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sábado, 11 de octubre de 2014

FIRMA: No queremos adoctrinamiento de género para nuestros hijos

No podemos permitir que el Estado se arrogue el derecho sobre la educación de nuestros hijos y pretenda imponer una visión de la sexualidad relativista y hedonista, en contra de los valores que les queremos inculcar.

Los padres tenemos el derecho de escoger el tipo de educación que recibirán nuestros hijos, y a criarlos según nuestras convicciones y valores. Este derecho se encuentra reconocido por los tratados de Derechos Humanos, y por la Constitución y las leyes Colombianas:

  • Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Artículo 26.3: Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), Artículo 18.4: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), Artículo 13.3: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), Artículo 12.4: Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
  • Convención sobre los Derechos del Niño (1990), Artículo 14.2: Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.
  • Constitución Política de Colombia (1991), Artículo 68, inciso 4: Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.
  • Ley 133 de 1994, Artículo 6: La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la siguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda persona: f) De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias convicciones.
  • Ley 1361 de 2009, Artículo 4°. Derechos. El Estado y la Sociedad deben garantizar a la familia el ejercicio pleno de los siguientes derechos: 14) Respeto y libertad en la formación de los hijos de acuerdo a sus principios y valores.

El Estado Colombiano pretende pasar por encima de este derecho fundamental de los padres de familia, primero con el Plan Nacional de Educación para la Sexualidad, ahora con la Ley 1620 y las propuestas que desde el Congreso quieren implantar una cátedra obligatoria de Ideología de Género en el currículo escolar.

Si los padres de familia queremos educar a nuestros hijos en una sexualidad responsable y con valores fundamentales como la castidad y la abstinencia, el Estado les dice que esos son “mitos y tabúes” que hay que desmontar, les enseña a desconfiar de la enseñanza moral de sus padres. Con la excusa de los “Derechos Sexuales y Reproductivos” están induciendo a los jóvenes a entender la sexualidad a partir de dinámicas de consumo, reduciendo la sexualidad a la satisfacción subjetiva y desvinculándola de su naturaleza familiar.

Además, en nombre de la “equidad de género” y la “no discriminación”, les enseñan que el sexo es una mera “construcción social”; que no existen la masculinidad ni la feminidad, sino que cada quien puede construir su propia “identidad de género” sin importar su sexo, y que cada uno puede decidir su propia “orientación sexual”. Se les habla de “diversidad de familias”, negando que la fecundidad y la complementariedad sexual es la naturaleza propia de la familia que les dio vida.

Y como si fuera poco, ya no respetan ni que los padres busquemos un colegio que comparta nuestros mismos valores y creencias, y en el cual se enseñe y practique cotidianamente los valores que les queremos inculcar. Con la Ley antimatoneo, se quiere obligar a todas las instituciones educativas, incluso aquellas de carácter religioso, a admitir prácticas que son abiertamente inmorales, e incluso podrían ser un delito, según el artículo 209 del Código Penal Colombiano.

Por todo esto, exigimos al gobierno nacional que deje de impulsar estos contenidos en los programas de orientación sexual, y que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en los valores y convicciones morales que ellos decidan.

Señores
Gobierno Nacional,

Honorables congresistas,

Los padres de familia exigimos respeto a nuestro derecho de escoger la educación moral y sexual que recibirán nuestros hijos, reconocido en el art. 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el art. 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el art. 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el art. 12.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el art. 14.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el art. 68 de la Constitución Política de Colombia, el literal f) del art. 6 de la Ley 133 de 1994, y el numeral 14 del art. 4 de la Ley 1361 de 2009.

Rechazamos los contenidos del Programa Nacional de Educación para la Sexualidad, por impulsar una visión de la sexualidad puramente hedonista y materialista. Nos oponemos a que a nuestros hijos se les incite al uso de anticonceptivos, a las relaciones sexuales por fuera del matrimonio, y a la promiscuidad.

También rechazamos que se pretenda adoctrinar a los menores en Ideología de Género, llenándoles la cabeza con un relativismo confusor y nocivo, que se les diga que nada tiene que ver su sexo biológico con su “identidad de género” o su “orientación sexual” induciéndoles a desconocerse y dificultándoles la formación de su identidad.

Rechazamos que el Estado colombiano establezca alianzas con una entidad malthusiana como el Fondo de Población de las Naciones Unidas a través de campañas con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Nacional, orientadas al control demográfico a través de la “educación sexual”.

Además, reclamamos el derecho de matricular a nuestros hijos en instituciones donde se eduque y se practiquen los valores con los cuales queremos criar a nuestros hijos. Por eso rechazamos que el Ministerio de Educación quiera forzar a los colegios a cambiar los Manuales de Convivencia para admitir prácticas inmorales y que podrían constituir delito según el artículo 209 del Código Penal Colombiano.

Por estas razones, exigimos la suspensión inmediata del Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, mientras se revisa y se adecúa para respetar el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos en sus propias convicciones.

Exigimos la suspensión de la aplicación del artículo 20 de la ley 1620 por violar abiertamente el derecho fundamental de los padres de familia. También, que el gobierno nacional se abstenga de imponer cambios en los manuales de convivencia de las instituciones educativas que vayan en contra de los principios institucionales, amparados por la libertad de asociación y la libertad religiosa.

Exigimos la retirada del proyecto de ley 63 de 2014 Senado, y del artículo 9 del proyecto de ley 217 de 2014 Cámara – 107 de 2013 Senado, por imponer también una visión sobre la sexualidad y la identidad, absolutamente distorsionada, negando la complementariedad sexual.

Por último, requerimos del gobierno nacional, el establecimiento de mecanismos por medio de los cuales, los padres de familia puedan expresar su consentimiento u objeción a cualquier campaña o programa educativo relacionado con temas morales, como la sexualidad.

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