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jueves, 1 de septiembre de 2016

Porqué votaré NO en el plebiscito, por P. Mario García Isaza

Reproducimos el siguiente artículo del P. Mario García Isaza, formador del seminario arquidiocesano de Ibagué.

Resultado de imagen de mario garcia isazaHe leído, y a fe que me costó un gran esfuerzo, todo el texto del acuerdo final entre el gobierno y las FARC, que será propuesto para su aprobación o su rechazo al pueblo colombiano el próximo dos de octubre. Y quiero compartir, con el mejor de los ánimos, esta reflexión, mientras pido a Dios que ilumine la mente de cada uno de los colombianos para hacer un discernimiento objetivo, serio, ilustrado, antes de participar en esa consulta popular. Están en juego intereses demasiado trascendentales de la patria para obrar de otra manera.

No entro a glosar, desde el punto de vista de la forma, el texto del acuerdo final; que bajo ese aspecto no resiste el menor análisis de quien tenga un manejo siquiera medianamente culto del castellano. Si por su contenido su lectura es difícil, su estilo lo hace verdaderamente estomagante. ¡Qué de desafueros contra el idioma! ¡Qué de estupideces con el tal lenguaje incluyente! ¡Qué bodrio gramatical!

Si antes de conocer el farragoso texto pensaba no poder aprobar, con un simple sí, en bloque, todo cuanto el gobierno del doctor Santos y las FARC hubieren pactado en La Habana, después de la lectura estoy aún más convencido de no poder hacerlo. Votaré NO. Y hé aquí unas cuantas razones que me llevan a decir : en conciencia no puedo votar sí.

1.- Todos los colombianos queremos la paz; yo la deseo, y la anhelo, y la pido desde el fondo del alma. Pero una paz en aras de la cual se establece una ominosa impunidad para quienes han cometido los más horrendos delitos y le han inferido a la patria las afrentas y daños peores de toda su historia, no es una paz éticamente aceptable. No puedo aprobar que mientras miles de colombianos pagan años de cárcel por un robo, o un homicidio, o un negocio ilícito, el gobierno acepte que los que tienen a cuestas miles de asesinatos, y han destruido la infraestructura del país, y lo han convertido en el suministrador de drogas malditas para el mundo entero, y han acumulado en ese sórdido comercio riquezas fabulosas, y han hecho de la vida de miles de compatriotas objeto de compraventa mediante el secuestro, y han sido violadores y reclutadores de niños y niñas… digan a boca llena : no pagaremos un día de cárcel.

2.- No logro entender ni aceptar que el gobierno proyecte las necesarias reformas que la nación necesita –reforma agraria, de la justicia, política, etc.– no con la clase pensante del país, con los órganos legítimos que tendrían esa función, con el Senado de la República, la Academia, las Cortes, sino que lo haga con un grupo terrorista, que ha combatido la democracia y pisoteado las leyes. Ese no puede ser el contertulio del gobierno para diseñar la patria del futuro.

3.- La reforma agraria que se diseña en el documento, tiene claros matices de una reforma de inspiración socialista-marxista y totalitaria. Entre líneas asoma el riesgo de métodos expropiatorios y ofensivos de la propiedad privada. ¿Cómo, si no es con tales métodos, podrá disponer el gobierno de los diez millones de hectáreas que se ha comprometido a repartir?

4.- No es aceptable que los responsables de tantos crímenes digan, como lo han hecho, que no tienen nada de qué arrepentirse, y que en el larguísimo documento no haya una sola palabra que equivalga a una petición de perdón; y mucho menos que, contra lo que en teoría admiten en el documento, sigan negándose a entregar a los centenares de niños que criminalmente tienen en sus filas, y que, en el colmo de la desfachatez diga uno de sus principales voceros que no tienen niños reclutados sino en protección…y por eso no los entregarán.

5.- Resulta absolutamente inaceptable, y ni Colombia ni la comunidad internacional puede admitir que, en una trampa maliciosamente armada, después de reconocer teóricamente que hay crímenes que no pueden ser objeto de amnistía o de indulto, y de enumerarlos, entre ellos el narcotráfico y la extorsión, luego se los cobije con el término de “conexos” con el delito político, ese sí amnistiable, al darle ese carácter de conexidad a “las conductas dirigidas a apoyar, financiar, u ocultar el desarrollo de la rebelión” (N° 33) ¿Acaso los rebeldes no alegan que el narcotráfico y la extorsión, y el secuestro, han sido las formas de financiación de su movimiento?

6.- No puede aceptarse que no se diga, en el malhadado acuerdo, una sola palabra en el sentido de revelación y entrega de las fabulosas sumas de dinero que, –así diga el presidente de la república que no los ha podido encontrar– todos sabemos que tienen las FARC, como fruto de sus criminales actividades.

7.-No puede el Gobierno comprometerse, como lo hace en el acuerdo, a garantizar la no extradición para los integrantes de las FARC. ¿Por qué, cuando sí extradita a otros ciudadanos por los mismos delitos que los rebeldes han cometido en mayor cuantía y gravedad? ¿ Es eso justo?

8.- Dijo en varias oportunidades el presidente de la República que no se les otorgarían curules “a dedo” en los cuerpos legislativos a los integrantes de las FARC. Y ahora, en descarada contradicción, se les aseguran diez asientos en el Parlamento, sin que tengan que hacerse elegir, amén de establecer dieciséis circunscripciones electorales evidentemente pensadas para que tengan más representantes. Eso no puede cohonestarse.

9.- No puede ser que el gobierno premie a los que no tienen otro mérito que sus crímenes, otorgando a cada uno de ellos, para empezar y por solo desmovilizarse, dos millones de pesos; que luego les asegure una “bonificación” equivalente al 90% del salario mínimo, esto durante dos años; y que después de ese lapso, si no tienen trabajo remunerado, se les continúe brindando esa remuneración, sin que se diga por cuántos años. Pero, además, cada guerrillero podrá reclamar ocho millones de pesos para montar un proyecto productivo.

¡Cuántos colombianos honestos y respetuosos de la ley quisieran tener esas ayudas! Alguien ha calculado que, hechas todas las cuentas, cada guerrillero nos costará –¡Sí! nos costará–  la bicoca de 275 millones de pesos.

10.- Los colombianos no podemos aceptar que lo convenido entre los guerrilleros y el gobierno se constituya en una norma supraconstitucional, inmodificable, que nos quitará a perpetuidad toda posibilidad de revisión o cambio. Pues eso es lo que entraña lo que se dice en este documento: “El acuerdo final para la terminación del conflicto (…) constituye un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949” y “se depositará inmediatamente tras su firma ante el Consejo Federal Suizo en Berna o ante el organismo que lo sustituya en el futuro como depositario de los Convenios de Ginebra”. En plata blanca, eso significa que lo aquí pactado se convierte en una norma supraconstitucional, de carácter internacional, y que nunca, ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni siquiera el pueblo todo de Colombia mediante una Asamblea constituyente podrá tocar lo pactado.

11.- Hace unas semanas, ante la clamorosa reacción de los ciudadanos frente a la pretensión de imponer la llamada ideología de género en la educación colombiana, el presidente de la república afirmó tajantemente que en ningún momento el gobierno pretendía estimular o imponer dicha ideología; sabemos bien todo lo que se esconde tras ella. Pues bien, puede afirmarse que la ideología de género atraviesa, casi como un hilo conductor, todo el texto del acuerdo final que nos ocupa. Miren ustedes estos datos: el término género no se encuentra ni una sola vez en la Constitución colombiana; pues bien, en este acuerdo final, atérrense, la expresión “enfoque diferencial y de género” está 114 veces. Parece un tema obsesivo. Uno se pregunta quién o quienes, entre los contertulios de La Habana, estaba detrás de todo esto. Y hay afirmaciones categóricas y muy dicientes; por ejemplo, hablando de las funciones que competen a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, se lee: “Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito del trabajo de la Comisión” y “para que todos los instrumentos de la Comisión tengan un enfoque de género” Esa ideologización perversa tenemos que rechazarla.

12.- Algo similar, o peor. ¿Qué tienen que ver las personas homosexuales, en cuanto tales, en un tratado o acuerdo de paz? Pues el acuerdo final menciona a “la comunidad LGBTI” no menos de cuarenta veces; equipara a ese grupo, como realidad social, a los campesinos, las negritudes, los afrodescendientes, los indígenas, la clase obrera, los jóvenes, etc. Pero, aquí viene el colmo: el gobierno de Colombia se compromete a fomentar la organización y las actividades de los homosexuales. Suena tan increíble, que es necesario, después de sobarse los ojos, copiar textualmente del texto frases como éstas: “Apoyar, mediante asistencia legal y técnica, la creación y el fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales, incluyendo.las organizaciones de mujeres, de jóvenes y de población LGBTI” Y un poco más adelante : “Promover la organización de redes y movimientos sociales, incluyendo aquellas de mujeres, jóvenes y población LBGTI que hagan visibles los liderazgos y garanticen su capacidad de plena interlocución con los poderes públicos” Los colombianos no podemos cohonestar con nuestro sí semejante aberración.

Quedan flotando otros interrogantes, sobre asuntos quizá de menos cuantía pero en todo caso significativos; por ejemplo: ¿porqué se les dan seis meses para la “dejación” de las armas? ¿Cómo será el sostenimiento de los guerrilleros durante meses en las llamadas zonas veredales? ¿Y qué de las 31 emisoras de FM que tendrán a disposición para hacer “pedagogía”? Pero todo lo expuesto aquí, es suficiente, como razón, para entender porqué, actuando como nos lo han pedido nuestros Pastores, en conciencia, votaré NO en el plebiscito.

Mario García Isaza

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