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viernes, 4 de abril de 2014

Sobre el origen de la autoridad y el caso del alcalde Petro

El pasado 19 de marzo, se cerró de forma definitiva (por lo menos por ahora) el episodio de la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Luego de las sucesivas manifestaciones, de la "tutelatón" con que lograron la suspensión temporal del fallo, de que los altos tribunales negaran las tutelas, de una resolución de medidas cautelares de la CIDH, que sorprendentemente llegó apenas unas horas después de negada la última tutela, finalmente el presidente rechazó la recomendación de medidas cautelares y ejecutó la sanción destituyendo a Petro de la alcaldía.

Frente a la sanción, los petristas han denunciado una "violación de la voluntad popular" por ser Petro un funcionario elegido por voto popular, lo que le haría "indestituible" por una autoridad administrativa como la Procuraduría. Esta idea, que corresponde a una discusión de Derecho Constitucional, merece que recordemos la Doctrina de la Iglesia respecto del origen de la autoridad.

La comparecencia de Jesús ante Pilato es una escena dramática en la cual se expone plenamente el problema constitucional planteado. En ella Pilato le dice a Jesús que él tiene el poder para soltarle o condenarle, y la respuesta de Jesús no podía ser más inesperada: “No tendrías contra mí ningún poder, si no se te hubiera dado de arriba; por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado.” (Jn 19, 10-11)

El Evangelio es unívoco a este respecto: Toda autoridad proviene de Dios, tanto la del padre sobre los hijos, como la del gobernante sobre sus gobernados. Esto no significa que las autoridades públicas no puedan ser elegidas por voto popular, sino que no puede pretenderse que el voto popular sea la fuente de la autoridad de los elegidos. La legitimidad para el uso del poder político es la búsqueda de la Justicia, no sólo entendida como la regulación de tal poder político según un ordenamiento legal, sino partiendo por reconocer que existe una ley anterior al Estado y a la cual todo gobierno debe ordenarse so pena de devenir tiranía.

La autoridad es ejercida en nombre de Dios, y por ello todo su legitimidad reside en ser ejercida conforme a la ley divina. Cuando el gobierno se pretende soberano, y el recurso a la “voluntad popular” es tal vez el más usado para esto, el Estado se instala en el lugar de Dios arrogándose el poder para pasar por encima de toda justicia. Por eso, al condenar a muerte a Jesús, los judíos hicieron aquella declaración apóstata: “No tenemos más rey que el César”.

Todos los regímenes totalitarios modernos gobernaron y cometieron sus excesos afirmando representar la “voluntad popular” y preocupa ver que hay católicos que siguen prestándose para ello. Puede estarse o no, de acuerdo con el juicio de la Procuraduría respecto de las faltas cometidas en la administración distrital, pero lo que ningún católico puede afirmar sin estar contradiciendo el contenido de su fe, es que las autoridades elegidas popularmente estén por encima de la ley y sin otro control más que la misma voluntad electora. Quien así habla, no sólo ayuda a la instauración de una nueva tiranía totalitaria, sino que rechaza la realeza social y espiritual de Nuestro Señor Jesucristo, Rey de los reyes y Señor de los señores. (Ap 19, 16)

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