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lunes, 23 de octubre de 2017

Editorial: La trampa de la corrupción como criterio a la hora de votar

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Después de varios meses de investigaciones, el Consejo Nacional Electoral resolvió absolver a Óscar Iván Zuluaga de las acusaciones de recibir dineros de la multinacional Odebrecht. La investigación fue iniciada en febrero por denuncia de su popio partido, el Centro Democrático, bajo investigación de otro pre-candidato, el senador Iván Duque Márquez. La semana pasada el CNE determinó que no existe ninguna prueba de que Odebrecht hubiera financiado la campaña presidencial de Zuluaga, la Fiscalía también reconoció que no existen pruebas del ingreso de dineros ilegales en la campaña.

No es el único proceso judicial del que Zuluaga sale ileso. En 2014, en el momento más álgido de la campaña se denunció que Zuluaga habría contratado un “hacker” para interceptar ilegalmente a los negociadores con las FARC en La Habana. Al poco tiempo, la Revista Semana publicó un video, que haría parte del material probatorio de la Fiscalía, en el que se veía una reunión del candidato con el hacker Sepúlveda. El video levantó numerosas sospechas cuando varios peritos técnicos señalaron que el video publicado por Semana tenía numerosos cortes y puntos de edición que no se correspondían en absoluto con el audio de la conversación, que podría haber sido fabricada digitalmente. Estas sospechas se confirmaron cuando El Tiempo publicó el video original y completo de la reunión, en el que buena parte de los diálogos incriminatorios del video de Semana eran inexistentes. Tres años después, ya reelegido Santos, se hizo público por boca de Julián Quintana, ex director del CTI, que la investigación partió de la Dirección Nacional de Inteligencia que había logrado infiltrar a Daniel Bajaña y el español Rafael Revert en la campaña de Zuluaga. En enero de este año, la investigación contra el ex candidato presidencial fue archivada.

En la campaña presidencial de 2014, Óscar Iván Zuluaga era el único candidato que defendía públicamente el derecho a la vida de los que están por nacer, así como el matrimonio y la familia natural. Había firmado y apoyado públicamente el Referendo por el Derecho a la Vida, y es muy posible que muchos católicos que por estas razones habían decidido votar por él, luego del escándalo del caso hacker le retiraron su apoyo. No es Zuluaga el único que ha sido injustamente incriminado con el propósito de truncarle sus posibilidades electorales. Luis Alfredo Ramos fue acusado de parapolítica en 2013 y estuvo varios años preso hasta que en 2016 se demostró su inocencia y la existencia de un cartel de falsos testigos detrás de su caso. Hoy, Alejandro Ordóñez, el único precandidato que promete desmontar por completo el acuerdo con las FARC, está siendo investigado por la Corte Suprema, la misma corte que está envuelta en un escándalo por cobrar fallos a los acusados, por una demanda interpuesta por Rodrigo Uprimny, el principal litigante a favor de la agenda laicista, LGBT y abortista en el país.

En 2014 algunas personas criticaron que en Voto Católico Colombia nos limitáramos a estudiar a los candidatos según sus posturas respecto de temas morales como el aborto, la eutanasia, las uniones homosexuales o la ideología de género, sin tener en cuenta la corrupción o las investigaciones que el candidato tenga en contra. La experiencia nos ha venido demostrando que es mucho más fiable conocer la postura moral de un candidato según sus propias declaraciones públicas, que a través de acusaciones por parte de terceros. Si la política colombiana nada en corrupción, no es de extrañar en lo absoluto que permanentemente quiera enlodar e inculpar a los candidatos que no participen de ella. Por esta razón, el hecho de que desaconsejemos guiarse de las acusaciones e investigaciones por corrupción a la hora de votar, no significa ni mucho menos apoyo o indiferencia frente a la corrupción, sino simplemente desconfianza hacia las instituciones judiciales del Estado colombiano, así como respeto por la presunción de inocencia.

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