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jueves, 6 de agosto de 2015

Oleada de proyectos en el Congreso contra la vida, la familia y la libertad de conciencia

Congreso estudiará paquete de proyectos del Partido de la U que legitiman nuevos derechos

La semana pasada, el Congreso recibió una oleada de nuevos proyectos de ley, entre los cuales debemos advertir sobre varios de ellos que atacan directamente la vida, la familia y la libertad religiosa. Se trata del proyecto para reglamentar la objeción de conciencia, el proyecto de “matrimonio” homosexual, unión civil homosexual, legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, y adopción por parejas del mismo sexo.

Cuatro de estos proyectos han sido coordinados entre los senadores Armando Benedetti, Roy Barreras y el representante Alfredo Deluque, todos del Partido de la U, siendo además, éste último, presidente de la Cámara de Representantes. En este orden, no es aventurado pensar que los cuatro proyectos tienen el aval del gobierno del presidente Santos.

“Matrimonio” y unión civil homosexual

Los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras han presentado respectivamente el proyecto de ley 29 de 2015 Senado y el proyecto de ley 31 de 2015 Senado, en lo que pareciera ser una estrategia coordinada con el fin de jugar en dos frentes a la vez para conseguir la aprobación de uno de los dos proyectos.

El primero es un reencauche del anterior proyecto de ley 47 de 2012 Senado que quiso legalizar el “matrimonio” entre parejas del mismo sexo, eliminando la expresión “un hombre y una mujer” y la procreación como fin del matrimonio, en la definición de matrimonio contenida en el artículo 113 del código civil, pero fue hundido por la Plenaria del Senado en 2013. El segundo proyecto parece una copia del anterior proyecto de ley 141 de 2015 Senado, también del senador Benedetti, en el cual proponía la creación de una institución parasitaria del matrimonio llamada “unión civil” que aplicaría exclusivamente para parejas del mismo sexo, y tendría en todo el mismo régimen que el matrimonio.

Nuevamente la eutanasia

Los congresistas del partido de gobierno han presentado juntos el proyecto de ley 30 de 2015 Senado que pretende reglamentar la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido. El proyecto tiene la misma redacción que los anteriores proyectos de ley 70 de 2012 Senado y 117 de 2014 Senado, siendo esta la 6a vez en que el senador Benedetti insiste con el proyecto.

Cabría preguntarse qué utilidad tiene la presentación de un nuevo proyecto de reglamentación de la eutanasia cuando la Corte Constitucional ya se ha saltado al Congreso y le ha ordenado al gobierno la reglamentación de la práctica. Pero lo cierto es que la resolución del Ministerio de Salud se encuentra demandada y podría ser anulada en el Consejo de Estado, siguiendo la jurisprudencia del tribunal respecto del Decreto 4444 de 2006. Además, la propuesta de los senadores de la U, implica legalizar la práctica de la eutanasia involuntaria, bajo decisión de la familia o autónoma del médico, lo cual va más allá de la reglamentación hecha por el ministerio.

Adopción por parte de parejas del mismo sexo

El otro de los proyectos presentados por los congresistas de la U, el proyecto de ley 32 de 2015 Senado, busca modificar las normas de adopción, para aprobar la adopción por parejas del mismo sexo. Al igual que con los proyectos de “matrimonio” y unión civil homosexual, con este proyecto los congresistas buscan anticiparse a la decisión que la Corte Constitucional debe tomar según una demanda de constitucionalidad a los apartes de la ley de adopción que este proyecto modifica.

Restricción a la objeción de conciencia

Como si fuera poco, la senadora Viviane Morales, junto con varios congresistas del Partido Liberal, ha presentado el proyecto de ley 20 de 2015 Senado, para reglamentar el derecho fundamental a la objeción de conciencia. El proyecto recoge los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el tema de aborto, restringiendo el derecho fundamental a su mínima expresión en el caso de los médicos que objeten la práctica del aborto y la eutanasia. El proyecto los obliga a registrarse como objetores, y a colaborar con la práctica del homicidio, prenatal o geriátrico, suministrando todo el discurso oficial sobre la práctica y remitiendo al paciente a un médico que sí haga la práctica.

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