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miércoles, 19 de diciembre de 2012

Precisiones a Columna sobre Voto Católico en El Espectador

El día de ayer fue publicada en el diario El Espectador una columna de Cristina de la Torre sobre esta página, en las cuales realiza ciertas afirmaciones, que es necesario corregir y precisar, puesto que resultan de una deficiente comprensión del texto “Católicos y Política” del P. José María Iraburu. De entrada, es menester indicar que el texto del P. Iraburu, que en realidad es una serie de artículos encadenados, expone buena parte de la Doctrina de la Iglesia sobre la política. No es un documento magisterial, pero si una buena guía para introducirse en el estudio del magisterio de la Iglesia sobre política. Aún en la segunda parte del compendio, cuando el P. Iraburu entra a una disertación más propositiva, donde advierte estar expresando opiniones particulares, no deja de realizar referencia constante a la Tradición eclesial.
 
La primera precisión, la aclaración más urgente, es: Voto Católico Colombia, no es, ni pretende convertirse en, un partido político. Aunque reconocemos, como bien expone el P. Iraburu, que la existencia de partidos políticos confesionalmente católicos es hoy una necesidad urgente de la Iglesia en todos nuestro países de Hispanoamérica, Voto Católico no nació con ese propósito, sino que nuestra labor es la información, como bien está expuesto en todos nuestros perfiles en Internet. La misión de Voto Católico es informar al laicado católico de Colombia sobre aquellos temas que son de especial sensibilidad, pues afectan directamente a la dignidad humana y comprometen, por tanto, la participación de los laicos en coherencia con la fe que profesan. Voto Católico, desde el inicio ha hecho pública su perspectiva doctrinal, emanada directamente del magisterio de la Iglesia, a partir de la cual se analiza la realidad política colombiana, permitiéndole al lector conocer de antemano el enfoque propio de la página. Para absolver dudas, reiteramos estos principios magisteriales:
Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos. Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución). No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos «los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio».[21] Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz. Una visión irenista e ideológica tiende a veces a secularizar el valor de la paz mientras, en otros casos, se cede a un juicio ético sumario, olvidando la complejidad de las razones en cuestión. La paz es siempre «obra de la justicia y efecto de la caridad»;[22] exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política. (Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Congregación Para la Doctrina de la Fe, 2002)
Es inconcebible la existencia de la democracia si los electores no pueden conocer la agenda de los candidatos por quienes van a votar. Este y no otro, es el derecho que pretendemos ejercer con el proyecto Voto Católico Colombia. Los laicos de Colombia quieren tener la información, y la formación, para tomar una decisión que sea verdaderamente acorde con su conciencia, y los medios de comunicación, comprometidos en la agenda ideológica del progresismo, les niegan esa posibilidad.

La segunda precisión es la siguiente: No podría estar más lejos el P. Iraburu de pedir el levantamiento en armas del Pueblo Cristiano contra los gobiernos apóstatas de este mundo. Presumiremos, de buena fe, que el craso error en que incurre la columnista se debe a la lectura superficial del texto y no a la intención deliberada de manipular la información. Transcribo el fragmento completo de donde la columnista extrae la frase que cita, y en donde además se exponen los límites estrictos que la Iglesia pone a la resistencia armada para ser considerada legítima (prueba de su compromiso irrenunciable con la Paz):

También la guerra puede ser lícita para combatir leyes y gobiernos injustos, que llevan a un pueblo a la degradación moral y a la ruina. Pío XI en la encíclica Firmissimam constantiam, dirigida a los Obispos de México, siguiendo la doctrina tradicional, enseña que «cuando se atacan las libertades originarias del orden religioso y civil, no lo pueden soportar pasivamente los ciudadanos católicos» (1937: Denzinger nn.3775-3776). Y en ese texto indica las condiciones necesarias para que sea lícita una resistencia activa y armada. Es la enseñanza actual que expone el Catecismo de la Iglesia Católica:
«La resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas sino cuando se reúnan las condiciones siguientes: 1) en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales; 2) después de haber agotado todos los otros recursos; 3) sin provocar desórdenes peores; 4) que haya esperanza fundada de éxito; 5) si es imposible prever razonablemente soluciones mejores» (2243).
Es indudable, por ejemplo, que un gobierno que promueve y financia cientos de miles de abortos, y que convierte en «derecho» esos asesinatos, comete «violaciones ciertas, graves y prolongadas de derechos fundamentales de los ciudadanos», concretamente de los más pobres e inválidos, de los más necesitados de protección legal. Y también es indudable que pueden darse y se han dado circunstancias históricas en las que el pueblo cristiano debe en conciencia levantarse en armas y «echarse al monte», como los Macabeos, arriesgando con ello sus vidas y sus bienes materiales por la causa de Dios y por el bien común de la nación. Pero actualmente, por el contrario, casi nunca pueden darse en las naciones las otras condiciones exigidas para un lícito levantamiento del pueblo en armas. Son naciones tan sujetas al gobierno del Príncipe de este mundo, Satanás, que es casi imposible que se den en ellas las condiciones 3ª y 4ª.
Voto Católico Colombia, lejos de buscar cualquier tipo de acción armada, fue creado con el propósito de promover la evangelización de la vida pública colombiana, a partir de la participación política de los laicos en el sistema democrático. De ahí su nombre.

Esperamos que con estas puntualizaciones se haya aclarado los malentendidos que deja ver la columnista en su artículo. Ah, una última cosa. En Voto Católico Colombia no tenemos ninguna relación, ni conocemos personalmente al Dr. Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación.

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