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miércoles, 21 de marzo de 2012

Adelina Covo defiende al Secretario de Educación de Bogotá, y Voto Católico responde

En su blog en la Revista Semana, Adelina Covo, ex-presidente del Consejo Nacional Electoral, defendió las declaraciones del Secretario de Educación de Bogotá, Oscar Sánchez, en que dijo, entre otras cosas, que no tendría sentido que un padre se opusiera a que sus hijos fuesen educados en anticoncepción. En la defensa mencionó a esta página como parte de la poca oposición que tal postura ha recibido. Aprovechando el haber sido directamente aludido, he decido publicar una respuesta aquí y allí como comentario:
Sra. Covo
Que la administración está empeñada en un modelo ideológico de ciudad, eso no lo pone nadie en duda. Tienen el derecho que el haber ganado las elecciones distritales les concede. Pero necesariamente, el modelo impuesto está sujeto al marco formal y material que la Constitución establece. Este proyecto educativo del Polo Democrático, ejemplificado en la implementación de la cartilla "Retomemos", y el posible modelo educativo de la administración Petro, que, de la defensa que hizo Oscar Sánchez de la cartilla se deduce, estará en continuidad con el anterior, es absolutamente reprobable tanto por su forma como por su contenido.  

Por su forma, porque la alcaldía ha actuado a espaldas de la ciudadanía, en una actitud absolutamente solapada para con los padres de familia, como si adivinaran la reprobación que recibirían por parte de estos. Nunca, en las campañas electorales de ambos alcaldes, se mencionó de forma explícita que esta sería la clase de contenidos que promovería la Secretaría de Educación Distrital. De haberlo hecho, dudo que hubiesen ganado. Pero aún después, ya en el cargo, tampoco la implementación de estos contenidos se hizo de cara al público, y mucho menos, a los padres de familia. Y lamento deducir de su afirmación, de que era innecesaria la divulgación del video, que usted respalda esa falta de transparencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, numeral 3, y la Constitución Política de Colombia, en su artículo 68, reconocen el derecho de los padres a decidir sobre el tipo de educación que recibirán su hijos. Esto se dio en respuesta al uso que le dieron los regímenes totalitarios de mitad de siglo a la educación pública como forma de adoctrinar ideológicamente a los jóvenes. Así, ninguna entidad del Estado puede pretender que "crear un nuevo modelo de ciudad, un proyecto liberal y progresista" justifica ignorar los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos. Ningún funcionario tiene el derecho de decidir que "no tendría sentido" que un padre de familia rechace tal o cual contenido. Por el contrario, son los padres de familia los que tienen el derecho a decidir cual modelo de educación pública tiene sentido y cuál no. Puede que usted y yo tengamos posturas opuestas respecto a los modelos educativos, pero en este caso, el único voto que cuenta es el de los padres de familia, no porque nuestras opiniones no tengan validez, sino porque sólo de un padre de familia puede presumirse buena intención y buena fe respecto de la educación de sus hijos.

Y la mejor prueba de esto, es examinar el contenido de tales programas. La gente de la administración creyó defender la cartilla al decir que es el modelo usado en la sociedad española. Lo que sólo puede ser un argumento a favor para quien es completamente ignorante de la realidad en ese país. En 2006 el gobierno del PSOE estableció la asignatura "Educación para la Ciudadanía" descrita de forma sospechosamente similar a la que usó ahora el Secretario de Educación de Bogotá, y que, después se supo, también incluían ejercicios prácticos de masturbación y pornografía. De inmediato numerosos padres se declararon objetores de que sus hijos recibirán un curso de adoctrinamiento ideológico que fuera en contra de sus convicciones, el asunto llegó incluso a demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, al cambiar el gobierno, la nueva administración decidió retirar la asignatura reconociendo su fuerte sesgo ideológico y su carácter adoctrinante. Aún así, todavía la educación española no esta exenta de escándalos, como el de hace unos meses, cuando se supo que en los colegios de la Comunidad de Madrid era Durex, una empresa de condones, la que les enseñaba sexualidad a los estudiantes. Esto no es una realidad exclusivamente española, sino que comienza a presentarse en todo el globo. La multinacional Planned Parenthood, dedicada a la venta de abortos y anticonceptivos, presentó recientemente un documento para la próxima Comisión de la ONU en Población y Desarrollo, en el cual criticó la tutela de los padres sobre sus hijos, como una fuente de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de estos. Carol Everett, quien por muchos años dirigió una clínica de abortos en los Estados Unidos, describe cómo, convencer a los jóvenes de que desconfiaran de las enseñanzas de sus padres en sexualidad, le garantizaba clientes fijos. 

Podemos decir todos que lo único que nos interesa es la formación adecuada de niños y jóvenes, pero sólo de los padres de familia cabe presumir ausencia de intereses adicionales en su postura. Por tanto, sólo ellos tienen el derecho de decidir cuáles contenidos son los que valen y cuales no. Ninguna entidad del Estado tiene la potestad, sea cual sea su proyecto ideológico, de pisotear este derecho.

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