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lunes, 16 de octubre de 2017

Editorial: La guerra de Profamilia y DeJusticia contra 40 días por la Vida

screenshot-www.profamilia.org.co 2017-10-16 14-49-22-994Hace algunos dias se conoció el informe de actividades de la principal organización abortsta del país, Profamilia, en 2016. En el informe destaca un párrafo que dice literalmente: "Coordinación de una estrategia de incidencia política para contener y reducir los efectos causados por las manifestaciones masivas en contra del aborto lideradas por el grupo "40 días por la vida", movilizaciones desarrolladas dos veces al año, frente a las instalaciones de las clínicas de Profamilia ubicadas en doce ciudades del país. La estrategia de contención fue gestionada en alianza con el Centro de Derechos Reproductivos, Dejusticia y la Fundación Oriéntame y contó con la asistencia técnica de Planned Parenthood Federation of America - PPFA."

Lo primero que conviene señalar al respecto, es que se trata indudablemente de una confirmación del impacto de la campaña de 40 días por la vida y cómo está afectando negativamente su negocio abortista. Podemos hacernos una idea de cuán grave les parece el desarrollo de la campaña a partir de las organizaciones que están involucradas. Para la estrategia han tenido que llamar a todas las organizaciones abortistas del país y al lobby jurídico DeJusticia, y de paso solicitar el apoyo de la casa madre de Planned Parenthood en Estados Unidos.

Ahora bien ¿En qué puede consistir esa "estrategia de contención"? El informe no arroja más detalles, por lo que intentaremos evaluar las posibilidades de acción de la industria pro-aborto al respecto. En primer lugar, nótese que se trata de una "estrategia de incidencia política", lo cual quiere decir que el medio buscado para contrarrestar la campaña de oración es a través de las leyes o las políticas públicas. Eso es lo que justifica la presencia de DeJusticia, la organización que ha liderado las demandas ante la Corte Constitucional para legalizar el aborto, el matrimonio homosexual, la ideología de género, etc.

A juzgar por las reacciones inmediatas, la primera opción de la industria proaborto fue intentar criminalizar la campaña pretendiendo vincularla con supuestos actos de violencia. Cuando 40 días por la vida llegó a Colombia en 2015, los medios pro-aborto como El Espectador publicaron artículos tratando de asociar la campaña de oración con atentados y tiroteos en otros países, insinuando que una cosa podría llevar a la otra, y cuando la Policía Nacional acompañó la procesión con el Santísimo Sacramento, intentaron un linchamiento mediático contra la institución acusándolos de estar violando los derechos de las mujeres y el Estado Laico.

Ahora bien, pretender prohibir directamente una manifestación pacífica y de carácter abiertamente religioso podría provocar una reacción aún más fuerte, pues implicaría la violación de al menos tres derechos fundamentales (libertad de reunión, libertad religiosa y libertad de expresión). Por lo tanto, lo más probable es que intentasen un desarrollo normativo, por vía legislativa o jurisprudencial, del supuesto "derecho al aborto" que obligase a las autoridades locales a garantizar el "acceso al aborto" en forma tal que indirectamente les impusiese restringir la permanencia de la campaña en frente de los abortorios. Ya el año pasado hubo un intento de impedir la oración frente al Oriéntame de Pereira, que afortunadamente no trascendió.

Hacemos la salvedad de que se trata de un ejercicio especulativo para tratar de adelantarnos a la estrategia de los abortistas. No tenemos ninguna información que pueda confirmar o al menos apoyar estas hipótesis. No obstante, vale la pena adelantarse a los hechos y tener la defensa preparada.

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