvar el congreso; llame ya mismo al Padre Rector y dígale quién es ALEXY, pues le están llegando versiones de diverso tipo, que ponen en peligro el evento. De inmediato llamé al Padre Rector; escuchó mis argumentos sobre el pluralismo ideológico del profesor alemán; de su religiosidad no Católica; le dije que no compartía ciertas de sus ideas, tales como la pretensión de corrección moral de todos los ordenamientos jurídicos; que para la Universidad y para nosotros era un privilegio contar con la presencia de tan egregio pensador. Me respondió el Rector que estuviera tranquilo; que el evento se iría a realizar con todas las pompas y que, como él era ajeno a esa rama de la filosofía, por favor le hiciera llegar un pequeño texto un poco más amplio relacionado con las explicaciones que acababa de darle, por si de pronto se le formulaban inquietudes por parte de sus superiores o del Consejo Directivo. El escrito, de 4 páginas, lo publicó a petición mía, la misma facultad, y es conocido y compartido por la misma MARIA CRISTINA y por buena parte de los estudiantes y profesores. Desconozco qué haya sucedido desde ese momento hasta cuando una semana después conocí la noticia de la cancelación del congreso.

c) el tercer problema, que es el de fondo, radica en la orientación ideológica y académica que desde la decanatura de la doctora MARIA CRISTINA se le ha querido dar a las maestrías y a los programas de pregrado. Y en ese punto, me hago responsable de haber liderado leal, abiertamente y con argumentos, una férrea oposición a esa orientación, porque así hubiera sido con la mayor ambición democrática y de justicia, dicha orientación conduce fatalmente a un totalitarismo de izquierda o de derecha, puesto que a nombre de una interpretación valorista y subjetiva de la Constitución, se persigue la soberanía de las altas cortes, en una lucha política contra las otras ramas del poder público, y detrás de esa lucha propiciar una lucha de clases. No es una idea mía. La misma Corte Constitucional así lo ha reconocido en un fallo de Sala Plena (SU 111/ 97), con participación de CARLOS GAVIRIA DIAZ y ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, estandartes de las nuevas orientaciones de la Corte Constitucional. Dice la Corte:

“El Estado social de derecho que para su construcción prescinda del proceso democrático y que se apoye exclusivamente sobre las sentencias de los jueces que ordenan prestaciones, sin fundamento legal y presupuestal, no tarda en convertirse en Estado judicial totalitario y en extirpar toda función a los otros órganos del Estado y a los ciudadanos mismos como dueños y responsables de su propio destino” (negrillas y subrayas ajenas al original).
Y de su lado, el profesor DIEGO LÓPEZ MEDINA, en su obra El derecho de los jueces, (2.ed. p. 267) afirma lo siguiente:

“Sería extraño que los actores jurídico políticos-los jueces- se limitaran pasivamente a aceptar arreglos distributivos de la potestad de creación de normas, sin dar batallas por aumentar su capacidad sobre tan importante insumo político –es decir luchar por el poder de legislar que por Constitución le corresponde al Parlamento– (…) El análisis anterior muestra que la puja por el control de las fuentes del derecho es una confrontación con contenido político entre ramas del poder público y, detrás de dichas ramas, - la confrontación- entre formaciones sociales con maneras alternativas de entender el estado y la sociedad en la que cada grupo interesado usa recursos político constitucionales para modelar a su favor los contornos del sistema (Negrillas ajenas al original).

El activismo incontrolado de los jueces es pues, una lucha por el poder político contra el Ejecutivo y el Parlamento, mediante la aplicación de justicia en los casos concretos.

De otra parte, como algunos han afirmado que se trata de una lucha interna por el poder dentro de la facultad, deseo anotar que en lo que a muchos de los profesores a que hoy protestamos atañe, a estas alturas de la vida, hemos tenido los mayores honores que podemos alcanzar como juristas y docentes, y que si algo tenemos claro es nuestro desprecio por el poder, cualquiera que sea. No sabemos mandar ni que nos manden.

En consecuencia, para comprender el origen de la crisis de la facultad, es indispensable tener una mínima idea del debate filosófico en ciernes.

IV. Como dije, en la filosofía jurídica y política actuales existe una dura polémica, con múltiples matices, sobre el papel de los jueces en el Estado de Derecho, pues mientras en un extremo están quiénes defienden a capa y espada la aplicación literal de las leyes (esta teoría ya es pieza de museo), en el otro se hallan quienes no tienen empacho en afirmar que todo el orden jurídico vigente debe sucumbir si el juez considera que con su sentencia logra una verdadera solución justa. Es la que denominamos teoría valorista de la interpretación. Entre los dos extremos hay corrientes de infinita variedad y es por ello que la división entre progresistas y cromañones es dañina y peligrosa.

Dentro de las teorías valoristas hay dos tendencias: la que se inscribe dentro del respeto por el Estado Social de Derecho, que concibe la Constitución como la consagración de valores y derechos fundamentales. Para esa corriente, el juez dispone de un amplio margen de creación y valoración, pero limitado por las leyes y procedimientos vigentes. Las leyes se aplican, mientras no destruyan el núcleo esencial de las normas constitucionales. Como dice ALEXY, “El sistema teleológico axiológico no permite, por sí solo, una decisión sobre cómo tiene que ser el juego de los principios en un caso concreto y qué valoraciones particulares hay que realizar (Alexy, Teoría de la argumentación jurídica, p. 26). Es decir, que un Estado Social de Derecho es impensable a partir de simples valoraciones de la Constitución. El respeto por los códigos es un elemento esencial en un Estado Social de Derecho, siempre y cuando no destruyan derechos constitucionales, afirma el autor. Personalmente, estoy de acuerdo con muchas de las posturas de esta corriente, sobre todo, porque con ella no se pretende entablar una lucha de poderes dentro del Estado de Derecho, ni mucho menos una lucha de clases.

En cambio, la segunda teoría pretende que a partir del activismo incontrolado de los jueces, estos desaten una lucha por el poder político, contra el Ejecutivo y el Parlamento, asumiendo funciones que por constitución están asignadas a estos. Y a partir de esa lucha por el poder político, se debe desatar una lucha de clases. Es decir, es la destrucción del estado Social de Derecho, para caer en un estado totalitario de izquierda o derecha.

Esta teoría antidemocrática como ella misma lo reconoce, considera que el único principio jurídico que se debe aplicar a como dé lugar es el que afirma que Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático y justo. Fórmula dentro de la cual cabe cualquier ideología. Con esa fórmula, el juez puede desconocer las leyes y la Constitución misma, si lo considera necesario para aplicar la solución que él prefiera. Su origen proviene de la doctrina del uso alternativo del derecho, que primó en Italia en lo década de 1960, y de la escuela de estudios críticos del derecho, de origen norteamericano. Ambas de corte marxista, como sus mismos autores lo reconocen. En Colombia, bajo las denominaciones de nuevo derecho o neoconstitucionalismo ideológico, esta teoría tiene un gran arraigo en la Corte Constitucional y en muchas facultades de derecho, desde donde se inicia la formación de abogados que defiendan como cruzados la aplicación exclusiva de los principios constitucionales, poco importa lo que diga la ley. Sin que pueda afirmar que los pensadores colombianos que defienden esta doctrina sean marxistas o fascistas (incluso doy fe del pluralísimo democrático de muchos de sus defensores), sí constato que su concepción del derecho y de su aplicación obedece a las mismas directrices, pues se pretende adoctrinar al estudiantado y defender la intromisión de la Corte Constitucional en la creación de leyes y en la distribución y administración del presupuesto. La Constitución en Colombia es lo que la Corte diga.

Toda esta explicación árida y teórica para afirmar y demostrar que lo que se ha querido instaurar en la facultad de derecho de la Pontificia Bolivariana es esta última tendencia, y es esa mi diferencia con la doctora MARIA CRISTINA GÓMEZ y con los profesores que la han apoyado en ese proyecto.

V. En efecto, desde 1991 siempre hubo en la facultad profesores partidarios del nuevo derecho, y de toda la gama de doctrinas que acabo de analizar. Pero era una libertad de cátedra carente de un proyecto político orientado al adoctrinamiento del estudiantado. Todo el mundo habló de lo que quiso, y hoy muchos de mis colegas y compañeros de oficina, tienen opiniones propias dentro del mayor respeto y pluralismo.

Pero he aquí que un día recibí una comunicación de la decanatura, en la cual se nos hacía llegar un proyecto para, presuntamente, discutir la orientación de objetivos y el pensum de las diversas maestrías que habrían de funcionar en la Bolivariana. Al leer los objetivos, de entrada se afirmaba que se analizarían las doctrinas jurídicas que ha habido a lo largo de la historia. Hasta allí todo bien. Pero en un momento dado, el texto afirma la necesidad de imponer una orientación (adoctrinamiento) sobre el tipo de abogado que debe egresar de la Facultad. Y como puedo demostrarlo en un foro abierto, ese adoctrinamiento se basa en la escuela de los estudios críticos del derecho y en la teoría del uso alternativo del derecho en general. Sólo que en Colombia se le denomina nuevo derecho o neoconstitucionalismo ideológico Y en lo que se refiere al pensum, cual no sería mi sorpresa al advertir que en la práctica, se aprendía más sobre el tema de la especialización cursando solo un año, que cursando los dos de la maestría. En efecto, el primer año, estaría consagrado al estudio de la respectiva disciplina (por ejemplo, derecho civil). Y el segundo, se dedicaría a estudiar sociología, globalización, contexto, metodología, ética, neoconstitucionalismo, principalística constitucional, y todas las demás materias relacionadas con una visión sociológica, subjetiva y no normativa del derecho. Es decir, todos saldrían especializados en la nueva visión hiperconstitucional y microlegal del derecho, como si las leyes fueran fusibles que el juez podía cambiar a su antojo. Sólo habría un año, para hacer énfasis en alguna de las diversas codificaciones.

De inmediato redacté un documento en el cual mencionaba mi oposición al adoctrinamiento ideológico de los estudiantes, y al mismo tiempo llamaba la atención en el sentido de que el perfil bolivariano se perdería, ya que el fuerte de nuestras especializaciones eran las relacionadas con leyes de diverso tipo, para formar abogados de empresas, profesores universitarios, jueces y abogados litigantes, sin desconocer desde luego, la jurisprudencia vigente, el neoconstitucionalismo teórico, y la existencia de valores en la Carta Política, temas que se estudian a fondo en el pregrado, y que era innecesario repetir excesivamente. Expliqué que ese pensum, claramente politizado, haría que muchos de los interesados en hacer una maestría, buscaran otros horizontes pues su interés era el de hacer una profundización en el tema de su preferencia y no cursar un año adicional de sociología jurídica y derecho constitucional. Que, en síntesis, podríamos perder el mercado de las especializaciones, que con tanto esfuerzo, durante 35 años, habíamos logrado.

El documento llegó a manos de la entonces decana, y creía yo, iba a ser debatido en un comité encargado de analizar y aprobar el proyecto de las maestrías. Y aquí se vio como funciona el método de quienes defienden ideologías indemostrables o por lo menos cuestionables. El que se empecina en sacar adelante un proyecto de esa estirpe política, tacha de intolerante a todo el que se atraviese en su camino. El que disiente, es un opositor al pluralismo político del que ellos se ufanan y se sirven para imponer sus ideas. Pero el fenómeno es el contrario: hay que acallar a los opositores pasando por encima del deber de argumentar y debatir, pretextando la intolerancia del opositor. La discusión y el debate se acepta pero tarde, cuando ya el proyecto ha sido aprobado y puesto en marcha.
Al finalizar la reunión le pregunté a la decana por mi documento, argumentándole que era de trascendental importancia debatirlo, por las dos objeciones ya anotadas. Me respondió que eso lo haríamos después. Senté mi voz de protesta, y formulé varias preguntas, entre ellas quién era el autor intelectual del documento. Una serie de jóvenes profesores, casi todos desconocidos para mí, pues ya no soy profesor de pregrado, muchos de ellos doctorados en Derecho Constitucional, y en teoría de la argumentación, guardaron absoluto silencio. Nadie se responsabilizó de la redacción del texto ni se atrevió siquiera a pedir que lo leyéramos y lo debatiéramos de acuerdo con mis objeciones. Después supe, por boca de la misma decana, que los pares que habían venido a evaluar la facultad para su acreditación y para la aprobación de la maestría, le habían sugerido asesorarse de tres eminentes profesores, que ya habían realizado el mismo trabajo para otras universidades. Y por simple casualidad, un querido y admirado exdiscípulo me contó que él había redactado un texto para la maestría de la Universidad de Antioquia y que había sido llamado de la Bolivariana para que redactara el proyecto de maestría, para lo cual se basó en el escrito redactado para la U. de Antioquia. Es elemental preguntarse por qué razón no se convocó a los profesores de la facultad, encargados de las especializaciones y a los directores de las distintas áreas, para con todos los demás, redactar ese proyecto sabiendo que éramos nosotros los que hacíamos parte de la facultad, y conocíamos nuestras fortalezas y debilidades. Y si fue una exigencia de los pares, la Universidad debió sentar su voz de protesta porque acceder a la misma era entregar los principios de pluralismo bolivariano, mantenido durante 75 años, incluido el respeto por el Estado Social de Derecho y el principio de legalidad.

Avanzaron las cosas y hubo otras reuniones para continuar con el estudio del proyecto de maestrías, a las cuales no asistí, pero sin que en ellas se debatiera el documento que yo había enviado desde un comienzo. Luego recibí un correo en el que se me invitaba a la última sesión, donde se aprobaría el texto definitivo del proyecto. Como me encontraba fuera de la ciudad y no podía asistir a la reunión, redacté un nuevo documento haciendo énfasis en mis objeciones y pidiendo que asi fuera en mi ausencia se debatiera el punto. Se lo envié a la doctora DIANA DÍAZ, mi asistente en la especialización que dirijo, con la instrucción de que ella lo leyera en la reunión. Como era su deber de lealtad, previamente lo entregó a la decana, haciéndole saber mi petición. El doctor ALFREDO TAMAYO, quien asistió a la reunión, supo del envío de esa comunicación. Y cuando se fue a cerrar la reunión y a aprobar el proyecto, tal y como había sido redactado desde el comienzo, salvo algunas modificaciones que adulcoraban el texto, el doctor TAMAYO, mi hermano, pidió que se leyera mi comunicación y que se discutiera. Dos connotados profesores, partidarios del proyecto que pretendía la nueva orientación ideológica de la facultad, con tono altisonante, contestaron al unísono, que eso no se iba a discutir porque yo no había estado en esa reunión ni en las anteriores. Esa es la triste historia de quienes invocan el derecho a la pluralidad y al disenso, pero siempre y cuando sean ellos los que necesitan imponer su ideología antidemocrática y política. Como era de esperarse, la tarea impuesta por el gobierno fue cumplida a cabalidad y las maestrías fueron aprobadas. Y de un plumazo se esfumaron 75 años de ideología pluralista y defensora del Estado de Derecho. Desapareció el espíritu bolivariano construido con tanto esfuerzo, todo bajo el pretexto de que nuestra facultad debía acomodarse a los cambios de la historia.

Desde entonces, he aprovechado cuanto espacio ha habido para denunciar lo sucedido. Poco a poco estudiantes pidieron reunirse con la decana. Luego, algunos profesores pedimos una reunión con el Rector, el Vicerrector académico y la misma Decana, con el fin de plantear nuestros desacuerdos con la marcha de la facultad. En esa reunión propuse y fue aceptado por la Decana y demás directivos, que el tiempo de las cátedras sobre filosofía constitucional y neoconstitucionalsimo, se repartiera por iguales partes, de forma tal que hubiese profesores de las distintas tendencias, y que al final se hiciera un foro con todos esos profesores, delante de los alumnos, para que ellos asumieran la posición que los convenciera. Esa pluralidad no existe que yo sepa en ninguna facultad de derecho del país. Y cual no sería mi sorpresa cuando me enteré que sin contar con los directores de las especializaciones, se organizó, para la primera promoción de maestría, el curso de neoconstitucionalsimo, sin que se cumpliera lo acordado. Alguien seleccionó el grupo de profesores casi todos afines al proyecto aprobado. A mí se me adjudicó una clase de tres horas, para que hablara sobre lo que quisiera. Parte del tiempo fue utilizado por el doctor JUAN GUILLERMO SÁNCHEZ para, con tono magistral, enseñarme en qué consistía el neoconstitucionalismo, sin que yo lo interrumpiera en ningún momento. El resto del tiempo lo empleé en controvertir sus argumentos. Nunca supe de qué hablaron los otros profesores. Solo sé que lo pactado delante del Rector y del Vicerrector no se cumplió. He ahí un ejemplo más del pluralismo que ahora echan de menos la Exdecana y demás profesores que participan de su proyecto.

Desde entonces, el Vicerrector académico ha convocado a diversos foros para debatir el asunto, pero ya es tarde, pues el proyecto está aprobado y en marcha. Discutir cuando ya uno logró su cometido, es muy fácil, pues los argumentos del contrario se los lleva el viento.

Son muchos más los hechos que han ocurrido desde entonces, pero carece de sentido detallarlos, púes todos giran alrededor de la misma idea.

Que se tenga claro: dentro o fuera de mi Universidad lucharé para que el pluralismo ideológico de la misma permanezca, y para evitar que el espíritu bolivariano se convierta en un adoctrinamiento por parte de quienes consideran que los textos constitucionales y legales nada valen, y que solo la Corte Constitucional puede decirnos lo que es el Derecho, poco importa que no haya democracia ni división de poderes. Eso conduce sin duda alguna a una visión totalitarista del Estado, pues actualmente, la Corte prohíbe que el pueblo mismo pueda citar a un referendo para reformar la carta política, pese la claridad del artículo 374 C.P. que establece lo contrario.

Sacaremos adelante la Universidad y corrigiendo lo que haya que corregir, pueden estar seguros los bolivarianos de ahora y de siempre, que con su ayuda, no decaeremos, y que seguiremos siendo una de las Universidades que guían la academia en el país.
Con tranquilidad y sin prevenciones ni odios, espero los contra argumentos.
El texto revela el reduccionismo tan perverso con que la prensa ha tomado el asunto. Comentaré otros aspectos en un siguiente post.

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