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domingo, 27 de abril de 2014

Gobierno se opone a que mujeres víctimas de violación reciban ayuda para tener a sus hijos

El 10 de septiembre del año pasado, el Representante a la Cámara, Miguel Ángel Pinto, presentó el proyecto de ley 89 de 2013 Cámara, con el objetivo de garantizar “protección médica, psicológica, y de alojamiento y alimentación” para las mujeres víctimas de violencia sexual que hayan quedado embarazadas. Pero además, plantea un apoyo económico directo para el sostenimiento de la madre y su hijo en el caso en que decida tenerlo, hasta que este cumpla los 18 años.

Pues bien, el pasado 18 de febrero, el Departamento para la Prosperidad Social, a nombre del gobierno nacional, presentó el concepto institucional al proyecto de ley. En ese concepto el gobierno celebra todas las medidas de apoyo para la mujer, excepto una:

Así las cosas, si bien son plausibles las medidas que se proponen para proteger a la mujer embarazada fruto de una conducta sexual no consentida, el marco dentro del cual se desarrollan, en especial la relacionada con el apoyo económico, es en el de la protección a la vida del nasciturus desconociendo la sentencia C-355 de 2006 y el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo “IVE”. La propuesta normativa debe replantearse de manera que su finalidad se encuadre dentro de los principios y derechos constitucionales, así como la jurisprudencia constitucional que los desarrolla de manera particular en los temas tratados.

Ya no nos encontramos en el caso de conflicto entre los derechos de la madre y los derechos del hijo, sino que en este caso se está negando la ayuda a la madre para evitar ayudar también al niño. El “derecho a abortar” se está convirtiendo en la “obligación de abortar”, pues para las madres que sufren una presión por su situación económica, la negativa del Estado a brindarles apoyo termina empujándolas forzosamente al aborto.

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Según el concepto del gobierno, el apoyo económico constituye “una forma de constreñir esa libertad en su faceta negativa”. ¿Puede haber una actitud más mezquina? No sólo reconocen que hay mujeres, que buscan el aborto ante la imposibilidad de mantener una familia, sino que además consideran que ayudarle a esas mujeres a superar esa situación “constriñe su libertad” de decidir. Para el gobierno, si las mujeres quieren abortar deben disponer de todas las facilidades y garantías para hacerlo, pero si lo que quieren es tener a sus hijos, entonces que no esperen nada del Estado. Para la administración Santos, la libertad de las mujeres es la libertad de abortar.

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