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lunes, 6 de mayo de 2013

El derecho a la Conciencia, por P. Pedro Mercado Cepeda

Reproducimos el artículo del P. Pedro Mercado, Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal para las Relaciones con el Estado, en el sitio web de la CEC.

La sentencia C-577 de 2011 estableció que, si el Congreso de la República no obedecía la apremiante orden de la Corte Constitucional de legislar sobre las uniones de personas homosexuales, los notarios y jueces estarían obligados a formalizar dichas uniones a través de un "contrato solemne". La misma Corte, considerando superada la interpretación tradicional del artículo 42 constitucional, equiparó dichas uniones a la familia.

Como es evidente, los planteamientos mencionados no solo contradicen la expresa voluntad de nuestra Carta Magna y del constituyente primario sino también los principios y valores que deben regir una recta consciencia humana y cristiana. En efecto, ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio y la familia existen, únicamente, entre dos personas de sexo opuesto que por medio de la recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus personas y a la procreación.

A los discípulos de Cristo, al menos a aquellos que no renunciamos a seguir el camino de su enseñanza moral, y a muchos otros ciudadanos no necesariamente creyentes, la sentencia C-577 de la Corte nos plantea un serio y profundo dilema de consciencia: a pesar de nuestra voluntad de cumplir a cabalidad nuestros deberes ciudadanos, nos vemos moralmente imposibilitados a aceptar y a acatar lo que se nos ordena.

El Cardenal Josef Ratzinger en un documento publicado en el 2003 afirmaba: "ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, o la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas, y asimismo, en cuanto sea posible, de la cooperación material en el plano aplicativo". Más claro imposible.

No podemos, por tanto, aceptar pasivamente que la familia, núcleo esencial de nuestra sociedad, sea sometida a una artificiosa y caprichosa redefinición. No podemos acatar, sin rebelarnos, un mandato que contradice el sentir más profundo de nuestra consciencia. Al menos, no podemos hacerlo sin obrar gravemente contra el plan de Dios y contra nuestra Constitución, pecando así contra los pilares fundamentales de nuestra vida cristiana y ciudadana.

Dicho dilema de consciencia habita hoy, especialmente, el corazón de no pocos notarios, católicos y no católicos, a los que la Corte conmina a oficializar las uniones homosexuales equiparadas a la familia. Afirman algunos que estos funcionarios obran como simples testigos y que por ello no pueden expresar consciencia propia y personal frente al contenido del acto jurídico que presencian. Nada más alejado de la realidad: los notarios no son máquinas que sellan y firman. La fe pública que a ellos compete custodiar y testimoniar implica, necesariamente, la existencia de una consciencia, propia y personal, que está a la base misma de su credibilidad pública. De ahí que su acto de "dar fe" no sea ética o moralmente neutral.

El dilema mencionado tiene una única solución: el Estado debe reconocer que frente al tema de la formalización de las uniones homosexuales es necesario garantizar, especialmente a los notarios y demás funcionarios públicos, el derecho innato e inalienable a la objeción de consciencia, consagrado en el articulo 18 de nuestra Constitución que reza: "se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarla ni obligado a actuar contra su conciencia". Es definitiva, no se puede reclamar la libertad de unos a costa de la libertad de otros.

De no ser reconocido ese derecho fundamental, no cabe otra salida que desobedecer el mandato de la Corte, ejerciendo nuestro derecho ciudadano a desatender una norma injusta que viola nuestra consciencia, expresión máxima de nuestra humana dignidad.

P. Pedro Mercado Cepeda
Secretario Adjunto del Episcopado

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