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miércoles, 28 de septiembre de 2011

Resumen del Debate en la Comisión Primera del Senado

Aplazada-discusión-del-Proyecto-sobre-penalización-del-abortoEl Martes 27 de Septiembre se citó a la Comisión Primera de Senado para discusión y votación del Proyecto de Acto Legislativo 06 de 2011 por el  cual se modifica el artículo 11 de la Constitución Política, para la prohibición total del aborto y la eutanasia.

El debate estaba citado para las 10:00 am después de la Audiencia Pública sobre la reforma a la justicia que estaba programada para las 8:00 am. Los grupos pro-vida, los medios de comunicación y un pequeño grupo de personas a favor del aborto fueron llegando temprano y se instalaron en las barras de la Comisión. Sin embargo, los congresistas tardaron en llegar, los primeros en llegar fueron los tres ponentes a favor del proyecto, y el debate no comenzó sino pasadas las 11:00.

En un principio el debate parecía que se iba a aplazar puesto que no llegaban suficientes senadores para lograr el quórum decisorio. Incluso los senadores que presentaron ponencia negativa, Luis Carlos Avellaneda y Roy Barreras, habían presentado excusa para ausentarse del debate. Sin embargo, luego de que se obtuvo el quórum decisorio y el senador Manuel Enríquez Rosero comenzó a sustentar la ponencia positiva al proyecto, llegó el senador Barreras. Recordemos que el proyecto se archivará si en determinada fecha no se le han dado un número de debates.

El senador Manuel Enríquez Rosero hizo una presentación a favor del proyecto en la que presentó de forma superficial la importancia de reconocer como ser humano al embrión desde el momento de la fecundación, para luego atacar los casos en los cuales la Corte Constitucional había despenalizado el aborto. Hemos de decir que en realidad la presentación de la ponencia, video incluido, fue harto floja, limitándose a repetir afirmaciones hechas frente a los argumentos de la despenalización sin tocar la profundidad del tema ni argumentarlos con solidez.

Luego de la ponencia tomó la palabra el senador Roy Barreras quien comenzó por criticar la presentación del video, argumentando la diferencia entre el embrión y el feto y cómo él también se encuentra en contra de el crimen observable en el video, aún así, cabría preguntarle por qué tal diferencia no es contemplada ni la sentencia C-355 ni en la ponencia negativa por él presentada. Luego utilizó su habitual retórica para presentarse, en calidad de médico, como el más autorizado de la comisión en el tema, y de paso, defendiendo la Píldora del Día Después. Concluyó presentando una proposición del senador Luis Carlos Avellaneda en la cual pedía se aplazase la discusión del Acto Legislativo para una ocasión en la cual él estuviera presente y pudiera sustentar la ponencia.

A la comisión llegaron otros senadores ajenos a la comisión, José Darío Salazar, Juan Lozano y Gloria Inés Ramírez, para observar el terreno y tratar de convencer a los indecisos. Se votó la proposición de aplazamiento del senador Avellaneda y fue aprobada por 8 votos a favor y 5 en contra.

Posteriormente se le dio la palabra a la senadora Gloria Inés Ramírez quien presentó la audiencia pública citada para el Jueves 29 en el Salón Boyacá, en la que pidió "se escuchara a las mujeres". Luego tuvo la palabra el senador Londoño quien dijo que probablemente votaría a favor del proyecto pero que antes le gustaría escuchar a la comunidad científica. Juan Manuel Galán agregó que también le gustaría escuchar al sector educativo y aprovechó para hablar a favor de la educación en Derechos sexuales y reproductivos. El senador Roberto Gerlein pidió entonces que se invitara a los decanos de medicina de la Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario. Por último intervinieron los senadores Juan Carlos Vélez y José Darío Salazar para advertir que la reforma a la justicia tomaría más tiempo que sólo una semana y si se pospone el PAL 6/11 probablemente peligre de ser archivado por términos.

Conclusiones:

El proyecto efectivamente corre un gran riesgo de quedar archivado por términos. No sólo se ha demorado bastante, más de dos meses, en ser discutido en primer debate, sino que además con el aplazamiento hasta después de aprobada la reforma a la justicia queda para ser discutida en las semanas previas a las elecciones del 30 de octubre, semanas en las cuales los congresistas suelen ausentarse para ir a hacer campaña en las regiones.
Es menester reconocer la debilidad argumental de la sustentación hecha por el senador Rosero a la ponencia. Se limitó a enunciar afirmaciones hechas de modo general por el movimiento pro-vida contra las tesis de la despenalización sin darles un desarrollo profundo y una solidez argumental que le diera capacidad de convencimiento. Hay que resaltar la necesidad de que en las sustentaciones del proyecto estén bien fundamentadas con referencias concretas y creíbles de comprobaciones empíricas (noticias, literatura científica, investigaciones, dictámenes médicos, etc.). El movimiento pro-vida debe prestarle todo su apoyo en este sentido a los congresistas comprometidos con la causa por la vida.
En este orden, es urgente buscar la “profesionalización” del movimiento pro-vida. Conformar grupos de expertos de las diferentes disciplinas involucradas (abogados, politólogos, médicos, sicólogos, educadores, investigadores, etc.), para darle autoridad académica y disciplinar a los argumentos presentados y no ser víctimas de desautorizaciones como la que pretendió el senador Roy Barreras. Así mismo, la apelación constante que hacen los congresistas a tales sectores hace que sea indispensable construir organizaciones, redes de profesionales pro-vida en tales sectores sociales (mujeres pro-vida, abogados pro-vida, médicos pro-vida, docentes pro-vida) y así evitar que la representación de mujeres, médicos, científicos y educadores, sea arrogada por colectivos minoritarios pero más organizados, a favor del aborto.
Hay rumores de que aún dentro del mismo Partido Conservador hay congresistas que tampoco desean que el Proyecto de acto Legislativo prospere. Ellos, también le harían el juego al vencimiento por términos.
Quisiera terminar pidiendo que no nos desanimemos porque el proyecto sufra algún contratiempo. Aún si el proyecto es archivado y debe presentarse de nuevo en otra ocasión, tengamos presente que en esta lucha llevamos las de ganar. Lo importante es que utilicemos correctamente cada oportunidad para obligar a los congresistas a exponer las cartas y saber quién es quién allí. Tenemos un elemento contundente a nuestro favor: el futuro, eso mismo que las abortistas se niegan. En los países en que el aborto lleva mucho tiempo siendo legal el movimiento pro-vida cobra cada vez más fuerza pues se hacen más y más evidentes los perversos efectos que el aborto tiene en las personas; incluso podemos ver el caso de los Estado Unidos en que muchos de los grandes impulsores del movimiento pro-vida vienen de haber militado en el abortismo. Concluyo con una de las antífonas rezadas desde antiguo en la Liturgia de las Horas:
Suávi iugo tuo domináre, Dómine, in médio inimicórum tuórum (Somete, Señor, a tus enemigos con tu yugo ligero)
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Comisión Primera de Senado

 

En esta entrada iré colocando las posturas detectadas de los senadores frente al PAL 6/11

Las convenciones son las siguientes:

Abiertamente Pro-vida

 

Ha dado muestras de ser Pro-vida pero no lo ha declarado abiertamente
 

Ha dado muestras de apoyo al aborto pero no lo ha declarado abiertamente
 

Abiertamente abortista
 

Partido Conservador

Hernán Andrade

Andrade Serrano Hernán

Polo Democrático Alternativo

Luis Carlos Avellaneda

Avellaneda Tarazona Luis Carlos

Partido de la U

Roy Barreras

Barreras Montealegre Roy Leonardo

Partido Conservador

Juan Manuel Corzo

Corzo Román Juan Manuel

Partido LiberalJuan Fernando Cristo

Cristo Bustos Juan Fernando

 

Partido ConservadorEduardo Enriquez Maya

Enríquez Maya Eduardo

Partido de la U

Manuel Enriquez Rosero

Enríquez Rosero Manuel

Partido LiberalJuan Manuel Galán

Galán Pachón Juan Manuel

Partido LiberalJesus Ignacio Garcia

García Valencia Jesús Ignacio

Partido Conservador

Roberto Victor Gerlein

Gerlein Echeverría Roberto

Partido de Integración NacionalHemel Hurtado Angulo

Hurtado Angulo Hemel

Partido VerdeJorge Eduardo Londoño

Londoño Ulloa Jorge Eduardo

Polo Democrático AlternativoParmenio Cuellar

Parmenio Cuellar Bastidas

Partido de la UKarime Mota y Morad

Mota y Morad Karime

Partido de Integración NacionalJuan Carlos Rizzeto

Rizzetto Luces Juan Carlos

Partido de la U

Carlos Enrique Soto

Soto Jaramillo Carlos Enrique

Partido LiberalLuis Fdo Velasco

Velasco Chaves Luis Fernando

Partido de la UJuan Carlos Velez Uribe

Vélez Uribe Juan Carlos

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miércoles, 21 de septiembre de 2011

¿Quiénes son los que acusan al Papa ante la Corte Penal Internacional de La Haya?

Reproduzco aquí un artículo del P. Jorge Enrique Mujica L.C. en el Blog Actualidad y Análisis

La enésima acusación contra Benedicto XVI por el tema de los abusos contra menores por parte de algunos miembros del clero ha llegado nuevamente ante la Corte Penal Internacional de La Haya el 13 de septiembre de 2011.

En un dossier de más de 70 hojas se pide sea procesado por «crímenes contra la humanidad». La acusación se extiende a los cardenales Tarcisio Bertone, Angelo Sodano y William Levada. ¿Quiénes son los acusantes y qué hay en sus respectivos expedientes?

El primero de ellos es la «Survivors Network of those Abused by Priests» («SNAP», por sus siglas en inglés); «Center for Constitutional Rights» («CCR», por sus iniciales en inglés) es el segundo.

Un artículo publicado en diario digital italiano L´Occidentale (cf. «Ci mancava solo il Papa come Milosevic», 13.09.2011) evidenciaba los intereses lucrativos de estos grupos y revelaba quiénes son realmente las asociaciones.

En el primer caso recuerda que «es una asociación cuyos métodos de procedimientos en sus actividades no han convencido a la «BBB», la agencia de rating de la caridad estadounidense (es decir, de entes «non profit») que ni siquiera la considerado digna de ser definida «obra de caridad» (se puede conocer el resultado completo de juicio de la «BBB» sobre la «SNAP» en el siguiente enlace).

A continuación el artículo de L´Occidentale refiere dos casos de víctimas que habían estado vinculadas a la «SNAP» y han preferido abandonarla. Se trata de Michael Baumanny Key Ebeling cuyos testimonios sobre la experiencia en la citada asociación es poco menos que alentadora.

Por último, queda expuesto el hecho de que la «SNAP» se financia con dinero de los abogados a los que remite víctimas o presuntas víctimas en cuanto pueden ser clientes potenciales (se puede ver una lista en este enlace).

Pero aún hay más: uno de los mayores colaboradores de la SNAP, el doctor Steve Taylor, fue arrestado en 2008 por poseer más de 100 videos con imágenes pedo-pornográficas (véase el siguiente enlace). Aun conociendo estos hechos, el fundador y actual presidente de la asociación, Barbara Blaine, escribió cartas en defensa de Taylor, con peticiones «poco éticas» (véanse aquí en lengua inglesa).

Por cuanto toca a la segunda asociación, el «Center for Constitutional Rights», UCCR on line revela que se trata de una fundación impulsada por radicales de izquierda y comunistas de los años 60´s: «En el pasado ha defendido a los miembros de la Black Panther, la organización terrorista, marxista-leninista-maoísta de los Estados Unidos. Dos de sus fundadores, Kinoy y Kunstler, se declararon pro Fidel Castro, el dictador cubano ateo». La misma fuente revela que la fundación se financia con dinero de George Soros.

Como ya se había comentado al final de otro artículo (véase «Benedicto XVI fue espiado por la «Stasi»: revelaciones ante su inminente viaje a Alemania», 16.09.2011), según declaraciones de Cuno Tarfusser a «Radio 24», juez de la Corte, la denuncia tiene estrechas posibilidades de prosperar: «en la figura de crimines contra la humanidad sobre los que tenemos jurisdicción y competencia entran diversos tipo de conductas, entre las cuales los delitos de tipo sexual. Pero para que pueda haber una incriminación no basta haber cometido uno o más de estos, es necesario algo más, eso que nosotros llamamos elemento contextual. Esos hechos deben ser cometidos como derivaciones de un ataque a la sociedad civil, deben ser sistemáticos, muy difundidos y, sobre todo, detrás de ellos debe haber una especie de dirección, una política organizativa superior».

Llama la atención que en este caso la prensa haya apostado inmediatamente por una defensa del Papa y las numerosas iniciativas por él impulsadas para desterrar este mal en la Iglesia (se puede ver diversos titulares de prensa en el siguiente enlace en lengua italiana).

Sin dejar de recordar que un solo caso de abuso, dentro o fuera de la Iglesia, es ya demasiado, vistas con más pausa y profundidad las partes implicadas y las motivaciones publicitarias de fondo, no es que reluzca precisamente una confianza hacia ellas.

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domingo, 18 de septiembre de 2011

Rafael Navarro-Valls: razones jurídicas para una absurda maniobra de escándalo público anticristiano

Pensaba escribir acerca de la denuncia que una asociación de víctimas de abuso quiere poner contra el Papa ante la Corte Penal Internacional, sin embargo encontré el documento que reproduzco y, como ya estarán acostumbrados, prefiero dejarle el espacio a voces más autorizadas. Joaquín Navarro-Valls en una entrevista publicada en el blog de Scriptor.org.

1. ¿Existe base jurídica para que se demande al Papa y a los cardenales Sodano, Bertone y Levada ante el Tribunal de la Haya?

Ante todo, la expresión "Tribunal de la Haya" es ambigua, pues es una denominación que se utiliza técnicamente  para designar varios tribunales internacionales que tienen (o han tenido) su sede en La Haya: Tribunal permanente de Arbitraje, Tribunal de Justicia Internacional, Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoeslavia , Tribunal Internacional para Ruanda o  la Corte  Penal Internacional (CPI).  Me figuro que se refiere a esta última, creada por el Estatuto de Roma de 1998. Entró en vigor en julio de 2002, de modo que solamente puede conocer de delitos posteriores a esa fecha.

La  CPI  tiene competencia respecto a los nacionales de Estados que hayan ratificado el mencionado Estatuto de Roma.  Que yo sepa, ni la Santa Sede ni el Vaticano están entre los estados que lo han hecho. De este modo, esa Corte no tiene competencia   ni sobre  el Santo Padre ni otros ciudadanos con nacionalidad vaticana (los cardenales a que alude).  Es lo mismo que ocurre con Estados Unidos o China que, al no ratificarlo, sus autoridades quedan excluidos del radio de acción de la competencia de ese Tribunal. Sólo en caso de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidad estimase que hay un peligro para la paz y la seguridad internacional (Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas) -lo que, naturalmente, no ocurre en este caso-, podría instar a la Corte Penal Internacional a investigar y enjuiciar lo ocurrido en un Estado que no fuese parte del Estatuto de Roma. En el caso del genocidio de Darfur, Sudán no era parte del Estatuto, sin embargo, el 31 de marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1593 por la que remitió a la Corte la situación. Por último, una reflexión sobre la gravedad suficiente como presupuesto de admisibilidad de las causas por la CPI.   El artículo 1 del Estatuto establece que la Corte juzgará los “casos más graves de trascendencia internacional”. Sin restarle importancia a los hechos que se denuncian, que cuando se hayan producido merecerán el correspondiente reproche penal, la Corte Penal Internacional se constituyó con otro fin que va más allá de hechos cometidos presuntamente por clérigos de distintas nacionalidades en distintos países. Sólo hay que hacer una revisión de los casos que la CPI ha enjuiciado para ver que el ámbito de actuación de la Corte es otro bien distinto al que aquí contemplamos.

2.  ¿Pueden considerarse los abusos sexuales,  crímenes  de lesa humanidad?

La  materia que es objeto de denuncia (pederastia ejercida en distintas áreas geográficas ) muy forzadamente podría entrar en el radio de acción de los crímenes de lesa humanidad que enumera el art. 7 del Estatuto de la Corte. No porque le falte gravedad, sino porque  ese artículo entiende por crímenes de lesa humanidad  determinados actos “ que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque". Ente ellos, se incluyen algunos delitos sexuales como la prostitución forzada, embarazos o esterilización forzada  u “otros de gravedad similar”.  El ejemplo más típico han sido los embarazos masivos forzados de una etnia sobre otra en el marco de conflictos armados. Sin embargo, de lo que aquí se trata es de delitos presuntamente cometidos por clérigos de distintas nacionalidades en diversos  países. Falta  lo que Cuno Tarfusser, juez de la CPI, acaba de llamar “elemento contextual”, es decir que esos actos hubieran sido cometidos como consecuencia de un ataque a la población civil, de carácter sistemático y organizados por una “política organizativa superior”. Desde 2002 que viene funcionando la CPI se han recibido unas 8000 denuncias de todo tipo. No me consta que  exista proceso abierto por pederastia con ese contexto.  No se puede hacer responsable ni a la Iglesia Católica, ni al Santo Padre, ni a los miembros de la Curia de hechos aislados, realizados en distintas partes del mundo, por personas con capacidad suficiente para tener responsabilidad penal y donde existen órganos judiciales donde juzgarlos. En definitiva, no estamos hablando de una responsabilidad penal colectiva de la Iglesia Católica, sino individual de cada una de las personas que, en su caso, hayan realizado estos hechos.

Así, pues, es el derecho penal de cada uno de los países  afectados quien tiene competencia, personal y territorial. No olvidemos que la Corte Penal Internacional tiene carácter  "complementario" de las jurisdicciones nacionales (art. 1 Estatuto CPI).  Por eso mismo, el Estatuto  dispone que no se admitirá una cuestión penal cuando "El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él,  salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo" (art.17).

3. ¿Qué opinión le merece, como jurista y como católico, la iniciativa de estas víctimas?

Me da la impresión de que algunas de las víctimas de esos graves  delitos  están siendo jurídicamente  manipuladas por adversarios de la Iglesia Católica. No se trata de minusvalorar su  dolor y la gravedad del delito. Lo que se trata es de que unos y otros encuentren su adecuado cauce - también jurídico- en las jurisdicciones competentes. Toda manipulación acaba a la larga  siendo desenmascarada, sobre todo si va acompañada de amplio despliegue mediático. El derecho es un instrumento muy sensible ante los intentos de ese tipo. Reacciona  de modo contundente, rechazando aquello que no es justo o está agigantado en su pretensiones competenciales. Tengamos confianza en la justicia penal de las naciones en las que esos dolorosos hechos han tenido lugar.

Por lo demás, da que pensar   que la  demanda sea presentada inmediatamente después de ese positivo y masivo refrendo  de la figura de Benedicto XVI,  realizado por dos  millones de jóvenes en la JMJ de Madrid,  e inmediatamente antes de un complicado viaje del Papa a Alemania.

4. ¿ Tiene ese Tribunal competencia sobre la Santa Sede ?

No, como ya hemos visto.  Además, la jurisprudencia norteamericana, que ya se ha enfrentado a la posible "comunicación o conexión de responsabilidad entre las diócesis y/o los miembros del clero afectados y la Santa Sede”,  se ha pronunciado negativamente sobre dicha conexión. (Doe v. Holy See, año 2009, Noveno Circuito de Apelación, recurso al Tribunal Supremo denegado).Tampoco  tendría competencia otro Tribunal de la Haya que es la Corte Internacional de Justicia de la ONU, no solamente porque la Santa Sede no es miembro de la ONU (solamente  observador permanente), sino porque, además, en este caso, no puede actuar a través de grupos de personas, sino a través de Estados miembros (art. 34.1 de la Corte Internacional de  Justicia de la ONU).

5 - ¿Es justo involucrar al Papa en estos crímenes, cuando se ha destacado como el gran "barrendero" contra la pederastia?

No  solamente es injusto, sino que  además es un absurdo jurídico. Es como si se acusara  al Rey o a miembros del Gobierno de España  de  falta de control en la defensa, a través de leyes o actuaciones legales,  de cuestiones graves  como la violencia de género. Los culpables son los delincuentes, no las autoridades que luchan para erradicar esos delitos. Como usted dice, el caso  de Benedicto XVI es especialmente ejemplar: ha sido el Pontífice que mayores esfuerzos ha puesto en la prevención y el castigo de los pederastas clérigos o religiosos.  Por cierto, un número exiguo si se compara con la gran mayoría del clero o religiosos de vida arreglada e intachable.

Como ven, Don Joaquín deja poco por agregar. El resultado más lógico con el Derecho es que la demanda simplemente no sea aceptada por el tribunal por las razones anteriormente expuestas. Aunque conociendo las ambiciones políticas de los tribunales contemporáneos, especialmente los internacionales, y su tendencia a querer convertirse en jueces soberanos de vivos y muertos y superar todo tipo de límite normativo, siempre cabe la pequeña posibilidad de que quieran darse el lujo de tener a un Papa en el banquillo. Creo sin embargo que, en caso de presentarse tan absurda posibilidad, el tribunal estaría firmando su propia acta de defunción.

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jueves, 15 de septiembre de 2011

El infanticidio que viene

Quisiera poner en el blog este artículo publicado originalmente en Religión en Libertad

El Infanticidio que viene

El pasado viernes 9 de septiembre, la jueza canadiense Veit impuso una condena de tres años de cárcel "suspendida" a la joven Katrina Effert, que salió de la Corte sin impedimento legal alguno. Effert había estrangulado con sus propias manos a la criatura a la que acababa de dar a luz en el baño de su casa. A continuación, arrojó el cuerpo al jardín contiguo al suyo. La juez Veit ha señalado en su sentencia que “los canadienses sienten pena por la muerte de los niños, especialmente si es a manos de sus madres, pero también sienten pena por la propia madre”.

   Aunque este debate no ha llegado a los oídos del pueblo soberano –los debates se tejen y destejen a conveniencia del poder-, el tercer fin de semana de octubre de 2010, tuvo lugar en la Universidad de Princeton un acontecimiento académico que ha convocado a partidarios y detractores del aborto. Aunque allí se ha hablado de muchas cosas, el debate que ha centrado la atención ha sido el protagonizado por el pensador católico John Finnis –profesor emérito de Oxford y una de las cumbres vivas de la filosofía iusnaturalista- y el ateo de origen judío Peter Singer, australiano como el anterior y exponente de la disciplina bioética conocida como utilitarismo ético. Mientras la sociedad debate el aborto, el think tank progre ya está en otra etapa de su marcha hacia la tierra de promisión: el infanticidio. 

Peter Singer, profesor en la universidad anfitriona, es un filósofo converso al vegetarianismo radical que saltó a la fama tras la publicación de “Liberación Animal” hace treinta y cinco años. En ella recababa el fin del especismo, esto es, la consideración de que el hombre sea algo distinto y superior al resto de animales. Aunque no puede decirse que su concepción progresista de la existencia hunda aquí sus raíces en exclusiva, no cabe duda de que ha sido su “animalismo” lo que le ha dotado de la suficiente originalidad como para convertirse en uno de los referentes esenciales del pensamiento de la izquierda más vanguardista.

Además, Singer es un eminente defensor de la eutanasia y la zoofilia entre otras visiones alternativas de la realidad. Ardiente partidario de la primera, para la segunda sólo concibe el límite que impone el daño que se pueda infligir al animal.   

Con estos antecedentes, se comprende que la discusión de Princeton no condujese a lugar alguno. Para Singer, la moral jamás precede a la autoconciencia. Así que, según sus apriorismos, y superando la tradicional defensa del aborto, según él la mera pertenencia a la especie humana no es un hecho significativo. Consecuentemente, el recién nacido, al no haber desarrollado esa autoconciencia, puede ser eliminado. Singer contempla positivamente el infanticidio: «el niño no tiene estatus moral porque no es consciente de sí mismo».

John Finnis – para quien los derechos no son conferidos, sino reconocidos-, insiste en que son la biología y la metafísica los que otorgan relevancia al feto, pero Singer rechaza tal punto de vista. Un tanto sorprendentemente, Singer acepta que, mediante el aborto, se está asesinando a un ser humano, admitiendo que “el feto es, a todas luces, un miembro de la especie humana”; pero eso no le disuade de su entusiasmo por el infanticidio, ya que el recién nacido no es “una persona definida como un ser auto consciente que se reconoce a sí mismo en el tiempo. Mientras la pertenencia a la especie humana no es relevante, sí que lo es la personalidad.” Singer sólo acepta la existencia de derechos como resultado de la derivación de principios utilitaristas.

Algo más que teoría.

Pero todo esto ¿es algo más que una discusión de intelectuales? ¿Qué significación tiene en el mundo real? ¿No será sino una disputa entre filósofos, escalofriante quizá, pero inocua, en definitiva?

La contestación que llega desde Argentina deja poco margen a la ingenuidad. Este pasado 8 de septiembre de 2010, la Cámara de Diputados del país sudamericano ha dado luz verde por abrumadora mayoría al proyecto legislativo presentado por Diana Conti que, cuando sea finalmente tramitado en forma de ley, permitirá que una madre pueda asesinar a su hijo con absoluta impunidad durante el estado puerperal. La pena que condenaba a la madre que incurriera en dicho crimen a 25 años de cárcel, es rebajada a seis meses. La ley facultará que las madres sin antecedentes penales puedan salir de la clínica tras asfixiar, estrangular o degollar a su bebé sin apenas más molestia que un trámite judicial -tal y como ha sucedido en Canadá con el caso Effert-, o una declaración en comisaría.

Pero ¿qué interés puede tener Argentina en legislar de tal modo?

Probablemente, muy pocas personas habrán oído hablar en España de Romina Tejerina. Esta mujer fue condenada en 2005 a catorce años de prisión por acuchillar a su hijo recién nacido en el cuarto de baño de su casa. La razón que adujo la mujer: el rostro del bebé le recordaba al de su violador, quien la habría dejado embarazada.

Pues bien: la izquierda argentina sostiene la causa de esta señora, pese a que ni siquiera existe sentencia alguna que pruebe que haya habido tal violación. Naturalmente, la realidad –y la ausencia de apoyatura legal alguna- no les impide solidarizarse con el horrendo crimen perpetrado por Romina y mantener una pertinaz campaña para exigir su puesta en libertad.

También en Argentina, Elisabeth Díaz ha sido absuelta después de que en octubre de 2008 asesinara a su hijita recién nacida, alegando igualmente una violación. Y así otras doce mujeres más en el mismo país. De modo abiertamente reivindicativo, las fuerzas progresistas han hecho bandera de tales casos. Y en Méjico, siete mujeres condenadas por infanticidio han sido puestas en libertad, en el estado de Guanajuato, tras presiones de los grupos pro-aborto y de la izquierda política.

En algunas zonas del sur de la India, el infanticidio es una práctica sistemática; las madres dejan caer sobre la boca de las niñas recién nacidas el jugo del tallo del “erukku”, la flor del mal. Una niña representa la ruina para la familia. En la ciudad de Salem, de cinco mil asesinatos, apenas dos mujeres han sido procesadas porque, durante años, las autoridades han hecho la vista gorda. La indiferencia general incluye la de las progresistas ONG´s internacionales, que si algo tienen que oponer al infanticidio sistemático es que se practique de un modo “sexista”. 

Lo que hay en juego

La doctrina del infanticidio que asoma decidida en distintos lugares del planeta viene a reforzar a los grupos pro-aborto. La estrategia no es nueva.

El aborto es un objetivo primario esencial. De su importancia da fe la declaración efectuada en Princeton por Kissling: «no importa cómo lo consigan, si es a través de una constitución, la ONU, leyes estatales o leyes federales, o mediante los talibanes». La extensión del aborto por todo el mundo es condición sine qua non para el establecimiento de la nueva utopía pansexualista, puesto que representa la consagración de un derecho -es fundamental que esté recogido exactamente como un derecho, y no como otra cosa- que encarna, mejor que ningún otro, la preeminencia de la voluntad de la mujer sobre cualquier otra instancia. 

Frances Kissling -profesora de bioética de la Universidad de Pennsylvania, ex presidenta de “Católicos por el Derecho a Decidir” y ex directora de una clínica abortista-, además de reclamar en Princeton una decidida política internacional favorable al aborto, sostiene puntos de vista proclives al infanticidio. Públicamente ha proclamado que “debemos deshacernos de la idea del Mal”. 

Abundando en esa línea de impugnación escatológica, el filósofo Michael Tooley, mentor intelectual de Singer, afirma que “los humanos recién nacidos no son ni personas ni cuasi-personas, y su destrucción no es, en sí misma, algo intrínsecamente malo”. Para Tooley, durante los tres primeros meses, la muerte del niño carece de toda significación moral.

Seducido por el liderazgo intelectual de Tooley, concluye, entonces, Singer que por debajo de un año, la falta de autoconciencia de los humanos nos hace menos dignos de vivir que un gorila adulto; un niño enfermo, llega a afirmar, merece menos dedicación que un cerdo maduro. “Los bebés humanos no son personas. Su vida no parece más digna de protección que la de un feto”.

Singer es plenamente consciente del significado de la partida que se está disputando. Como admitió hace unos años ante la prensa británica cuando afirmó de Juan Pablo II que “él y yo, al menos, compartimos la virtud de ver claramente lo que está en juego”.

¿Y qué es lo que está en juego? Mejor que nadie lo definió el norteamericano Derek Humphrey, profeta mundial de la eutanasia: “Estamos intentando derribar dos mil años de tradición cristiana”.

Ni más ni menos. 

Fernando Paz

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miércoles, 14 de septiembre de 2011

Proyecto de Acto Legislativo 06 de 2011 (Protección de la Vida Humana)

En esta entrada iré anexando los diferentes documentos del PAL 06/11 que como objetivo la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, prohibiendo así el aborto y la eutanasia.
El proyecto de reforma a la Constitución debe pasar 8 debates antes de poder ser enviado a sanción, en cada debate los ponentes presentan la ponencia y el texto con las modificaciones propuestas y luego en el debate se podrán hacer nuevas modificaciones al proyecto.
Proyecto Presentado (Gaceta)
Ponencia Primer Debate (Senadores Enríquez, Corzo y Gerlein)  – Comisión Primera de Senado -
Ponencia Negativa Primer Debate (Senadores Barreras y Avellaneda) – Comisión Primera de Senado -
__________________________________________________________________________________
Proyecto Archivado en Comisión Primera - 12 de Octubre de 2011
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domingo, 11 de septiembre de 2011

Recordando a San Agustín

No pocos siglos antes ya San Agustín había previsto la formación del Estado moderno:

¿Si suprimimos la justicia, qué son entonces los reinos sino grandes latrocinios? ¿Y qué son pues los latrocinios sino pequeños reinos? La propia banda está formada por hombres; es gobernada por la autoridad de un príncipe, está entretejida por el pacto de la confederación, el botín es dividido por una ley convenida. Si por la admisión de hombres abandonados, crece este mal a un grado tal que tome posesión de lugares, fije asientos, se apodere de ciudades y subyugue a los pueblos, asume más llanamente el nombre de reino, porque ya la realidad le ha sido conferida manifiestamente al mismo, no por la eliminación de la codicia, sino por adición de la impunidad. De hecho, esa fue una respuesta elegante y verdadera que le dio a Alejandro Magno un pirata que había sido capturado. Y es que cuando ese rey le preguntó al hombre qué quería significar al tomar posesión del mar con actos hostiles, éste respondió, "Lo mismo que tú quieres significar cuando tomas posesión de toda la tierra; pero por el hecho de que yo lo hago con una nave pequeña, se me llama ladrón, mientras que a tí, que lo haces con una gran flota, se te llama emperador". (La Ciudad de Dios. Libro IV, Cap. 4)

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sábado, 10 de septiembre de 2011

P. Pablo Domínguez: La búsqueda de la Verdad y la crisis de la Razón

Subo una magnífica conferencia del fallecido P. Pablo Domínguez que trata de la crisis de la razón y muestra las consecuencias del irracionalismo sobre la ética y la política.

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¿Pensum o Agenda?

Hay que solidarizarse con la Universidad Pontificia Bolivariana. Lo que ocurrió allí promete repetirse en otros lados.
Recientemente la Universidad Pontificia Bolivariana  estuvo en el ojo del huracán mediático a causa de la cancelación de un foro que organizaba la Facultad de Derecho. La situación se hizo aún más confusa porque luego de la cancelación del foro, la decana de la facultad presentó su renuncia. La prensa se ocupó del asunto diciendo que las razones de Mons. Luis Fernando Rodríguez para cancelar el evento habían sido la presencia de personajes pro-abortistas, y pronto, medios como Semana y El Espectador le dieron vuelo al asunto presentando el caso como un ejemplo de violación a la libertad de expresión por parte de la Iglesia, y dejando en el aire la duda de si la Iglesia era capaz de conducir una universidad.
El título para este artículo lo tomé de una columna de opinión de Catalina Ruiz-Navarro, reconocida feminazi abortista y férrea anticlerical. A ella hay que reconocerle el hecho de que pudiendo aprovechar la desinformación alrededor del caso para lanzar invectivas contra el oscurantismo católico, prefirió darle luz al asunto citando un texto del profesor Javier Tamayo Jaramillo, que reproducimos en esta página, desenterrando el verdadero problema en la facultad: La imposición de un modelo ideológico particular en todo el pensum de la carrera con el fin de adoctrinar a los estudiantes en esta nueva “corriente” del derecho que no es otra cosa que la justificación de los excesos que los órganos judiciales han venido cometiendo a lo largo de todo el mundo en cumplimiento de la agenda promovida por diferentes organismos internacionales.
Resulta gracioso que la columnista diga:
Esta es una tendencia importante en Colombia, y la ex decana, tal vez con poco tacto o carisma, trató de incluirla en el pensum de la Bolivariana.
cuando la lectura del texto del profesor Tamayo revela que en realidad se trató de un proyecto por ideologizar la facultad, para lo cual se pasó por encima de todas las personas quienes tenían reservas o se oponían abiertamente a estas tesis. Él mismo relata cómo presentó varias veces su oposición al proyecto y lo único que logró fue ser ignorado y silenciado de forma arbitraria, incluso a espaldas de la dirección de la Universidad quienes tuvieron que intervenir para mediar entre las partes.
¿A qué tesis del Derecho nos referimos? El propio Tamayo la llama “neoconstitucionalismo” y la describe así:
Esta teoría antidemocrática como ella misma lo reconoce, considera que el único principio jurídico que se debe aplicar a como dé lugar es el que afirma que Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático y justo. Fórmula dentro de la cual cabe cualquier ideología. Con esa fórmula, el juez puede desconocer las leyes y la Constitución misma, si lo considera necesario para aplicar la solución que él prefiera. Su origen proviene de la doctrina del uso alternativo del derecho, que primó en Italia en lo década de 1960, y de la escuela de estudios críticos del derecho, de origen norteamericano. Ambas de corte marxista, como sus mismos autores lo reconocen. En Colombia, bajo las denominaciones de nuevo derecho o neoconstitucionalismo ideológico, esta teoría tiene un gran arraigo en la Corte Constitucional y en muchas facultades de derecho, desde donde se inicia la formación de abogados que defiendan como cruzados la aplicación exclusiva de los principios constitucionales, poco importa lo que diga la ley. Sin que pueda afirmar que los pensadores colombianos que defienden esta doctrina sean marxistas o fascistas (incluso doy fe del pluralísimo democrático de muchos de sus defensores), sí constato que su concepción del derecho y de su aplicación obedece a las mismas directrices, pues se pretende adoctrinar al estudiantado y defender la intromisión de la Corte Constitucional en la creación de leyes y en la distribución y administración del presupuesto. La Constitución en Colombia es lo que la Corte diga.
Yo por mi parte quedé absolutamente sorprendido de que tal cosa existiera, pues aunque he sido testigo de cómo la ideología de género se ha ido imponiendo de forma abiertamente antidemocrática en los países, nunca pensé que tal tendencia, originada por una agenda global promovida desde poderosos organismos internacionales como la CIDH, tuviera correspondencia en la teoría del derecho. Ingenuo yo.
De ahí que haya querido copiar el título que usó la columnista de El Espectador, pues si bien ella lo explica en los últimos párrafos de la columna
Lo que se infiere es que el proceder de Gómez –darle énfasis al “nuevo derecho” en la facultad- y la llegada a escena de Alexy –cuyos textos fueron usados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355/06- son gestos “anti-católicos” y por tanto van en contra de la política de la facultad. Nada deberían tener que ver, en un Estado laico y en pleno siglo XXI, el derecho, cuyo espacio es lo público, con el catolicismo, cuyo espacio es el de lo privado. La cosa es seria. Nótese que sin las posturas filosófico-jurídicas del “nuevo derecho” y textos como los de Alexy, el aborto legal no sería una posibilidad en Colombia, y la posibilidad a futuro de logros democráticos como el matrimonio igualitario se desdibujaría.
Casarse con una corriente, y peor, por motivos de fidelidad o rechazo a una religión, no es buena idea para una institución académica porque, justamente, los dogmas son enemigos del desarrollo del pensamiento y de la educación. Creo que los estudiantes de la Bolivariana estarán más interesados en recibir información actualizada y en tener posibilidades para elegir entre diferentes corrientes que en ser productos de las líneas ideológicas de la universidad.
resulta increíble cómo, luego de haber sacado a la luz que el verdadero motivo de la crisis en la facultad de derecho de la UPB fue la transformación del pensum académico según una agenda ideológica particular ignorando y silenciando cualquier otra opinión, salga con la retahíla de que el problema es la cerrazón católica a otras opiniones. Quien lea el artículo del profesor Tamayo verá cómo él atestigua que las directivas de la Universidad procuraron siempre la conciliación protegiendo la pluralidad de la UPB por encima de todo. En cierto modo la cancelación del congreso también obedeció al mismo interés de las directivas por mantener la orientación pluralista de la UPB. Pero bueno, la incoherencia no es fruto extraño en la cosecha de la mencionada columna.
No deja de ser interesante que este asunto haya ocurrido tan cerca de la fecha en que se celebró el Congreso Mundial de Universidades Católicas en Ávila, España. Allí se discutió acerca de la “identidad” (quiénes somos”) y la misión (“qué debemos hacer”) de las Universidades Católicas, quienes atraviesan por momentos difíciles en todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, varias universidades fundadas por la Iglesia han terminado perdiendo el nombre de católicas al caer en manos de agendas ideológicas abiertamente relativistas. Lo mismo podría ocurrirle a la Pontificia Universidad Católica del Perú si su rector se obstina en negarle la participación en su dirección al arzobispado de Lima. En efecto, existe un fuerte movimiento por negarle a la Iglesia el derecho a tener universidades. La misma columna de la feminista lo expresa en una extraña contradicción pues mientras dice “los dogmas son enemigos del desarrollo del pensamiento y de la educación”, establece ella su propio dogma: “Nada deberían tener que ver, en un Estado laico y en pleno siglo XXI, el derecho, cuyo espacio es lo público, con el catolicismo, cuyo espacio es el de lo privado.” Desconoce ella, lo que me hace dudar de la profesionalidad que alardea, que la religión es siempre un hecho social, y más aún, que se eleva por encima de la ley en la estructuración de la sociedad al punto de que los orígenes del derecho siempre han estado asociados a la religión, con ejemplos como el derecho internacional o los Derechos Humanos, que en el caso de Occidente son inconcebibles sin la labor del cristianismo y de la Iglesia Católica.
Subrayo además la suposición de la columnista de que “los estudiantes de la Bolivariana estarán más interesados en recibir información actualizada y en tener posibilidades para elegir entre diferentes corrientes que en ser productos de las líneas ideológicas de la universidad”, puesto que, al parecer, por “información actualizada” se refiere a “ser productos de las líneas ideológicas”, ya no de la universidad, sino del establecimiento, y porque además creo que a cualquier estudiante, como yo que también lo soy, le interesa más recibir información verídica y relevante que simplemente actualizada. Pongo también el link a esta columna de Tulio Elí Chinchilla que de forma muy sutil se refiere al mismo caso.
Recientemente ha habido mucho revuelo alrededor del tema de la Educación Superior en Colombia por cuenta de la reforma a la Ley 30. Los estudiantes han armado todo tipo de respuestas, violentas y no-violentas, y han terminado cayendo en una trampa que incluso creeré también puesta por el establecimiento: Se han concentrado en algo tan marginal y periférico como la financiación de las universidades públicas, dejando de lado lo verdaderamente fundamental: la amenaza a libertad de expresión y la sujeción de la enseñanza a los lineamientos ideológicos impuestos por el Estado. El caso de las universidades católicas es una buena muestra de cómo existen fuertes intereses en borrar ciertas voces, como la católica, del espectro de la academia. ¿Por qué? Muy probablemente sea porque la Iglesia sea de las pocas instituciones que no son susceptibles de sucumbir ante la presión del Estado o el mercado.
Termino citando unas palabras de Mons. Rino Fisichella en el Congreso Mundial de Universidades Católicas: “Debemos actuar de manera que sobre todo la universidad y nuestras universidades sean un centro de pensamiento para superar la fragmentación y reencontrar la unidad del saber, que es la condición necesaria para reconducir –sobre todo a las nuevas generaciones- a una responsabilidad frente a sí mismas y también frente a la sociedad”.
Se equivocaron quienes creyeron que me referiría a la discusión acerca del alcance de las providencias judiciales. Me bastó con citar al profesor Tamayo.




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viernes, 9 de septiembre de 2011

Premisas claras para una discusión sobre la crisis en la UPB

Reproduzco el documento del profesor Javier Tamayo Jaramillo respecto del caso de la UPB
PREMISAS CLARAS PARA UNA DISCUSIÓN SOBRE LA CRISIS EN LA UPB.
JAVIER TAMAYO JARAMILLO
tamajillo@hotmail.com

I. A raíz de la crisis por la que atraviesa la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la mayoría de la opinión pública ha explicado de manera simplista el asunto como el enfrentamiento por el poder entre dos bandos: el primero de ellos, encabezado por la exdecana, señora MARIA CRISTINA GÓMEZ, según se dice, “acompasado con la Constitución de 1991, progresista, audaz y con una visión actualizada de la academia, el Derecho y la Justicia, y autodenominado «la generación de relevo»”. Esta corriente defiende el activismo incontrolado de la Corte Constitucional, en desmedro de los textos constitucionales y legales, con base en la idea de que la Constitución subjetivamente interpretada por los magistrados, contiene los valores y derechos suficientes para administrar una correcta justicia. Es el derecho de los jueces. El segundo bando estaría compuesto por los viejos profesores de la universidad. “Autoritarios e intolerantes; alejados de los hechos sociales y de los valores constitucionales; exégetas puros de las normas jurídicas, a quienes no les importaría ni la discusión ni la pobreza de los colombianos; solo les interesa sostener el sistema capitalista y opresor vigente, por medio de abogados picapleitos”.

Pero ¡qué gran equivocación! Felices deben andar quienes siempre han deseado ver destruida la Universidad o cobrarles viejos odios a quienes hoy hacen parte de ella. Como he sido partícipe del proceso político universitario que lamentablemente ha concluido su primer round con la cancelación del congreso mundial que habría de celebrarse en Cartagena, en el mes de octubre, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones tendientes a poner cada idea y cada protagonista en el sitio que le
corresponde, por lo menos frente a los hechos que directamente he conocido. Sólo así podremos iniciar el debate sobre la refundación de nuestra facultad de derecho. Aclaro que hablo a título puramente individual, y por lo tanto, nadie, ni siquiera las directivas de la Universidad, estarán completamente de acuerdo con lo que afirmo. Los presupuestos del debate, pues, son los siguientes:

II. Sea lo primero, afirmar que guardo por la exdecana MARIA CRISTINA GÓMEZ, un gran respeto no solo porque fue mi discípula y aún la considero mi amiga, sino porque apoyó muchos de mis proyectos en la facultad y tuvo recientemente detalles de generosidad que debo agradecer públicamente. Además, porque, si bien desde un ángulo filosófico político tenemos concepciones diferentes del derecho y de la academia, de todas maneras logró imponer un encomiable ritmo de trabajo, hasta conseguir avances administrativos que hoy son innegables.

De otro lado, como en medio de la tormenta aparecen los nombres de varios de mis alumnos, debo referirme a dos de ellos en forma especial: el primero, el profesor MAURICIO GARCÍA VILLEGAS, fue mi primer gran discípulo amado, en quien vi proyectada por primera vez, mi concepción de la tolerancia y la libertad de pensamiento. Esa admiración y cariño, por lo menos de parte mía, sigue inalterada. El segundo, el profesor GABRIEL GÓMEZ, brillante alumno y mejor amigo. De los dos me separa una concepción diferente de la creación y de la aplicación del derecho. Pero en ambos reconozco convencidos demócratas y hombres sedientos de una verdadera justicia. Disentimos en la forma de lograrla.

Finalmente, debo hacer énfasis en el sentido de que equivocadamente se ha querido polarizar la situación con el pretexto de que las discrepancias con la exdecana obedecen al hecho de que varios de los profesores que formaban su entorno, provienen de la Universidad de Antioquia. Nada más lejos de la realidad. Uno de los momentos más felices de mi vida ocurrió cuando me convocaron para dictar cátedra en ese claustro. Con fraternidad, hemos recibido formación de juristas de esa Alma Mater, de la más variada ideología y de alta calidad académica. HERNÁN VALENCIA RESTREPO, TULIO HELÍ CHINCHILLA, JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ, ENRIQUE GIL BOTERO, entre otros han podido dictar sus cátedras con absoluta libertad y afecto. Pero, para ser sinceros, sí observo algo preocupante en la U.P.B. Creo que sin importar su origen, los profesores de áreas tan complejas como la teoría general del Derecho, la filosofía del Derecho, y la teoría constitucional deben tener un alto bagaje de conocimientos teóricos y prácticos de las disciplinas objeto de sus cátedras, más allá de sus convicciones emocionales sobre el derecho justo. Y en ese sentido, basta hablar con los estudiantes para que se conozca la falencia de conocimientos de muchos de esos jóvenes profesores, algunos egresados de la misma Bolivariana. A decir verdad, allí hay un error de la anterior decanatura. No desconozco que algunos son muy buenos, como la doctora SANDRA GÓMEZ, el doctor LEONARDO GARCÍA JARAMILLO, el doctor HENRY SOLANO, el doctor JUAN BERNARDO TASCÓN entre los que conozco. Lo que se pide es que los profesores sean sabios en sus materias, y si los “viejos maestros” como se nos denomina despectivamente, no cumplimos con ese requisito, que se nos diga, pues estamos dispuestos a hacernos al costado para que ingresen los que sepan la materia y hayan pisado los juzgados, así sean contrarios a nuestra ideología, siempre y cuando no pretendan instaurar un adoctrinamiento ideológico contrario al Estado Social de Derecho y a la división de poderes. La facultad no puede ser ni será el foco de una lucha política de poderes ni de clases.

III. Cayendo a los hechos concretos, creo que el problema no podrá entenderse mientras no deslindemos conceptualmente tres subproblemas que aunque unidos por los hechos, tienen una significación por entero diferente.

a) de un lado, el problema de la cancelación del congreso, hecho lamentable que no comparto, pero que no compromete mi fidelidad a la Universidad en estos momentos de turbulencia. La Universidad es de propiedad de la Iglesia Católica y regida por sus principios, pero como institución es un hecho social generado por nosotros todos los que a lo largo de 75 años hemos impartido y recibido una formación pluralista, dentro de los cánones de una formación cristiana que a nadie se le ha impuesto, como lo atestiguan los tres discípulos a los que ya me he referido. Todos, incluidos los egresados, somos la Universidad. Pero los problemas y nuestras discrepancias, los ventilamos dentro de la misma Universidad, mientras sea libremente, como corresponde a quien se dice hijo de su Alma Mater, y no ante los medios o pidiendo apoyos en otras universidades. Es más, los temas del aborto, del divorcio, de la despenalización de la droga, de la eutanasia y de las uniones entre parejas del mismo sexo, han sido y deben ser debatidos en los cursos, en tanto y en cuanto hacen parte del derecho positivo colombiano. En medio de la crisis, y como reacción a lo que acaba de ocurrir, un profesor puso como tarea a sus estudiantes la lectura de sentencias de la Corte Constitucional, sobre la libertad de cátedra, y nadie lo desautorizó.

b) en segundo lugar, está el problema del doctorado honoris causa conferido al profesor ROBERT ALEXY. En ese sentido debo anotar que nunca se le acusó de ser defensor del aborto como maliciosamente se ha dicho en todos los tonos. Y su doctorado jamás se puso en duda, aunque era de suponer que cancelado el congreso, por los motivos ya conocidos, el filósofo no iría a aceptar la distinción. Con todo, quiero dejar constancia de lo siguiente: días antes de la cancelación del congreso recibí una llamada de la doctora MARIA CRISTINA GÓMEZ, quien me preguntó: ¿Usted cree en mí? Le respondí afirmativamente y luego me dijo: ayúdeme a salvar el congreso; llame ya mismo al Padre Rector y dígale quién es ALEXY, pues le están llegando versiones de diverso tipo, que ponen en peligro el evento. De inmediato llamé al Padre Rector; escuchó mis argumentos sobre el pluralismo ideológico del profesor alemán; de su religiosidad no Católica; le dije que no compartía ciertas de sus ideas, tales como la pretensión de corrección moral de todos los ordenamientos jurídicos; que para la Universidad y para nosotros era un privilegio contar con la presencia de tan egregio pensador. Me respondió el Rector que estuviera tranquilo; que el evento se iría a realizar con todas las pompas y que, como él era ajeno a esa rama de la filosofía, por favor le hiciera llegar un pequeño texto un poco más amplio relacionado con las explicaciones que acababa de darle, por si de pronto se le formulaban inquietudes por parte de sus superiores o del Consejo Directivo. El escrito, de 4 páginas, lo publicó a petición mía, la misma facultad, y es conocido y compartido por la misma MARIA CRISTINA y por buena parte de los estudiantes y profesores. Desconozco qué haya sucedido desde ese momento hasta cuando una semana después conocí la noticia de la cancelación del congreso.

c) el tercer problema, que es el de fondo, radica en la orientación ideológica y académica que desde la decanatura de la doctora MARIA CRISTINA se le ha querido dar a las maestrías y a los programas de pregrado. Y en ese punto, me hago responsable de haber liderado leal, abiertamente y con argumentos, una férrea oposición a esa orientación, porque así hubiera sido con la mayor ambición democrática y de justicia, dicha orientación conduce fatalmente a un totalitarismo de izquierda o de derecha, puesto que a nombre de una interpretación valorista y subjetiva de la Constitución, se persigue la soberanía de las altas cortes, en una lucha política contra las otras ramas del poder público, y detrás de esa lucha propiciar una lucha de clases. No es una idea mía. La misma Corte Constitucional así lo ha reconocido en un fallo de Sala Plena (SU 111/ 97), con participación de CARLOS GAVIRIA DIAZ y ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, estandartes de las nuevas orientaciones de la Corte Constitucional. Dice la Corte:

“El Estado social de derecho que para su construcción prescinda del proceso democrático y que se apoye exclusivamente sobre las sentencias de los jueces que ordenan prestaciones, sin fundamento legal y presupuestal, no tarda en convertirse en Estado judicial totalitario y en extirpar toda función a los otros órganos del Estado y a los ciudadanos mismos como dueños y responsables de su propio destino” (negrillas y subrayas ajenas al original).
Y de su lado, el profesor DIEGO LÓPEZ MEDINA, en su obra El derecho de los jueces, (2.ed. p. 267) afirma lo siguiente:

“Sería extraño que los actores jurídico políticos-los jueces- se limitaran pasivamente a aceptar arreglos distributivos de la potestad de creación de normas, sin dar batallas por aumentar su capacidad sobre tan importante insumo político –es decir luchar por el poder de legislar que por Constitución le corresponde al Parlamento– (…) El análisis anterior muestra que la puja por el control de las fuentes del derecho es una confrontación con contenido político entre ramas del poder público y, detrás de dichas ramas, - la confrontación- entre formaciones sociales con maneras alternativas de entender el estado y la sociedad en la que cada grupo interesado usa recursos político constitucionales para modelar a su favor los contornos del sistema (Negrillas ajenas al original).

El activismo incontrolado de los jueces es pues, una lucha por el poder político contra el Ejecutivo y el Parlamento, mediante la aplicación de justicia en los casos concretos.

De otra parte, como algunos han afirmado que se trata de una lucha interna por el poder dentro de la facultad, deseo anotar que en lo que a muchos de los profesores a que hoy protestamos atañe, a estas alturas de la vida, hemos tenido los mayores honores que podemos alcanzar como juristas y docentes, y que si algo tenemos claro es nuestro desprecio por el poder, cualquiera que sea. No sabemos mandar ni que nos manden.

En consecuencia, para comprender el origen de la crisis de la facultad, es indispensable tener una mínima idea del debate filosófico en ciernes.

IV. Como dije, en la filosofía jurídica y política actuales existe una dura polémica, con múltiples matices, sobre el papel de los jueces en el Estado de Derecho, pues mientras en un extremo están quiénes defienden a capa y espada la aplicación literal de las leyes (esta teoría ya es pieza de museo), en el otro se hallan quienes no tienen empacho en afirmar que todo el orden jurídico vigente debe sucumbir si el juez considera que con su sentencia logra una verdadera solución justa. Es la que denominamos teoría valorista de la interpretación. Entre los dos extremos hay corrientes de infinita variedad y es por ello que la división entre progresistas y cromañones es dañina y peligrosa.

Dentro de las teorías valoristas hay dos tendencias: la que se inscribe dentro del respeto por el Estado Social de Derecho, que concibe la Constitución como la consagración de valores y derechos fundamentales. Para esa corriente, el juez dispone de un amplio margen de creación y valoración, pero limitado por las leyes y procedimientos vigentes. Las leyes se aplican, mientras no destruyan el núcleo esencial de las normas constitucionales. Como dice ALEXY, “El sistema teleológico axiológico no permite, por sí solo, una decisión sobre cómo tiene que ser el juego de los principios en un caso concreto y qué valoraciones particulares hay que realizar (Alexy, Teoría de la argumentación jurídica, p. 26). Es decir, que un Estado Social de Derecho es impensable a partir de simples valoraciones de la Constitución. El respeto por los códigos es un elemento esencial en un Estado Social de Derecho, siempre y cuando no destruyan derechos constitucionales, afirma el autor. Personalmente, estoy de acuerdo con muchas de las posturas de esta corriente, sobre todo, porque con ella no se pretende entablar una lucha de poderes dentro del Estado de Derecho, ni mucho menos una lucha de clases.

En cambio, la segunda teoría pretende que a partir del activismo incontrolado de los jueces, estos desaten una lucha por el poder político, contra el Ejecutivo y el Parlamento, asumiendo funciones que por constitución están asignadas a estos. Y a partir de esa lucha por el poder político, se debe desatar una lucha de clases. Es decir, es la destrucción del estado Social de Derecho, para caer en un estado totalitario de izquierda o derecha.

Esta teoría antidemocrática como ella misma lo reconoce, considera que el único principio jurídico que se debe aplicar a como dé lugar es el que afirma que Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático y justo. Fórmula dentro de la cual cabe cualquier ideología. Con esa fórmula, el juez puede desconocer las leyes y la Constitución misma, si lo considera necesario para aplicar la solución que él prefiera. Su origen proviene de la doctrina del uso alternativo del derecho, que primó en Italia en lo década de 1960, y de la escuela de estudios críticos del derecho, de origen norteamericano. Ambas de corte marxista, como sus mismos autores lo reconocen. En Colombia, bajo las denominaciones de nuevo derecho o neoconstitucionalismo ideológico, esta teoría tiene un gran arraigo en la Corte Constitucional y en muchas facultades de derecho, desde donde se inicia la formación de abogados que defiendan como cruzados la aplicación exclusiva de los principios constitucionales, poco importa lo que diga la ley. Sin que pueda afirmar que los pensadores colombianos que defienden esta doctrina sean marxistas o fascistas (incluso doy fe del pluralísimo democrático de muchos de sus defensores), sí constato que su concepción del derecho y de su aplicación obedece a las mismas directrices, pues se pretende adoctrinar al estudiantado y defender la intromisión de la Corte Constitucional en la creación de leyes y en la distribución y administración del presupuesto. La Constitución en Colombia es lo que la Corte diga.

Toda esta explicación árida y teórica para afirmar y demostrar que lo que se ha querido instaurar en la facultad de derecho de la Pontificia Bolivariana es esta última tendencia, y es esa mi diferencia con la doctora MARIA CRISTINA GÓMEZ y con los profesores que la han apoyado en ese proyecto.

V. En efecto, desde 1991 siempre hubo en la facultad profesores partidarios del nuevo derecho, y de toda la gama de doctrinas que acabo de analizar. Pero era una libertad de cátedra carente de un proyecto político orientado al adoctrinamiento del estudiantado. Todo el mundo habló de lo que quiso, y hoy muchos de mis colegas y compañeros de oficina, tienen opiniones propias dentro del mayor respeto y pluralismo.

Pero he aquí que un día recibí una comunicación de la decanatura, en la cual se nos hacía llegar un proyecto para, presuntamente, discutir la orientación de objetivos y el pensum de las diversas maestrías que habrían de funcionar en la Bolivariana. Al leer los objetivos, de entrada se afirmaba que se analizarían las doctrinas jurídicas que ha habido a lo largo de la historia. Hasta allí todo bien. Pero en un momento dado, el texto afirma la necesidad de imponer una orientación (adoctrinamiento) sobre el tipo de abogado que debe egresar de la Facultad. Y como puedo demostrarlo en un foro abierto, ese adoctrinamiento se basa en la escuela de los estudios críticos del derecho y en la teoría del uso alternativo del derecho en general. Sólo que en Colombia se le denomina nuevo derecho o neoconstitucionalismo ideológico Y en lo que se refiere al pensum, cual no sería mi sorpresa al advertir que en la práctica, se aprendía más sobre el tema de la especialización cursando solo un año, que cursando los dos de la maestría. En efecto, el primer año, estaría consagrado al estudio de la respectiva disciplina (por ejemplo, derecho civil). Y el segundo, se dedicaría a estudiar sociología, globalización, contexto, metodología, ética, neoconstitucionalismo, principalística constitucional, y todas las demás materias relacionadas con una visión sociológica, subjetiva y no normativa del derecho. Es decir, todos saldrían especializados en la nueva visión hiperconstitucional y microlegal del derecho, como si las leyes fueran fusibles que el juez podía cambiar a su antojo. Sólo habría un año, para hacer énfasis en alguna de las diversas codificaciones.

De inmediato redacté un documento en el cual mencionaba mi oposición al adoctrinamiento ideológico de los estudiantes, y al mismo tiempo llamaba la atención en el sentido de que el perfil bolivariano se perdería, ya que el fuerte de nuestras especializaciones eran las relacionadas con leyes de diverso tipo, para formar abogados de empresas, profesores universitarios, jueces y abogados litigantes, sin desconocer desde luego, la jurisprudencia vigente, el neoconstitucionalismo teórico, y la existencia de valores en la Carta Política, temas que se estudian a fondo en el pregrado, y que era innecesario repetir excesivamente. Expliqué que ese pensum, claramente politizado, haría que muchos de los interesados en hacer una maestría, buscaran otros horizontes pues su interés era el de hacer una profundización en el tema de su preferencia y no cursar un año adicional de sociología jurídica y derecho constitucional. Que, en síntesis, podríamos perder el mercado de las especializaciones, que con tanto esfuerzo, durante 35 años, habíamos logrado.

El documento llegó a manos de la entonces decana, y creía yo, iba a ser debatido en un comité encargado de analizar y aprobar el proyecto de las maestrías. Y aquí se vio como funciona el método de quienes defienden ideologías indemostrables o por lo menos cuestionables. El que se empecina en sacar adelante un proyecto de esa estirpe política, tacha de intolerante a todo el que se atraviese en su camino. El que disiente, es un opositor al pluralismo político del que ellos se ufanan y se sirven para imponer sus ideas. Pero el fenómeno es el contrario: hay que acallar a los opositores pasando por encima del deber de argumentar y debatir, pretextando la intolerancia del opositor. La discusión y el debate se acepta pero tarde, cuando ya el proyecto ha sido aprobado y puesto en marcha.
Al finalizar la reunión le pregunté a la decana por mi documento, argumentándole que era de trascendental importancia debatirlo, por las dos objeciones ya anotadas. Me respondió que eso lo haríamos después. Senté mi voz de protesta, y formulé varias preguntas, entre ellas quién era el autor intelectual del documento. Una serie de jóvenes profesores, casi todos desconocidos para mí, pues ya no soy profesor de pregrado, muchos de ellos doctorados en Derecho Constitucional, y en teoría de la argumentación, guardaron absoluto silencio. Nadie se responsabilizó de la redacción del texto ni se atrevió siquiera a pedir que lo leyéramos y lo debatiéramos de acuerdo con mis objeciones. Después supe, por boca de la misma decana, que los pares que habían venido a evaluar la facultad para su acreditación y para la aprobación de la maestría, le habían sugerido asesorarse de tres eminentes profesores, que ya habían realizado el mismo trabajo para otras universidades. Y por simple casualidad, un querido y admirado exdiscípulo me contó que él había redactado un texto para la maestría de la Universidad de Antioquia y que había sido llamado de la Bolivariana para que redactara el proyecto de maestría, para lo cual se basó en el escrito redactado para la U. de Antioquia. Es elemental preguntarse por qué razón no se convocó a los profesores de la facultad, encargados de las especializaciones y a los directores de las distintas áreas, para con todos los demás, redactar ese proyecto sabiendo que éramos nosotros los que hacíamos parte de la facultad, y conocíamos nuestras fortalezas y debilidades. Y si fue una exigencia de los pares, la Universidad debió sentar su voz de protesta porque acceder a la misma era entregar los principios de pluralismo bolivariano, mantenido durante 75 años, incluido el respeto por el Estado Social de Derecho y el principio de legalidad.

Avanzaron las cosas y hubo otras reuniones para continuar con el estudio del proyecto de maestrías, a las cuales no asistí, pero sin que en ellas se debatiera el documento que yo había enviado desde un comienzo. Luego recibí un correo en el que se me invitaba a la última sesión, donde se aprobaría el texto definitivo del proyecto. Como me encontraba fuera de la ciudad y no podía asistir a la reunión, redacté un nuevo documento haciendo énfasis en mis objeciones y pidiendo que asi fuera en mi ausencia se debatiera el punto. Se lo envié a la doctora DIANA DÍAZ, mi asistente en la especialización que dirijo, con la instrucción de que ella lo leyera en la reunión. Como era su deber de lealtad, previamente lo entregó a la decana, haciéndole saber mi petición. El doctor ALFREDO TAMAYO, quien asistió a la reunión, supo del envío de esa comunicación. Y cuando se fue a cerrar la reunión y a aprobar el proyecto, tal y como había sido redactado desde el comienzo, salvo algunas modificaciones que adulcoraban el texto, el doctor TAMAYO, mi hermano, pidió que se leyera mi comunicación y que se discutiera. Dos connotados profesores, partidarios del proyecto que pretendía la nueva orientación ideológica de la facultad, con tono altisonante, contestaron al unísono, que eso no se iba a discutir porque yo no había estado en esa reunión ni en las anteriores. Esa es la triste historia de quienes invocan el derecho a la pluralidad y al disenso, pero siempre y cuando sean ellos los que necesitan imponer su ideología antidemocrática y política. Como era de esperarse, la tarea impuesta por el gobierno fue cumplida a cabalidad y las maestrías fueron aprobadas. Y de un plumazo se esfumaron 75 años de ideología pluralista y defensora del Estado de Derecho. Desapareció el espíritu bolivariano construido con tanto esfuerzo, todo bajo el pretexto de que nuestra facultad debía acomodarse a los cambios de la historia.

Desde entonces, he aprovechado cuanto espacio ha habido para denunciar lo sucedido. Poco a poco estudiantes pidieron reunirse con la decana. Luego, algunos profesores pedimos una reunión con el Rector, el Vicerrector académico y la misma Decana, con el fin de plantear nuestros desacuerdos con la marcha de la facultad. En esa reunión propuse y fue aceptado por la Decana y demás directivos, que el tiempo de las cátedras sobre filosofía constitucional y neoconstitucionalsimo, se repartiera por iguales partes, de forma tal que hubiese profesores de las distintas tendencias, y que al final se hiciera un foro con todos esos profesores, delante de los alumnos, para que ellos asumieran la posición que los convenciera. Esa pluralidad no existe que yo sepa en ninguna facultad de derecho del país. Y cual no sería mi sorpresa cuando me enteré que sin contar con los directores de las especializaciones, se organizó, para la primera promoción de maestría, el curso de neoconstitucionalsimo, sin que se cumpliera lo acordado. Alguien seleccionó el grupo de profesores casi todos afines al proyecto aprobado. A mí se me adjudicó una clase de tres horas, para que hablara sobre lo que quisiera. Parte del tiempo fue utilizado por el doctor JUAN GUILLERMO SÁNCHEZ para, con tono magistral, enseñarme en qué consistía el neoconstitucionalismo, sin que yo lo interrumpiera en ningún momento. El resto del tiempo lo empleé en controvertir sus argumentos. Nunca supe de qué hablaron los otros profesores. Solo sé que lo pactado delante del Rector y del Vicerrector no se cumplió. He ahí un ejemplo más del pluralismo que ahora echan de menos la Exdecana y demás profesores que participan de su proyecto.

Desde entonces, el Vicerrector académico ha convocado a diversos foros para debatir el asunto, pero ya es tarde, pues el proyecto está aprobado y en marcha. Discutir cuando ya uno logró su cometido, es muy fácil, pues los argumentos del contrario se los lleva el viento.

Son muchos más los hechos que han ocurrido desde entonces, pero carece de sentido detallarlos, púes todos giran alrededor de la misma idea.

Que se tenga claro: dentro o fuera de mi Universidad lucharé para que el pluralismo ideológico de la misma permanezca, y para evitar que el espíritu bolivariano se convierta en un adoctrinamiento por parte de quienes consideran que los textos constitucionales y legales nada valen, y que solo la Corte Constitucional puede decirnos lo que es el Derecho, poco importa que no haya democracia ni división de poderes. Eso conduce sin duda alguna a una visión totalitarista del Estado, pues actualmente, la Corte prohíbe que el pueblo mismo pueda citar a un referendo para reformar la carta política, pese la claridad del artículo 374 C.P. que establece lo contrario.

Sacaremos adelante la Universidad y corrigiendo lo que haya que corregir, pueden estar seguros los bolivarianos de ahora y de siempre, que con su ayuda, no decaeremos, y que seguiremos siendo una de las Universidades que guían la academia en el país.
Con tranquilidad y sin prevenciones ni odios, espero los contra argumentos.
El texto revela el reduccionismo tan perverso con que la prensa ha tomado el asunto. Comentaré otros aspectos en un siguiente post.
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jueves, 8 de septiembre de 2011

¿Qué significa Voto Católico?

Reproducimos un texto del Portal Church Forum.org
Un católico vota así:
“La democracia no se sustenta sin la verdad. Verdad y libertad, o bien van juntas o juntas perecen miserablemente” (Juan Pablo II). 
I. ENSEÑANZA DE LA IGLESIA:

1.
La Iglesia católica no tiene partido. Como institución, la Iglesia acoge a todos los bautizados y no apoya a ningún partido político; más aún, acepta que una misma fe puede inspirar opciones políticas diversas.
2. Los fieles católicos pueden afiliarse y votar libremente por el partido político y por el candidato que, sin contradecir sus convicciones morales y religiosas, mejor responda al bien común de los ciudadanos.
3. La jerarquía de la Iglesia, es decir, los diáconos, presbíteros y obispos, no pueden afiliarse a ningún partido político, ni apoyar públicamente a un candidato en particular. Es su derecho y deber proponer los principios morales que deben regir el orden social y, en privado, votar por quien quieran.
4. Los fieles católicos están obligados a ser coherentes con su fe en público y en privado; no pueden, por tanto, sin traicionarse a sí mismos, adherirse o votar por un partido o por un candidato contrario a sus convicciones religiosas y a sus exigencias morales. 

II. POR TANTO, UN CATÓLICO: 
5. No puede votar por un partido o por un candidato que esté en contra del respeto absoluto que se debe a la vida humana desde la concepción hasta su desenlace natural, como serían los que propician el aborto, la eutanasia o la manipulación de los embriones.
6. No puede votar por un partido o por un candidato que no respete la dignidad de la persona humana, como serían los que defienden o promueven la prostitución, las uniones homosexuales o lesbianas, los anticonceptivos físicos o químicos, la pornografía especialmente la infantil, la clonación humana, el uso o tráfico de drogas, la venta indiscriminada de alcohol, el machismo, la discriminación étnica y racial.
7. No puede votar por un partido o por un candidato que no respete el derecho primario de todo hombre o mujer a practicar, en privado o en público, individualmente o en grupo, sus creencias religiosas; o que obstaculice de cualquier manera la enseñanza de la religión, prohíba las manifestaciones públicas de fe o se oponga a la instalación de los lugares para el culto que pida la comunidad.
8. No puede votar por un partido o por un candidato que se oponga o niegue el derecho inalienable de los padres de familia a escoger el tipo de educación que, de acuerdo a sus convicciones, quieran para sus hijos.
9. No puede votar por un partido o por un candidato que no le garantice, con certeza moral, que utilizará honestamente los dineros y bienes públicos; que va a cumplir lo que promete; que buscará el bien común y no el provecho propio y de sus colaboradores.
10. No puede votar por un partido o por un candidato que no se comprometa a promover la dignidad de la familia fundada sobre el matrimonio monogámico entre personas de opuesto sexo; a combatir la violencia, la drogadicción, la injusticia institucionalizada, la corrupción pública y que no haga propuestas creíbles en favor de los más necesitados. 
III. AL CONTRARIO, UN CATÓLICO:

11. Debe votar, preferentemente, por un candidato que respalde con su ejemplo las virtudes humanas y cristianas como son el respeto a los demás, el saber escuchar, el diálogo, el decir la verdad, la honestidad, la vida morigerada, la fidelidad conyugal y el amor a su familia.
12. Debe votar, preferentemente, por un candidato que demuestre con hechos su espíritu de servicio a los demás, con especial preferencia hacia los pobres y que en todo y sobre todo defienda la dignidad de la persona humana.
13. Debe votar, preferentemente, por un candidato que tenga cualidades de gobierno y que garantice la vigencia del estado de derecho mediante la aplicación de la ley, sin excepción de personas o de cargos. 

IV. POR ESO, UN CATÓLICO CUMPLE ASÍ LOS DIEZ MANDAMIENTOS:

14.
1°) Amar a Dios sobre todas las cosas. El partido político o el candidato no pueden ser amados más que Dios: Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres (S. Pedro: Hechos 5,2).
2°) No jurar el nombre de Dios en vano: No se puede usar a Dios o la religión para hacer propaganda política o para ganar votos.
3°) Santificar las fiestas: El domingo es día de guardar, de descanso y dedicado a la familia; es Día del Señor, para ir a misa.
4°) Honrar a tu padre y a tu madre: El respeto a los padres está sobre el respeto a los jefes y a los compañeros de partido. A la mujer, en su condición de madre, esposa, hermana e hija, se le debe sumo respeto.
5°) No matar: Están prohibidas las venganzas, "ajustes de cuentas", muertes políticas y, sobre todo, el matar las esperanzas de los más débiles con políticas económicas equivocadas o acumulando riquezas injustas.
6°) No fornicar: Está prohibido aprovecharse del puesto o de las influencias para obtener servicios y favores sexuales de cualquier persona.
7°) No robar. Tomar o retener injustamente los bienes ajenos o los dineros públicos y emplearlos para el bien personal, es robar. El pecado de robo no se perdona si no se devuelve lo robado.
8°) No levantar falso testimonio ni mentir: El falso testimonio, la calumnia y los anónimos denotan cobardía y son pecado. No hay mentiras piadosas ni es verdad que en política todo se vale. Pensar así es fomentar el cinismo y el deterioro social.
9°) No desear la mujer de tu prójimo. El tener dinero, prestigio o poder no da derecho a repudiar a la esposa legítima y a juntarse con otra: Quien se casa con un(a) divorciado(a) comete adulterio (Jesús: Mt 5,12).
10°) No codiciar los bienes ajenos: La codicia se refiere al deseo de tener, por cualquier medio, los bienes del prójimo o los bienes públicos. Éste sería el caso de quien busca un puesto político con la intención de enriquecerse y no de servir. 
V. UN CATÓLICO SABE:

15. Que, si bien la democracia no se agota en el proceso electoral, su fe lo compromete a colaborar en el bien del país emitiendo su voto libre, secreto, personal e informado. El abstencionismo es un pecado de omisión.
16. Que está obligado a conocer los principios morales y la doctrina de los partidos y candidatos y a no dejarse manipular. Es pecado grave comprar o vender votos y colaborar de cualquier manera en un fraude electoral.
17. Que debe conocer su fe y formar su conciencia de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia y de la moral católica, y emitir su voto pensando en el bien común y no según intereses personales o de partido.
18. Que si no encuentra un partido o candidato que concuerde con sus principios religiosos y morales, debe votar, según su juicio y en conciencia, por el menos malo.
19. Que debe brindar a las instituciones ciudadanas que participan y cuidan de los procesos democráticos su respeto y apoyo. La democracia es un bien que todos debemos proteger. 
VI. UN CATÓLICO DEBE TENER EN CUENTA:

20.
Que estos principios doctrinales son válidos para los católicos de cualquier parte y no tienen dedicatoria particular, más que la que cada uno le quiera dar. Por tanto, el católico que actúa según estos criterios, contribuye de manera sustancial al bien del país, y nadie puede sentirse ofendido, porque se trata de la aplicación de principios que emanan de la ley natural común a todo ser humano. La Iglesia, además, es anterior a cualquier partido político y la fe trasciende las ideologías; en todo caso, quienes podrían sentirse ofendidos son los católicos que pagan impuestos y son usados con frecuencia para atacar los principios fundamentales de su fe y de la moral católica.
21. Que estos principios, por ser expresión de la ley natural y estar grabados por Dios en el corazón humano, obligan a todos por igual. Si algunos coinciden con la moral católica -y muchos coinciden-, esto se debe a que la verdad es una y no a querer imponer un estado católico o un gobierno confesional. Esta coincidencia con la fe católica de ninguna manera los vuelve confesionales. Un gobernante católico gobierna, sin renegar de su fe, no desde sus postulados religiosos sino desde los preceptos de la ley natural centrados en la dignidad inviolable de la persona humana.
22. Que el querer apartar a los católicos de la vida política por el hecho de manifestarse coherentes con su fe es una forma de intolerancia y discriminación religiosa, violatoria de los derechos humanos. Por tanto, un católico que vota según estos principios está contribuyendo a la maduración de un auténtico estado laico y democrático. 
VII. UN CATÓLICO ORA ASÍ:

23. Dios todopoderoso y eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que, con tu ayuda, promuevan una paz verdadera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa (Liturgia del Viernes Santo).
Santiago de Querétaro, Qro., abril 27 del 200
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