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sábado, 10 de diciembre de 2016

Clínicas de Fertilidad impulsan el Proyecto de Ley de Técnicas de Reproducción Asisitida

Reprotec

Como lo habíamos informado en días pasados, la Comisión Primera del Senado aprobó el Proyecto de Ley 56 de 2016 Senado, que pretende reglamentar la aplicación de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Aparentemente el texto aprobado reúne las principales observaciones de los expertos invitados al debate, sin embargo, es claro que no fueron tenidas en cuenta las intervenciones que señalaban las graves violaciones a la vida y a la dignidad humana que legaliza este Proyecto. Es más, al revisar con detenimiento las modificaciones al articulado se hace evidente que las proposiciones incorporadas fueron las presentadas por las únicos que intervinieron en defensa del proyecto: las Clínicas de Fertilidad.

Germán Ospina, Director del Instituto de Fertilidad Humana y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Centros de Fertilidad Humana –entidad  que agrupa a 23 de los cerca de 28 centros de fertilidad del país– se basó en los pronunciamientos (no vinculantes) de la Organización Mundial de la Salud, para afirmar que cuestionar la realización de los tratamientos de fertilidad sería un atentado a los derechos fundamentales y una afectación a la realización de las parejas. De esta manera, Ospina presenta la satisfacción de los deseos y las necesidades personales, como el cumplimiento de un derecho fundamental. Este argumento permite ampliar el espectro de aplicación del Proyecto de Ley, logrando así que este no se centre únicamente en la inseminación artificial, sino que avale cualquier procedimiento de manipulación de óvulos y espermatozoides con miras a la reproducción humana, incluso si esto significa un menoscabo a la vida y la dignidad humana en las primeras fases de gestación.

Por su parte, Ricardo Rueda, Director del Centro de Fertilidad Reprotec y representante de la Academia Nacional de Medecina, órgano consultor del gobierno en esta materia, fue más allá. Además de secundar las propuestas de su colega solicitó a los Honorables Senadores apartarse de las razones de credo y los fundamentalismos, y reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo en este tema. Rueda acudió a las nuevas definiciones de "familia" y al derecho de autodeterminación de la mujer para garantizar que prácticas como la maternidad subrogada se extiendan a las personas solteras, abriendo así la puerta para que los homosexuales también accedan a estos tratamientos.

Por último, era imposible imaginar que este debate hubiera terminado sin la intervención de Profamilia, institución que "anualmente atiende más de 700.000 personas en servicios de fertilidad y fertilización". La encargada de pronunciarse en favor de esta organización reiteró los argumentos dados por Rueda, acudiendo al discurso de la no discriminación para asegurar que excluir a ciertas personas de los tratamientos de fertilidad es un acto violatorio de un derecho fundamental. La vocera de Profamilia incluso llegó a afirmar que limitar la manipulación de los embriones es un menoscabo al derecho a la salud, porque cualquier prohibición impide los avances científicos a los que se puede llegar a partir de la experimentación. Como consecuencia, el Proyecto permite que las Clínicas de Fertilidad experimenten en sus laboratorios con la vida humana, ya no sólo con fines reproductivos, sino manipulando embriones con la excusa de garantizar el bienestar de los nacidos.

Es así como, continua en curso en el Congreso de la República un Proyecto de Ley que, bajo los argumentos de la no discriminación, los derechos fundamentales, la realización personal y el avance científico, da vía libre a una serie de procedimientos que atentan contra la dignidad humana, en los que los médicos tratan a la vida como un objeto con el que se puede experimentar en un laboratorio. Un Proyecto que resulta sumamente beneficioso para las Clínicas de Fertilidad, porque además de aparentar que se regulan prácticas sumamente nocivas, abre la posibilidad de que incluso personas homosexuales accedan a estos costosos tratamientos. Costos que podemos llegar a asumir quienes que no accedemos a los procedimientos, pues el articulado, en consonancia con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, deja abierta la posibilidad de que los gastos médicos sean subsidiados por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Hay que ver si las Clínicas de Fertilidad logran darle a este Proyecto de Ley el impulso suficiente para pasar los tres debates que le restan, o si por el contrario termina archivado como otros proyectos que han intentado favorecer a la industria de la producción de bebés.

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