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lunes, 13 de junio de 2022

Editorial: No existe la “doctrina del mal menor” en la moral católica.

InfoCaótica: El mal menor no es un pecado menor

Desde la fundación de Voto Católico Colombia, hemos señalado al ´”voto útil” como el enemigo del Voto Católico, que debe siempre ser en conciencia. Cada cuatro años, los buenos candidatos que se han presentado, especialmente en las elecciones legislativa, han sido sistemáticamente abandonados por el voto de los católicos, quienes ante el temor infundido por la izquierda, han decidido votar por “el candidato con opciones” que al salir elegidos han participado y apoyado la misma agenda progresista de la izquierda.

Esa misma lógica malsana es la que cada cuatro años vende a los católicos un mal candidato, un candidato abortista, eugenista, eutanasista homosexualista, con la excusa de que es un “mal menor” al ser comparado con el candidato de la izquierda. En los años anteriores el nombre de “mal menor” hacía referencia a que la elección era entre un candidato que defendía la legalización total del aborto frente a otro que decía “respetar” las decisiones de la Corte. En aquel entonces el mal menor era meramente aparente, pero al menos evidenciaba la necesidad de mantener las apariencias en función de los votos, cosa que hoy ya ni es necesaria.

En efecto, hoy en día no sólo han aparecido católicos, católicos pro-vida, conservadores, de formación supuestamente tradicional, quienes no sólo le tuercen el pescuezo a la moral católica para defender la existencia de una “doctrina del mal menor”, no sólo para justificar la licitud moral de votar por un candidato abiertamente radical en temas como el aborto, la ideología de género o la legalización de la droga, sino incluso para pretender que habría una obligación de votar por ese supuesto “mal menor”. Indepedientemente de la situación concreta del país y de los candidatos existentes, parece urgente desmentir la existencia de semejante “doctrina del mal menor” que bajo los mismos mecanismos de la moral de situación, destruye los fundamentos de la moral católica.

La supuesta doctrina del “mal menor”

Según tal “doctrina”, estando abocados a elegir entre dos males, en este caso votar en una elección en que el programa de ambos candidatos es malo (ej: ambos candidatos son abortistas), es perfectamente legítimo optar por el menos malo de los dos (ej: Aquel de los dos que no es Comunista), mientras se tenga claro que no se vota a favor del candidato malo sino en contra del otro peor. Esta salvedad según unos debería hacerse de forma pública, mientras que otros dicen que basta con que el católico tenga esa claridad en la conciencia. Algunos añaden incluso, que siendo uno de los dos candidatos un Comunista, existiría incluso la obligación de oponerse a él por todos los medios, incluyendo votar por el otro candidato, de modo que los católicos que votasen en blanco o se abstuviesen de votar serían culpables de omisión por “permitir que Colombia caiga bajo el yugo del Comunismo”.

Resulta difícil encontrar el fundamento que utilizan los católicos antecitados para defender la existencia de supuesta “doctrina del mal menor”. El P. José María Iraburu la describe citando a Santo Tomás:

El gobierno humano proviene del divino y debe imitarle. Pues bien, siendo Dios omnipotente y sumamente bueno, permite, sin embargo, que sucedan males en el universo pudiéndolos impedir, no suceda que, suprimiendo esos males, queden impedidos bienes mayores o incluso se sigan peores males. Así, pues, en el gobierno humano, quienes gobiernan toleran también razonablemente algunos males para no impedir otros bienes, o incluso para evitar peores males. Así lo afirma San Agustín en II De Ordine: Quita a las meretrices de entre los humanos y habrás turbado todas las cosas con sensualidades. Por consiguiente, aunque pequen en sus ritos, pueden ser tolerados los infieles, sea por algún bien que puede provenir de ello, sea por evitar algún mal. (Summa Teológica, II-II, q.10, art. 11)

Aquí conviene anotar que existe una diferencia radical entre la tolerancia del mal menor, propuesta por Santo Tomás. y la pretendida “doctrina del mal menor” que defiende la posibilidad de hacer el mal con el objeto de hacer un bien. Santo Tomás indica la licitud de tolerar el mal menor en la acción misma de Dios, que pudiendo eliminar el mal del Mundo no lo hace, sin que pueda decirse en ningún momento que Dios sea la causa del mal existente. Dios permite el mal menor, pero en ningún momento hace el mal, pues eso sería absolutamente contrario a su naturaleza.

En ese orden, la doctrina moral de la Iglesia siempre ha rechazado la tesis maquiavélica según el cual una acción mala pueda convertirse en buena según el efecto buscado.

En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. (Pablo VI, Humanae Vitae 14)

Según la filosofía moral, la bondad o malicia del acto depende del objeto, intención y las circunstancias. La intención hace referencia a la parte subjetiva del acto, el fin deseado por la voluntad al mover la acción, el objeto a la acción en sí misma considerada, y las circunstancias a los demás aspectos contingentes que rodean la acción (incluyendo los efectos, salvo que sean previstos pues entonces son incluidos en la intención). La Iglesia enseña que un acto bueno requiere bondad de intención, objeto y circunstancias (bonum ex integra causa malum ex quocumque defectu) por lo cual un acto que sea objetivamente malo, no puede convertirse en bueno sólo por estar inspirado por una buena intención o procurando obtener un efecto bueno. (Juan Pablo II, Veritatis Splendor 81)

Contra esta misma tesis del consecuencialismo moral advierte el famoso moralista Antonio Royo Marín (negrillas nuestras):

El mal menor es un mal, y no es lícito jamás inducir a nadie al mal, aunque se trate de un pecado venialísimo. No vale decir que al aconsejarle el mal menor no se intenta la producción de ese mal menor, sino la disminución del mal mayor, lo cual no deja de ser un bien. Es falso este modo de razonar. Porque lo que procede para alejarle del mal mayor es aconsejarle que desista de él, o proponerle un bien en el que no había reparado, o distraerle para evitar que se entregue al mal, o a lo sumo proporcionarle ocasión de un mal menor sin aconsejárselo; pero jamás aconsejándole un mal, aunque sea menor. Si no es lícito jamás inducir a nadie a cometer un pecado leve, ¿por qué lo ha de ser en esta ocasión? De dos males desiguales o iguales no se puede aconsejar ninguno: hay que rechazar los dos. Tanto más cuanto de ordinario se incurrirá en el inconveniente notado por los partidarios de la última opinión indicada, a saber: que se le hará cometer un segundo pecado (el menor), además del mayor ya cometido en su corazón. (Antonio Royo Marín O.P., Teología Moral para Seglares II, Lib. III Trat. I, Sec. I, Cap. III, lit. G)

Aunque en esta ocasión se refiere específicamente al escándalo que comete quien aconseja un mal, con la excusa de que se trata de un mal menor frente al que se quiere cometer, el principio es perfectamente aplicable para el caso del voto, pues el voto no es más que el mensaje enviado por la ciudadanía (Si bien limitado y filtrado por el rango de opciones que le permiten los partidos políticos) acerca del tipo de gobierno que desean tener, y por ende tiene una cierta relación de causalidad respecto de los actos realizados por el gobierno elegido.

¿Votar por un candidato implica necesariamente avalar todo su programa?

Ahora bien, algunos de estos católicos niegan que votar por un candidato que en su programa haya declarado defender el aborto, las uniones homosexuales, etc. constituya un mal intrínseco capaz de viciar por completo la moralidad de la accion. Más aún, si consideramos que actualmente no existe ningún candidato que no defienda la legalización, al menos parcial del aborto, es perfectamente lícito guiarse por otros temas a la hora de votar mientras se deje públicamente claro el desacuerdo con los aspectos reprochables del programa del candidato.

Sin embargo, algo muy distinto nos dice el Magisterio de la Iglesia:

En tal contexto, hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de la búsqueda del bien común en su totalidad. Ni tampoco el católico puede delegar en otros el compromiso cristiano que proviene del evangelio de Jesucristo, para que la verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada y realizada. (Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al  compromiso y la conducta de los católicos en la vida política 4)

Cabe recordar que en esa misma nota doctrinal el Card. Ratzinger incluyó el rechazo al aborto y la eutanasia como “exigencias éticas fundamentales” que “no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno”, y en otros pronunciamentos posteriores, ya como Benedicto XVI, los denominó “principios no negociables”. ¿Qué puede significar esa “no negociabilidad” de la defensa de la vida humana si pretendemos votar en favor de un candidato abortista sólo “porque el otro es peor”?

Los católicos malminoristas argumentan la posibilidad de votar por el “menos abortista” de los candidatos, rechazando la parte mala de su programa político, invocando un pronunciamiento de Juan Pablo II:

Un problema concreto de conciencia podría darse en los casos en que un voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados, como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas para la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos organismos internacionales, en otras Naciones —particularmente aquéllas que han tenido ya la experiencia amarga de tales legislaciones permisivas— van apareciendo señales de revisión. En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta; antes bien se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. (Juan Pablo II, Evangelium Vitae 73)

Empero, es importante anotar las profundas diferencias en el caso hipótético señalado en la encíclica y el caso en el que se pretende aplicar la analogía. En primer lugar, nótese que Juan Pablo II deja bien claro que se trata de una opción “más restrictiva” respecto del mismo tema del aborto, es decir que la opción por la cual se opta no es dejar el aborto tal y como está (“Soy respetuoso de las decisiones de la Corte”) ni mucho menos dejar de lado el tema del aborto y pasar a otros temas del programa político (“ambos son igual de abortistas”), sino que implique una limitación del mal que ya se está cometiendo, aunque lo permita en cierto grado. En este caso se aplica plenamente el principio de Santo Tomás en tanto que el mal no es causado por el voto del parlamentario, sino permitido con algunas restricciones.

Además, se ha de notar la diferencia entre el voto público que realiza el parlamentario de forma pública en las corporaciones, y el voto que realiza el ciudadano de forma anónima. El primero puede declarar públicamente las razones de su voto y realizar las salvedades y matices que sean necesarias para presionar en favor de una prohibición total del aborto, mientras que el segundo sólo puede marcar la casilla del candidato sin que pueda hacer en el tarjetón ninguna anotación sobre los aspectos negativos de su programa ni declarar a nadie su desacuerdo con los mismos, su voto será artiméticamente sumado a los otros millones de ciudadanos y contabilizados como un apoyo pleno a la candidatura de tal candidato. Si el candidato abortista obtiene 5 millones de votos la ley y el sentido común dan por hecho que esos 5 millones de ciudadanos avalan el programa político del candidato sin que haya forma de adivinar que 3 millones de ellos están en desacuerdo con su apoyo al aborto.

Pretender que puede sancionarse con el voto el programa abortista de un candidato sólo por el hecho de pensar en la conciencia, o afirmar públicamente, que se rechaza ese punto o que no se vota por ese candidato sino contra el otro, recuerda a los abusos jesuíticos del principio de restricción mental según los cuales podría responderse al que interroga algo que le dejase completamente engañado si en nuestra conciencia le damos un significado diferente a las palabras de modo que subjetivamente no sería mentira lo dicho, aunque en su sentido explícito lo sea. Al respecto sirva recordar los límites que existen al uso legítimo de tal recurso (negrillas nuestras):

4.a No es lícito, sin embargo, usar la restricción mental cuando es obligatorio manifestar la verdad por exigirlo así la fe, la caridad, la justicia, la religión, etc. Y así no puede usarse cuando equivaldría a negar la fe ante el tirano que interroga sobre ella o en la confesión sacramental de los pecados que se acusan por primera vez (pero sí en caso de estar ya confesados); cuando se trata de alguna condición substancial para la validez de un contrato; ante el juez que interroga legítimamente (a no ser que se trate de la confesión del propio delito, como ya hemos dicho); ante el legítimo superior que interroga sobre cosas necesarias para el gobierno de los súbditos; cuando de la restricción surgiría algún daño injusto para el prójimo, etc. (Antonio Royo Marín O.P., Teología Moral para Seglares II, Lib. III Trat. I, Sec. II, Cap. IV, art. 1)

Aunque el católico pueda considerar las razones de su voto de forma completamente diversa, la única lectura objetiva que se podrá hacer del mismo será la sanción del programa político al cual se ha dado el voto. Adicionalmente, si fuera lícito a un católico obviar los aspectos intrínsecamente perversos del candidato por el cual se vota, y votar en su lugar por los pocos buenos que hubiese o a duras penas “por que no gane el otro”, entonces quienes así piensan están legitimando a su vez que el católico vote por el candidato contrario. De modo que el supuesto principio resulta absurdo para decidir el voto.

¿No puede aplicarse en este caso el principio de doble efecto?

Aunque ya haya quedado suficientemente refutado, conviene rescatar la verdadera moral católica de las falsificaciones que actualmente circulan, y otro de esos puntos falsificados es el principio de doble efecto. Según este principio, es lícita una acción de la que se sigan un efecto bueno y un efecto malo siempre y cuando sea el efecto bueno el que se desea procurar. En este orden, dicen los católicos malminoristas que es perfectamente legítimo dar el voto al candidato abortista pues en este caso evitar la victoria del otro candidato es el efecto bueno que se procura y la victoria de ese candidato abortista es el efecto malo que no se puede evitar.

No obstante, se debe recordar que para que pueda hablarse del principio de doble efecto, deben concurrir las siguientes condiciones:

a) que la acción u omisión sea buena o indiferente; b)que de ella se siga, al menos, con la misma inmediación, el efecto bueno, y no éste mediante el malo; c) que el efecto bueno sea proporcionado al malo; y d) que se intente únicamente el bueno y no el malo. (Antonio Royo Marín O.P., Teología Moral para Seglares II, Lib. II, Cap. I,  Sec. II, lit. A)

En este caso, el principio de doble efecto no se aplica puesto que dar el voto a un programa político que defiende un promueve un mal intrínseco como el aborto es una acción objetivamente mala, y porque el efecto malo (la aprobación del candidato abortista) resulta un efecto inmediato del voto, mientras que el efecto bueno (evitar la elección del otro candidato) es un efecto remotísimo que para darse exige un montón de causas adicionales (el voto de los otros millones de ciudadanos).

Sirva además anotar la diferencia substancial de inmediación entre ambos efectos, para resaltar la desproporción absurda en que incurren cuando al mismo tiempo que afirman que el católico que vota por el candidato A no se hace culpable de la promoción del aborto contenida en su programa de gobierno, mientras que los católicos que votan en blanco o no votan sí son culpables del mal contenido en el programa del candidato B. ¿Cómo pretenden culpabilizar a estos últimos de los efectos indirectos de su opción, de lo que el voto no implica de forma necesaria ni suficiente, mientras que ellos se exoneran de los efectos directos de la suya, de lo que el voto sí afirma necesariamente?

Católicos totalmente secuestrados por el inmanentismo

¿Significa entonces que ante una elección en que dos candidatos apoyan el aborto la única opción católica es abstenerse o votar en blanco? ¿Podemos permanecer de brazos cruzados y permitir que el país se vaya al abismo? ¿No es esto contradictorio con el deber de todo católico de participar en la vida política para la construcción del bien común?

Como indicamos al inicio de este editorial, en Voto Católico Colombia siempre hemos defendido que el voto católico ha de ser siempre voto en conciencia, porque si bien reconocemos que el voto tiene un valor ínfimo a nivel político (igual a la fracción numérica de un voto individual entre los millones de votos depositados) consideramos, a la luz del magisterio, que tiene un valor fundamental en la conciencia del individuo que con su voto avala las acciones del gobierno elegido. Lamentablemente, este orden de prioridades se ve completamente subvertido cuando los católicos, haciendo alegres cálculos políticos y sobreestimando el peso de su voto, transigen en aspectos fundamentales de la fe y la moral y minimizan la gravedad del aborto, la eutanasia, la sodomía, la blasfemia, etc.

En muchos de estos ambientes se defiende la lucha contra el comunismo como una parte de la lucha espiritual trasladada al campo social, y no podríamos estar más de acuerdo al respecto. Lo que nos resulta incomprensible es que en función de frenar el comunismo se pretenda legítimo aliarse con el diablo, y la demonización del comunismo nos lleve a exculpar por completo pecados tan grandes que claman al Cielo por justicia, como los anteriormente citados. Tal mentalidad, aunque se revista de lenguaje muy espiritual, no es sino un síntoma del inmanentismo reinante entre los católicos, aún los más conservadores y tradicionales.

En efecto, el único interés del diablo es la perdición de las almas, y para ello puede servirse tanto de la mano derecha como de la mano izquierda. Ciertamente un régimen político puede ser totalmente instrumental en tal propósito, o por el contrario puede fomentar la virtud entre los ciudadanos, pero es ingenuo (si no una terrible presunción) que es posible derrotar los planes preternaturales con una sutil estrategia política de concesión al mal. El diablo siempre será más astuto que nosotros, y la mejor prueba es ver cómo de mal menor en mal menor en Colombia hemos llegado al peor de los escenarios posibles (legalización total del aborto, “matrimonio” homosexual con adopción, eutanasia infantil, suicidio asistido, alquiler de vientres, ideología de género obligatoria en los colegios, y un largo etc.). La única forma de vencer al demonio es con el influjo de la Gracia de Cristo que puede hacer brotar la santidad en el corazón más endurecido.

Ningún gobierno o régimen político podrá jamás detener el plan de salvación que Dios ha establecido para el ser humano desde el inicio de los tiempos, así como no hubo emperador romano, por violento o astuto que fuera, capaz de frenar la difusión de la Fe Cristiana en los primeros siglos. Si el miedo a un eventual cambio de régimen nos lleva a renunciar a aspectos fundamentales de la Fe y de la moral, no estaremos muy lejos de los que apostataban por el miedo a la muerte. Cuando contemplamos los problemas políticos con una perspectiva verdaderamente espiritual salta a la vista que el demonio gana mucho más cuando consigue que los católicos defiendan el aborto, la eutanasia o la blasfemia como el “mal menor”, que cuando logra que los incrédulos y liberales instauren el régimen progresista que el vientre les dicta.

Si verdaderamente “[El candidato A] es el demonio”, o el gobierno del candidato B “es el inicio del Apocalipsis” (expresiones reales escuchadas a algunos católicos), no podemos permitir que el miedo nos lleve a vender el alma. Al contrario, cualquiera que sea el resultado de las elecciones del próximo domingo, podemos estar seguros que el próximo gobierno podrá ser el peor que hayamos visto en la historia reciente y aún así recibirlo con la esperanza intacta. Pues,

"¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la espada?, como dice la Escritura: Por tu causa somos muertos todo el día; tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro." Romanos 8, 35-39.

Y no se entienda en esta sana indiferencia un llamado al retraimiento o apartamiento donatista frente a la vida política. Al contrario, existen mecanismos mucho más efectivos y para la participación política que el acto de depositar un papel cada cuatro años. Si tenemos que dar la pelea los próximos cuatro años contra el gobierno ultraprogresista que de seguro nos gobernará, lo mínimo es que mantengamos los principios intactos y la conciencia limpia.

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jueves, 3 de marzo de 2022

La Hipócrita y falsaria “declaración pública” de la Corte Constitucional

Después de haber dado su aprobación al libre desmembramiento de niños hasta las 24 semanas de gestación, los magistrados de la Corte Constitucional han resentido el masivo rechazo de la sociedad, y más particularmente, el hecho de que la gente comienza a ponerle nombre y apellido a las abominables sentencias expedidas por semejante antro de iniquidad. Ahora, tratando de salir al paso a las voces que reclaman una reforma radical de las competencias y poderes de la Corte, ha publicado una declaración en la que trata de encubrir sus crímenes con una máscara de legalismo hipócrita, como expondremos a continuación.

Mentira 1: La Corte cumple su función en los términos previstos por la Constitución

La declaración inicia diciendo “La Constitución Política de 1991 le confió a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, para lo cual ejerce, entre otras, las funciones de control judicial sobre la actividad legislativa que cumple en los precisos términos previstos en los artículos 241 a 244 de la misma Constitución con miras a garantizar el respeto y efectividad del orden constitucional y en general del Estado Social y Democrático de Derecho.”

Por el contrario, como hemos expuesto en varias oportunidades, la Corte Constitucional acostumbra saltarse tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Rama Judicial, valiéndose de la ausencia de control sobre sus decisiones. Por poner sólo un ejemplo que toca a la sentencia comunicada el pasado 21 de febrero: El artículo 241 de la Constitución establece “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.” pero la flamante sentencia C-055/22 (despenalización total del aborto) contradice la cosa juzgada constitucional en la sentencia C-355/06 (despenalización parcial del aborto), la cual a su vez desconoce y tergiversa la cosa juzgada establecida en la sentencia C-133/94 (Exequibilidad del tipo penal de aborto). No es el único caso, pues todos aquellos en los que la corte invoca la “interpretación evolutiva” de la Constitución, lo hace para desconocer el precedente judicial, como la C-683/15 (Adopción por parejas del mismo sexo) que contradice la cosa juzgada constitucional en la sentencia C-071/15 (Adopción consentida).

Mentira 2: La decisión mayoritaria garantiza la legalidad y legitimidad de las sentencias

La Corte continúa diciendo: “La Corte es un órgano autónomo e independiente, como lo son igualmente las distintas altas corporaciones judiciales, sus decisiones se adoptan con las mayorías exigidas por el ordenamiento jurídico, todo lo cual garantiza tanto su indiscutible legalidad como su legitimidad.”

En este punto, queda evidenciado uno de los puntos que señalamos en nuestro comunicado sobre la sentencia C-055/22, pues revela que el problema de la legalización del aborto es, en el fondo, el problema de la sustitución del Derecho por la ideología. La Corte, que hipócritamente ha criticado el formalismo legalista y procedimental cuando le ha convenido para interpretar ampliamente el alcance de sus propios poderes (Como con la tesis del “juicio de sustitución” referente a las reformas constitucionales), ahora utiliza el mismo formalismo para identificar legalidad y legitimidad, como si bastara una mayoría de 5 contra 4 para que lo blanco se vuelva negro, y la mera voluntad de los magistrados bastara para hacer decir a la Constitución lo contrario de lo escrito.

No, las mayorías jamás han sido garantía de legitimidad, y si no lo son las grandes mayorías populares o las arregladas mayorías del Congreso, mucho menos lo será la exigua mayoría de 5 contra 4.

Mentira 3: Personalizar las decisiones es contraria al sistema democrático

Posteriormente, dice la Corte: “En tal virtud, personalizar cualquiera de las funciones del poder público o del Estado, es contraria a los elementos básicos del sistema democrático. Minar la credibilidad e imperatividad de las decisiones judiciales, debilita el proyecto democrático que se propuso el Constituyente de 1991 y no repara en que las demás ramas del poder público pueden seguir igual suerte. Deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces sólo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho.”

Aquí la Corte olvida que una de las principales promesas de la democracia moderna, que supuestamente le harían preferible al resto de regímenes posibles, es la accountability, es decir, la posibilidad de que el pueblo pueda exigir responsabilidad a los servidores públicos por sus actos en el poder, y por lo tanto el deber de cada uno de los dignatarios de rendir cuentas ante el público por su gestión realizada. Ciertamente que tal promesa ha quedado desmentida por los hechos tras el desconocimiento por parte del presidente Juan Manuel Santos de los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, por no hablar del sometimiento del país entero a prisión domiciliaria por vía extrajudicial ordenado por el presidente Iván Duque.

Resulta además tremendamente hipócrita que los magistrados pretendan ahora diluir las responsabilidades personales por la iniquidad proferida en la sentencia C-055 de 2022, cuando el fundamento de muchos de sus fallos más controversiales, especialmente de aquellos en los que se desconoce el precedente jurisprudencial y se subvierte la cosa juzgada, no es otro que el cambio en la composición de los magistrados y su alineación ideológica personal. Si los magistrados son capaces de personalizar las sentencias, al punto de fallar en favor de familiares, nada más antidemocrático que negarle a la sociedad la postestad de personalizar las responsabilidades.

Mentira 4: Las decisiones de la Corte pueden ser controvertidas a través de los mecanismos previstos

Concluye la Corte: “En consecuencia, la Corte exhorta a todas las autoridades y a los particulares a acatar las decisiones judiciales, sin perjuicio de controvertirlas si es del caso, a través de los mecanismos previstos para ello y a garantizar su ejecución o cumplimiento. Así mismo, exhorta a la cordura y al debate sereno y respetuoso sobre el contenido veraz de tales decisiones en forma tal que se garanticen la concordia, la paz, el orden, la convivencia y la tranquilidad pública.”

Esta respuesta supera los límites de la hipocresía alcanzados previamente. La corte recuerda que las decisiones judiciales pueden ser controvertidas a través de los mecanismos previstos, pero olvida mencionar que el único mecanismo para controvertirlas es la solicitud de nulidad cuyo juez es la misma Corte. Claramente los magistrados no habrían hecho la mitad de las atrocidades con que han fustigado al país si existiese algún mecanismo que permitiera controlar sus decisiones. Mas, sabiendo que son ellos los únicos jueces de su propia actuación, gozan de total impunidad para violar todo Derecho Divino y Humano.

En efecto, todas los casos de trampa, fraude y arbitrariedad judicial que mencionamos anteriormente, los cuales incluyen casos públicos de conflicto de intereses, alteración del expediente, alteración del contenido de las sentencias, entre otros, fueron impugnados de nulidad en su momento. No obstante, como el juez de tal nulidad es la misma Corte Constitucional, los magistrados no solo han resuelto siempre en favor de su propia impunidad, sino que incluso, como en los Autos 038 y 096 de 2012 o la sentencia T-627 de 2012, persigue y ordena investigar a quienes han osado exponer su actuar fraudulento.

¡Qué fácil es exhortar a la cordura y al debate sereno cuando se tiene la sartén por el mango y el sistema gantiza la propia impunidad! Nada desafía más la cordura del colombiano de a pie que acercarse a leer el contenido de las iniquidades a los que los impresentables de la Corte prestan su firma, y encontrar que al asesinato del inocente se le llama “derecho”, que al asesinato de un niño nacido vivo se le dice “aborto por cesárea”, que a la unión de dos hombres le llaman “matrimonio”, y, en fin, que pretendan obligar a los colombianos a llamar “mujer” a un hombre mutilado, o llamar “padres biológicos” de un niño a dos hombres.

No puede haber cordura en un país en que semejantes dislates sigan vigentes como fundamentos del orden juridico. No puede haber ningún debate sereno mientras continúe la carnicería a la cual los magistrados han dado su aprobación. gimo ante el día de angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. (Ha 3, 16)

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miércoles, 23 de febrero de 2022

Comunicado de Voto Católico Colombia frente a la criminal sentencia C-055/22 de la Corte Constitucional liberalizando el aborto

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El pasado lunes 21 de febrero, la Corte Constitucional de Colombia resolvió finalmente una de las demandas presentado por el lobby abortista contra el tipo penal de aborto contenido en el Código Penal colombiano. La sala plena ya había discutido la ponencia hacía un mes y habían llegado a un empate, por lo cual se seleccionó un conjuez que resolviera el empate. El conjuez Julio Andrés Ossa votó en favor de la ponencia, resolviendo la despenalización total del aborto hasta la semana 24 de gestación.

Esta sentencia es apenas una piedra más en la montaña de crímenes emanados de esa cloaca de iniquidad que es la Corte Constitucional colombiana. Como hemos denunciado desde la fundación de este medio, la Corte Constitucional es el enemigo público número uno del pueblo colombiano, pues a través de sus sentencias han sido asesinados más colombianos por año, que a manos de la guerrilla, el narcotráfico o la delincuencia común. La Corte ha autorizado el asesinato de un niño nacido vivo, ha permitido el asesinato de niños con la eutanasia infantil, ha desmontado las limitaciones que ella misma había puesto para el aborto en 2006, permitiendo el aborto de niños con discapacidades plenamente compatibles con la vida, o la expansión de la causal salud hasta validar cualquier excusa. Como si fuera poco, ha perseguido y sancionado a los médicos y EPS cuando según su criterio profesional los pacientes han desistido de solicitar el aborto, mientras favorece a la industria abortista al permitirle comerciar con órganos y tejidos de los bebés abortados. En sólo 2017 más de 10mil colombianos fueron asesinados por Profamilia, gracias a la Corte Constitucional de Colombia.

Dado que la Corte ya había permitido la práctica del aborto en cualquier circunstancia hasta el noveno mes, es posible que esta nueva sentencia no cambie mucho la realidad práctica del aborto en el país. La diferencia es que dentro de los 24 meses dejará de ser necesario inventarse una depresión para justificar el riesgo a la salud mental. El verdadero costo de esta sentencia son las almas de todos aquellos corifeos que para congraciarse con el mundo se han convertido en adoradores de Moloch. Sicut oves in inferno positi sunt mors depascet eos. Así como los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Humberto Sierra Porto, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda llevan en sus manos la sangre de los cientos de miles de niños asesinados desde la C-355 de 2006, los cinco magistrados responsables de esta nueva atrocidad, Diana Fajardo, Antonio Lizarazo, Julio Andrés Ossa, Alberto Rojas Ríos, y José Fernando Reyes, deberán dar cuenta por cada gota de sangre de los inocentes cuyo asesinato acaban de aprobar. Requiescam in die tribulationis ut ascendam ad populum accinctum nostrum.

Lamentablemente la voz de los obispos ha sido un elocuente silencio durante el debate en la Corte, y los comunicados publicados con posterioridad a la sentencia brillan por la ausencia de toda referencia a la doctrina de la Iglesia sobre el aborto. Ninguno recuerda la gravedad del pecado que clama al cielo por justicia y acarrea un gran castigo para todo el país, y la excomunión para todo aquel que apoye o participe en la práctica del aborto. vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra. Ninguno recuerda que la Iglesia siempre defendió que toda ley contraria al Derecho Natural carece de fuerza normativa y no puede ser obedecida. No es cuestión de objeción de conciencia, sino de desobedecer la norma ilegítima.

Ahora, el pueblo, legítimiamente indignado frente a esta ignomina, es acosado por los oportunistas que en temporada electoral posan de providas y prometen leyes y referéndums contra el aborto. El primero de todos, el presidente Iván Duque quien ahora habla contra la decisión cuando en sus conceptos ante la Corte siempre defendió el aborto y, peor aún, pretendió reglamentarlo por decreto al punto de perseguir penalmente el apostolado de 40 Días por la Vida. Junto a él está todo el Centro Democrático que como partido siempre ha defendido el mantenimiento de la sentencia C-355 de 2006 bajo la cual se vienen cometiendo todas las atrocidades mencionadas anteriormente.

Esta nueva sentencia, junto a las citadas más arriba, y aquellas que consagran públicamente el absurdo, como el “matrimonio” entre dos hombres, el camo de sexo legal, el registro civil de dos menores como “hijos biológicos de dos hombres, deberían abrir los ojos a los colombianos frente a la gran farsa titulada “Estado de Derecho” en nombre de la cual se acalla y anula todo reclamo popular en contra de la cultura de la muerte. Nunca en Colombia había habido una constitución política tan plagada de “derechos” y nunca antes se habían perpetrado tantos crímenes contra los más indefensos. Los expertos pululan en los medios de comunicación hablado de las bondades de la Constitución del 91 en cuanto a la “protección de los derechos fundamentales”, cuando tales derechos han sido justamente el instrumento en virtud del cual se ha anulado todo derecho en nuestro territorio. De nada ha servido la tal constitución para proteger la vida de los que están por nacer, para proteger a los menores de la corrupción moral, para proteger a los enfermos y discapacitados de la inyección letal, para impedir que la población entera fuera sometida a un año de prisión domiciliaria de forma extrajudicial, para evitar que los enfermos muriesen impedidos de recibir los sacramentos, etc.

Quitémonos la venda y abandonemos el discurso de que “la Corte usurpa funciones del legislativo”. Esa cantilena sólo sirve para absolver al Gobierno y al Congreso de las responsabilidades y la sanción social que les compete por estas decisiones. La Corte Constitucional no es más que la puerta trasera a través de la cual las mismas élites, el consenso de los grandes partidos, introducen las decisiones que hieden demasiado como para pasarlas por la puerta de enfrente. Los mismos políticos que hoy posan de indignados, son los que votaron en favor de magistrados liberales a la Corte, construyendo las mayorías progresistas que permiten tales medidas, son los mismos que dilatan o bloquean los proyectos de ley en contra del aborto. Si ahora proponen leyes y referéndums contra la decisión es sólo como forma de pescar votos mientras mantienen a los católicos ocupados haciéndoles campaña hasta que la iniciativa muere por el diseño mismo del mecanismo.

Es la Constitución de 1991 la que erigió a la Corte Constitucional como rueda suelta para erigirse como único y verdadero soberano en el ordenamiento institucional colombiano, y mientras el adefesio de la Corte continúe de ese modo cualquier iniciativa legislativa o judicial contra el aborto está condenada al fracaso. Es la Constitución de 1991 la que parloteando sobre la democracia participativa creó un montón de mecanismos de participación ciudadana y al mismo tiempo les impuso una serie de condiciones tales que fueran completamente inutilizables. Es la Constitución de 1991 la que ha permitido la sustitución del Derecho por la ideología del neo-constitucionalismo bajo la cual al crimen se le llama “derecho” y al Derecho se le llama “barreras de acceso”. Proponer proyectos de ley y referéndums contra el aborto es pretender curar una gangrena con injertos de piel.

El aborto es un crimen que clama al Cielo por justicia, pues la justicia que en la Tierra se le negó a los inocentes caerá desde el Cielo contra aquellos que la negaron y aquella sociedad que lo toleró. La lucha contra el aborto es más que una lucha por la vida, es una lucha por la justicia natural que fue desterrada de nuestro ordenamiento jurídico-político en nombre de la “soberanía popular” y los “derechos humanos”. No conseguiremos revertir los atropellos de la Corte a través del legalismo y el formalismo de quien pretende ganar un juego contra quien hace las reglas. El aborto se encuentra inevitablemente implícito en la agenda ideológica subyacente al actual régimen que nos gobierna y no habrá otro camino para tumbarlo que tumbar consigo a todo el régimen que lo aprobó.

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lunes, 10 de enero de 2022

Mons. Rob Mutsaerts: “Si lo que ayer se recomendaba ya no aplica hoy, nada es seguro”

Mons. Rob Mutsaerts, la solitaria voz de la ortodoxia en medio de heterodoxo episcopado holandés, ha publicado un artículo en su blog en el que critica las Responsa ad Dubia de la Congregación para el Culto Divino sobre la aplicación del Motu Proprio Traditionis Custodes. En su crítica, Mons. Mutsaerts va al punto de la cuestión, que no se limita al estatus canónico de la liturgia, sino que afecta directamente la naturaleza de la autoridad eclesiástica.

Locura, por Mons. Rob Mutsaerts

Puede ser una imagen de 1 persona y de pie

2021 fue un año de locura. Cuando la mayoría deja la normalidad, la anormalidad se convierte en la nueva normalidad. Por ejemplo, las feministas fueron fustigadas por ideólogos trans porque creen que debería haber espacio para los puntos de vista feministas. La autora de Harry Potter, JKRowling, es una de esas feministas cuyos libros fueron quemados en varias universidades. Imagínense, en las universidades, centros de libre pensamiento. La profesora Kathleen Stock, profesora de filosofía en la Universidad de Sussex, se vio obligada a dimitir. ¿Cuál fue su crimen? Se había atrevido a argumentar en su último libro que existen diferencias genéticas y biológicas demostrables entre los sexos. Y luego estaban las “mujeres trans” que competían en natación y carrera. Como hombres no eran nadie en el mundo del atletismo, ahora ganan brillantemente. Cuando cruzan la línea de meta, dicho sea de paso, hay un silencio notable en los estadios. Todos se dan cuenta de que algo no está bien, pero nadie se atreve a decir nada. Protestan siendo elocuentemente silenciosos. Y, por supuesto, las mujeres de verdad se duchan en casa. Ninguna se siente cómoda con un tipo así alrededor.

2021 también fue el año de la tonta cultura de cancelación. Incluso The New York Times, que se considera un diario serio, también está de acuerdo. La fecha de fundación de los Estados Unidos de América ya no es el 4 de julio de 1776 -fecha de la Declaración de la Independencia, Día de la Independencia- sino el año 1619 cuando llegaron a la costa de Virginia los primeros barcos que transportaban esclavos africanos. Mientras tanto, un peso pesado de la filosofía, Peter Boghossi, ha anunciado su retiro de la Universidad de Portland: “Ya no se enseña a los estudiantes a pensar, sólo se les presentan ideologías. La mayoría ya no se atreve a decir lo que piensa".

Pero siempre puede ser más loco. El Olney Theatre Center de Washington ofrecerá al público una versión despierta de La Bella y la Bestia. El papel principal de Bella es interpretado por una mujer lesbiana negra con mucho sobrepeso. Crees que vas a un producto inocente de Disney y luego terminas en un teatro de terror políticamente correcto.

Pero los mensajes de Roma tampoco me alegran. El Vaticano nos tenía reservado un curioso regalo de Navidad. Las respuestas de la Congregación para el Culto Divino a las preguntas sobre la interpretación práctica del motu proprio "Traditionis custodes" endurecen el frente entre el Vaticano y los tradicionalistas. Una impaciencia difícil de disimular po rtrazar finalmente  una línea sobre el asunto de la "Misa antigua" habla a través de todo el estilo del texto. El texto altamente agresivo no es solo una ruptura con la "reforma de la reforma" propuesta por el Papa Benedicto XVI, sino también un paso en falso pastoral. El “Papa de la Misericordia” muestra poca misericordia para aquellos que abrazan el Rito Romano Tradicional. Esta pérdida de confianza no sólo afecta a los tradicionalistas, sino que incrementa la incertidumbre de los fieles. Si lo que ayer fue recomendado ya no aplica hoy, nada es seguro.

Lo que esto significa por la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, por ejemplo, es poco claro. La curiosa consecuencia de la suspensión papal es que las comunidades asociadas a Roma que celebran la misa antigua ya no tendrán permitido administrar el sacramento de la confesión, pero los fieles pueden todavía recibirla validamente de la Sociedad de San Pío X. Lo mismo aplica para el sacramento del matrimonio. Y, ¿Por qué tendría uno que adherir explícitamente a los documentos del Vaticano II para poder celebrar la misa antigua en casos excepcionales? Seguramente aquellos que celebran el Novus Ordo –yo soy uno de ellos– no se les pide que acepten el Concilio de Trento. ¿O acaso todo lo anterior al Vaticano II ha sido destrozado? Si el Vaticano exige un examen para los celebrantes de la misa antigua, entonces en justicia debería también ser exigida para los celebrantes “por cuenta propia” de la nueva misa que andan todos celebrando a su propio gusto.

Por lo pronto, esto promete para el año entrante. Mi lema es: simplemente permaneced católicos. Vamos según la ley natural, según el orden de la creación, según el sentido común.

¡Feliz Año Nuevo!

+Rob Mutsaerts
Obispo Auxiliar de s-Hertogenbosch, Países Bajos.

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jueves, 30 de diciembre de 2021

La ley injusta no es ley, aplica también en la Iglesia

Un grupo de laicos sale en defensa de la Misa Tradicional

"¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo aquel se dice en su corazón: "Mi señor tarda", y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas; allí será el llanto y el rechinar de dientes." Mt. 24, 45-51.

En la lucha por la restauración del Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo, uno de los aspectos en que más se percibe la guerra entre la Ciudad de Dios y la Ciudad del hombre, entre la Civilización Cristiana y la Modernidad Liberal, es el Derecho. La Iglesia hizo suya la filosofía juridica de la antigua Roma, según la cual la Justicia es una realidad objetiva que emana del orden de la naturaleza; la ley, por lo tanto no es el derecho, sino una cierta medida del Derecho, una aproximación a esa justicia natural. Por el contrario, para la filosofía jurídica de la modernidad, la ley no es más que la expresión de la voluntad soberana, y la justicia es la aplicación de esa ley. El Derecho moderno es, simple y llanamente, uno de los instrumentos a través de los cuales se ejerce el poder soberano del Estado.

Así pues, mientras que para el derecho moderno, el homicidio de los inocentes, la corrupción de los niños, la defraudación del salario de los trabajadores, el robo de las propiedades, pueden ser legales cuando obtienen la sanción de los legisladores (sin importar si son congresistas o magistrados), la Iglesia no ha parado de insistir una y otra vez, que la ley recibe su autoridad de su conformidad con el Derecho Natural, y por tanto, “La ley tiránica, por lo mismo que no se conforma a la razón, no es propiamente ley, sino más bien una perversión de la ley.” (Santo Tomás, Suma Teológica. I-II, q. 92, art. 1.)

Así pues, por ejemplo, una ley o sentencia que pretenda legalizar el aborto es absolutamente contraria al Derecho Natural y carece por tanto de fuerza normativa. No es una ley, pues contraría un mandato superior, sino una especie de violencia y no puede ser obedecida con recta conciencia. El “católico” Iván Duque, que dice respetar las disposiciones de la Corte Constitucional en materia, no es menos culpable que los abortistas o los magistrados, por todos los niños asesinados bajo su gobierno. Lo mismo ocurre con una ley humana que contraría el Derecho Divino. Por ejemplo, una ley o decreto que pretenda restringir o impedir la celebración de la Eucaristía y la administración de los sacramentos, carece de fuerza legal, pues implica una extralimitación de las competencias de la ley positiva, al contravenir un mandato de derecho divino. En este caso, aplica lo que dice Santo Tomás:

En segundo lugar, las leyes pueden ser injustas porque se oponen al bien divino, como las leyes de los tiranos que inducen a la idolatría o a cualquier otra cosa contraria a la ley divina. Y tales leyes nunca es lícito cumplirlas, porque, como se dice en Act 5,29: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. (Santo Tomás, Suma Teológica, I-II, q. 96, art. 4)

Aquellos sobre quienes recae una ley injusta están libres de su obediencia y tiene todo derecho para resistir su aplicación y desobedecer su efectos (ej: los fieles tienen el derecho de desobedecer la prohibición de misas públicas para asistir a la Eucaristía) pudiendo obedecerla de forma martirial, para “evitar el escándalo o el desorden” (ibidem), pero aquellos que por su autoridad y tutela sobre otros reciben la orden de aplicar la ley injusta, ya no tienen el derecho de desobedecer, sino el deber de hacerlo, pues su autoridad está en función del bien común de aquellos sobre los cuales manda. (ej: Los médicos tienen el deber de desobedecer una norma que les obligue a realizar abortos o eutanasias, el Presidente tiene el deber de desobedecer una sentencia de la Corte que imponga tales prácticas).

Esto aplica para toda Ley Humana, para el Derecho Civil como el Derecho Internacional, y también para el Derecho Canónico. Aunque el Derecho Canónico regula realidades constituidas por el Derecho Divino (La constitución de la Iglesia, los sacramentos, etc.), por ser una Ley Humana también está sujeta a los fundamentos inmutables del Derecho Natural. Así pues, la ley de la Iglesia también debe respetar los principios del Derecho Natural para tener autoridad normativa. Si pretendiera imponer sanciones o condenas sin permitir al acusado controvertir los cargos, Si pretendiera negar los sacramentos a los fieles debidamente dispuestos, o pretendiera cambiar algún artículo de Fe, tal normatividad sería injusta y por lo tanto carecería de fuerza obligatoria en el fuero de la conciencia, sería derecho de los fieles desobedecerla y obligación de los clérigos el resistirla.

Hace unos meses, el pasado 16 de Julio, el Papa Francisco expidió el Motu Propio Traditionis Custodes (Debió titularse “Custodi della Tradizione”, pues la versión original es en italiano), en el cual debarata el proyecto de restauración litúrgica emprendido por Benedicto XVI en Summorum Pontificum. Hace unos días, la Congregación para el Culto Divino publicó una serie de respuestas a unos supuestos dubia (dicen que la Congregación “ha recibido diversas peticiones a fin de aclarar su correcta aplicación”, pero no se presenta quién las firma, por lo que se rumorea que habrían sido inventadas por la Congregación, ya que en el pontificado de Francisco no se acostumbra responder las dubia) en los cuales se restringen al extremo las ya draconianas medidas de Traditionis Custodes.

Aunque parezca una simple cuestión litúrgica concerniente a una fracción mínima de la Iglesia, Tradtionis Custodes y las medidas derivadas son la culminación de un proceso de sustitución de la filosofía jurídica clásica por la filosofía jurídica moderna dentro de la Iglesia. Traditionis Custodes es el ejemplo perfecto de la ley concebida como un mero instrumento para el ejercicio del poder, sin la mas mínima consideración respecto de la justicia natural. Mal podremos los católicos atacar la legalización del aborto y la eutanasia en el ámbito civil y reclamar la desobediencia frente a las leyes injustas, si dentro de la misma Iglesia estamos sometidos a tal violencia y somos incapaces de rechazarla.

Según Santo Tomás, la Ley es una regla o medida racional, de carácter general, objetivo, que dirige la voluntad humana hacia el bien común y es promulgada por una autoridad competente. Así pues, una ley puede ser nula o injusta por ser irracional, por atentar contra el bien común, o por exceder las competencias o autoridad de quien la promulga. Traditionis Custodes, empeorada por las Responsa de Mons. Arthur Roche es todas las tres cosas.

Traditionis Custodes es una norma injusta por ser irracional

La irracionalidad en una norma puede aparecer de dos formas: o por contradicción interna (Ej: Una norma que obliga a hacer algo y al mismo tiempo lo prohibe) o por contradicción con la realidad (Ej: Una norma que ordenara llover hacia arriba). En este caso encontramos ambos tipos de contradicción en el motu propio.

Traditionis Custodes presenta una serie de incoherencias internas que ya han sido percibidas por muchos canonistas, que hacen que tanto su interpretación como su aplicación sea terriblemente problemática para los obispos. Mencionamos algunas:

  • El art. 1 del Motu afirma que “Los libros litúrgicos promulgados por los santos Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del Rito Romano.” Más adelante explicaré mejor la gravedad de esta expresión, pero por ahora baste decir que la lex orandi significa la conformidad del rito con el contenido de la Fe Católica. Es decir que al negar que el Vetus Ordo sea una expresión válida de la lex orandi de la Iglesia, implícitamente se le declara como herético. Es absolutamente contradictorio declarar como herético el misal de 1962 y luego establecer condiciones para su celebración.
  • Los artículos 2, 4 y 5 hablan del uso del Missale Romanum de 1962, pero el artículo 3 habla del “misal anterior a la reforma de 1970”, es decir el Misal de 1965, no el de 1962, ya que en derecho canónico toda norma que restringe derechos debe ser interpretada en sentido estricto.
  • En los Responsa de la Congregación para el Culto Divino se respnde negativamente a la pregunta “Si un presbítero, al que se le ha concedido el uso del Missale Romanum de 1962, no reconoce la validez y la legitimidad de la concelebración — negándose a concelebrar, en particular, en la Misa Crismal — ¿puede seguir beneficiándose de esta concesión?” pero más adelante en otra pregunta se dice “El párroco o capellán que — en cumplimiento de su oficio — celebra los días feriales con el actual Missale Romanum, única expresión de la lex orandi del Rito Romano, no puede binar celebrando con el Missale Romanum de 1962, ni con un grupo ni privadamente.” Se crea una situación perplejidad para los sacerdotes, pues si no concelebran, se les retira la facultad de celebrar el Vetus Ordo, pero si concelebran tampoco pueden celebrarlo pues estarían “binando”.

Adicionalmente, las disposiciones del Motu y de los Responsa reflejan una ignorancia total y absoluta tanto del rito como de la realidad de las comunidades en las cuales se celebra el Usus Antiquor, de modo que se producen una serie de contradicciones con la realidad que ponen en serios aprietos a los obispos a la hora de aplicarlo:

  • La Carta que acompaña el Motu Propio falsea las intenciones de Benedicto XVI en Summorum Pontíficum, pues se habla del “deseo de favorecer la recomposición del cisma con el movimiento guiado por Mons. Lefebvre.” y de “introducir un «reglamento jurídico más claro». Para facilitar el acceso a quienes —también los jóvenes— «descubren esta forma litúrgica, se sienten atraídos por ella y encuentran en la misma una forma, particularmente adecuada para ellos, de encuentro con el Misterio de la Santísima Eucaristía»” Pero se omite uno de los apartados más importantes de la Carta de Benedicto XVI, cuando afirma que “Se trata de llegar a una reconciliación interna en el seno de la Iglesia”, “hacer todos los esfuerzos para que a todos aquellos que tienen verdaderamente el deseo de la unidad se les haga posible permanecer en esta unidad o reencontrarla de nuevo.” Es llamativo, porque como se verá más adelante, es todo lo contrario de lo que hace Francisco ahora.
  • La Carta que acompaña el Motu menciona el cuestionario enviado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, diciendo “Las respuestas recibidas revelaron una situación que me apena y preocupa, confirmando la necesidad de intervenir.” En el texto del Motu proprio indica “en vista de los deseos expresados por el episcopado y habiendo escuchado el parecer de la Congregación para la Doctrina de la Fe”. Sin embargo, no sólo la Congregación para la Doctrina de la Fe no ha publicado las respuestas recibidas por parte de los obispos, sino que aquellas respuestas que se conocen públicamente, porque fueron publicadas por las diócesis o conferencias episcopales, son mayoritariamente positivas frente a Summorum Pontificum.
  • El art. 3 del Motu Propio obliga al obispo a “Comprobar que estos grupos no excluyan la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica, de los dictados del Concilio Vaticano II y del Magisterio de los Sumos Pontífices.” Una actividad penosa, por su pretensión de intervenir en el fuero interno de la feligresía, pero además impracticable, dado que la gran mayoría de lugares en los que se celebra la misa tradicional no se trata de grupos cerrados y homogéneos, sino como cualquier parroquia acuden una gran diversidad de feligreses con sus propias convicciones y tendencias. Además, ¿Qué significa “no excluír la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica, de los dictados del Concilio Vaticano II y del Magisterio de los Sumos Pontífices.”? ¿Cuál sería el contenido de tal examen sabiendo que existe actualmente tanto disenso entre los obispos sobre la interpretación del CVII? Más aún, el mismo Francisco no ha querido responder a las cinco dubia enviadas por cuatro cardenales acerca de la conformidad de Amoris Laetitia con el magisterio del Concilio Vaticano II y el Papa Juan Pablo II. Resulta contradictorio que Francisco quiera someter a los feligreses a un examen que él mismo ha evitado cursar.
  • El núm. 3 del art. 3 dispone que “En estas celebraciones las lecturas se proclamarán en lengua vernácula, utilizando las traducciones de la Sagrada Escritura para uso litúrgico, aprobadas por las respectivas Conferencias Episcopales” desconociendo que el calendario litúrgico y el ciclo de lecturas del Vetus Ordo son distintos (Hay lecturas de la Misa Tradicional que fueron eliminadas con el Novus Ordo) y por lo tanto no existen esas “traducciones aprobadas”.
    En las Responsa, Mons. Roche trata de arreglar esa contradicción, introduciendo una peor, pues afirma “Dado que los textos de las lecturas están contenidos en el propio Misal, y no existiendo, por lo tanto, el libro del Leccionario, para observar cuanto ha sido dispuesto en el Motu Proprio, se ha de recurrir necesariamente al libro de la Sagrada Escritura en la traducción aprobada por las Conferencias Episcopales para uso litúrgico, eligiendo las perícopas indicadas en el Missale Romanum de 1962.” lo cual es falso, pues en la misa solemne según el rito tradicional mientras el celebrante lee en voz baja las lecturas del misal, el subdiácono y el diácono cantan la Epístola y el Evangelio en el Epistolarium. La solución más simple, que sería ordenar la traducción de este leccionario, es rechazada tajantemente por la Congregación (“No podrá ser autorizada ninguna publicación de Leccionarios en lengua vernácula que reproduzca el ciclo de lecturas del rito precedente.”), por lo que se impone la penosa tarea de “recurrir necesariamente al libro de la Sagrada Escritura en la traducción aprobada por las Conferencias Episcopales para uso litúrgico, eligiendo las perícopas indicadas en el Missale Romanum de 1962.”, absolutamente impracticable, dado que, al igual que como ocurre con el Leccionario actual, las perícopas no toman íntegro y contínuo el texto de la Sagrada Escritura.
  • Los artículos 4 y 5 del Motu Propio imponen a los presbíteros la solicitud al obispo de conceder o renovar la facultad de celebrar la Misa según el misal de 1962. En el caso de los institutos Ecclesia Dei que tienen la misa tradicional en sus constituciones, la licencia eclesiástica implica necesariamente el consentimiento implícito del obispo para la celebración de la misa tradicional. El Motu introduce un procedimiento redundante absolutamente innecesario.
  • En los Responsa emitidos por la Congregación para el Culto Divino “no se deba conceder la licencia para hacer uso del Rituale Romanum y del Pontificale Romanum precedentes a la reforma litúrgica, libros litúrgicos que, como todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores, han sido abrogados (cf. TC 8).” Lo cual imposibilita la administración de los sacramentos a los fieles, empezando por la Eucaristía, pues el Missale Romanum no contempla el rito de la comunión de los fieles durante la misa, sino que éste está contenido en el Rituale Romanum.

Estos son sólo algunas de las múltiples contradicciones que hacen el motu sencillamente inaplicable. Es por eso que la respuesta de los obispos ha sido absolutamente dispar: En algunas diócesis se ha ignorado o se ha postergado su aplicación reclamando tiempo para analizar y tomar las decisiones, en otras se ha dispensado de la medida en su totalidad o se han mitigado sus efectos, mientras que en otras los obispos han exagerado al extremo la dureza de sus medidas, llegando al ilícito de prohibir celebrar el rito de Pablo VI en Latín, el canto gregoriano, los ornamentos romanos, contradiciendo abiertamente el texto de la Sacrosanctum Concilium.

Traditionis Custodes atenta contra el Bien Común de la Iglesia

Una norma puede ser injusta si su objeto es perjudicar el Bien Común. Dado que el Bien Común es la razón de ser de la ley, aquello que la ley debe procurar, una norma que se aleja de ese fin carece de la naturaleza propia de la ley. Esto resulta un poco difícil de entender para la mentalidad moderna que ha disuelto la idea misma del Bien Común, entendido como el bien que surge en la comunidad como fruto de la relación entre los diferentes bienes particulares (“El bien de todo hombre en tanto que hombre y por lo tanto el bien común a todos los hombres”). Para el relativismo moderno la noción de bien ha sido suplantada por la idea subjetiva del interés, y la comunidad política ha quedado fragmentada entre el libertinaje reclamado por el interés privado, y el control totalitario reclamado por el interés público.

Ahora bien, ¿Cuál es el Bien Común de la Iglesia? El Evangelio dice una y otra vez que Cristo se encarnó con el único fin de salvar al hombre, y esa es la misión que la Iglesia como cuerpo de Cristo continúa en el tiempo. Por esta razón, el Código de Derecho Canónico cierra con el canon 1752 diciendo “guardando la equidad canónica y teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia.”

Sin embargo, leemos en las Responsa publicadas por la Congregación para el Culto Divino una teleología completamente distinta: “toda norma prescrita tiene siempre el único fin de salvaguardar el don de la comunión eclesial caminando juntos, con convicción de mente y corazón, en la línea indicada por el Santo Padre.” La salvación de las almas ha sido sustituida por “la comunión eclesial”. Alguno podría objetar que si extra ecclesiam nulla salus, es imposible que un alma se salve por fuera de la comunión eclesial y bajo la obediencia del sumo pontífice. No obstante, hay una diferencia abismal entre decir que hay que obedecer los mandatos de la autoridad porque procuran el bien común, a decir que hay que obedecer los mandatos de la autoridad porque son el bien común.

Bajo la nueva teleología, la unidad de la Iglesia y la autoridad pontificia dejan de estar al servicio de la salvación de las almas, y se convierten en un fin en sí mismo, un fin que justifica, al estilo maquiavélico, cualquier medio necesario. Tal autojustificación de la autoridad, típica de los absolutismos monárquicos del siglo XVIII, es patente en los documentos que analizamos, especialmente en cuanto las medidas hacen todo lo contrario a lo que dicen procurar.

  • En la carta que acompaña al Motu, Francisco dice que “he querido afirmar que corresponde al obispo, como moderador, promotor y guardián de la vida litúrgica en la Iglesia, de la que es principio de unidad, regular las celebraciones litúrgicas” pero el texto del Motu por el contrario violenta el principio de subsidariedad al quitarle funciones al obispo y convertirlo en un mero ejecutor de las órdenes de Roma. En efecto, según el motu el obispo tiene toda la autoridad para sacar la misa tradicional de las parroquias, cerrar los grupos, retirar las facultades a los sacerdotes que actualmente la tienen, pero eso sí, no puede autorizar la creación de nuevos grupos, ni autorizar a sacerdotes ordenados después de TC sin “consultar a la Sede Apostólica antes de conceder la autorización”. Sobre éste último punto, Mons. Roche ha dejado claro en los Responsa que “No se trata de un mero parecer consultivo, sino de una autorización necesaria dada al Obispo diocesano por parte de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos”.
  • En  la misma carta Francisco dice “defender la unidad del Cuerpo de Cristo”, pero en el motu propio prohibe que las celebraciones de la misa tradicional se lleven a cabo en las parroquias escindiendo las comunidades parroquiales y creando dos categorías de feligreses, aquellos con derecho a la vida parroquial y aquellos que carecen de ese derecho. En muchas diócesis la misa tradicional comenzó a celebrarse en las parroquias junto al Novus Ordo y los feligreses pertenecían y participaban de la comunidad parroquial y diocesana, lo que llevó a los obispos a ver la necesidad de dispensar a tales parroquias de la aplicación del Motu.
    A tales dispensas, Mons. Roche ha respondido que “dicha celebración no es oportuno que sea incluida en el horario de las Misas parroquiales, ya que a ella sólo participan los fieles que forman parte del grupo. Por último, evítese que coincidan con las actividades pastorales de la comunidad parroquial. Se entiende que, en el momento que haya otro lugar disponible, se retirará esta licencia.” La intención divisoria no podría ser más explícita, prácticamente patea a los fieles fuera de la Iglesia y les pone un signo de ajenos a la comunidad eclesial, haciendo imposible la intención de Benedicto XVI de que “a todos aquellos que tienen verdaderamente el deseo de la unidad se les haga posible permanecer en esta unidad”.
  • También en la carta, dice Francisco que “Me reconforta en esta decisión el hecho de que, tras el Concilio de Trento, san Pío V también derogó todos los ritos que no podían presumir de una antigüedad probada, estableciendo un único Missale Romanum para toda la Iglesia latina.”, cuando lo que hace el Motu Propio es todo lo contrario: derogar un rito de antiguedad probada, su primera versión viene de San Gregorio Magno, estableciendo un rito novísmo, de apenas 50 años, como el único de la Iglesia latina.
  • La mayor incoherencia, la de mayor gravedad por su evidente dolo, es cuando Francisco afirma “prever el bien de quienes están arraigados en la forma de celebración anterior y necesitan tiempo para volver al Rito Romano promulgado por los santos Pablo VI y Juan Pablo II”. Es absolutamente injustificable que se pretenda negar los sacramentos a fieles sobre los cuales no obsta ninguna sanción canónica, pero además es cínico afirmar que se hace por su propio bien. Es el lenguaje de los abusadores y maltratadores.
    Alguno dirá que si los fieles critican o rechazan la reforma litúrgica deben ser “medicinalmente corregidos” para que salgan de su error. Pero en tal caso las medidas sólo prevén el bien de la reforma litúrgica, que no sea cuestionada, y de ningún modo el bien de los feligreses, para quienes la violencia impositiva de las medidas sólo prueba la incapacidad del Novus Ordo para justificar sus bondades.
  • Lo mismo ocurre con los institutos de misa tradicional. Es absolutamente hipócrita que se hable de la necesidad de promover vocaciones en la Iglesia cuando desde Roma se cercenan y se degajan las ramas más fructíferas del árbol. Los institutos de Misa Tradicional (Fraternidad Sacerdotal San Pedro, Instituto del Buen Pastor, Instituto Cristo Rey Sumo Sacerdote, entre otros) florecientes de jóvenes vocaciones del sacerdocio han recibido una puñalada con la intención explícita de eliminarlos. ¿Qué futuro puede plantearse un joven que ha sido llamado por Dios al sacerdocio para la celebración de la Misa Tradicional, si ahora Roma dice que ya no podrá ordenarse con ese rito, no podrá celebrarla sin permiso de la Santa Sede, no podrá administrar sacramentos a los fieles, ni abrir nuevos apostolados? Como bien anota el P. Louis-Marie de Blignières, prior y fundador de la Fraternidad San Vicente Ferrer, representa una violación de la palabra dada, que después de la aprobación de sus constituciones y la erección de sus institutos se diga ahora que no son válidos.

En resumen, se dice promover la autoridad del obispo pero en realidad se le constriñe y limita, se dice buscar la unidad de la Iglesia y se segrega a un sector de la feligresía expulsándolos de la vida parroquial, se dice prever el bien de los fieles al tiempo que se les niega o restringe la administración de los sacramentos. Todo esto es violencia contra los feligreses, sacerdotes y obispos, violencia contra la esposa de Cristo, bajo la idea de que hay que proteger la “la comunión eclesial” y la obediencia al Papa, aun cuando sea a costa de la salvación de las almas.

Traditionis Custodes excede la autoridad del Sumo Pontífice

Una ley puede ser inválida o nula cuando es promulgada por alguien sin autoridad para hacerlo. En la misma línea, una ley es inválida cuando la autoridad que la emite excede su jurisdicción o competencia. Por eso mismo dicen los apóstoles que “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”, y Santo Tomás lo desarrolla diciendo

Del mismo modo hay dos razones por las que puede acontecer que el súbdito no esté obligado a obedecer en todo a su superior. Primero, por un precepto de una autoridad mayor. Así, comentando aquel texto de Rom 13,2: Quienes resisten a la autoridad atraen sobre sí la condenación, dice la Glosa: Si algo te manda el procurador, ¿deberás cumplirlo si va en contra del procónsul? Más aún: si el procónsul manda una cosa y el emperador otra, ¿puede haber alguna duda en no hacer caso de aquél y servir a éste? Luego si el emperador manda una cosa y Dios otra, se debe obedecer a éste y no hacer caso de aquél. (Suma Teológica, II-II, q. 104, art. 5)

Ahora bien, podrá objetarse que el Papa es la suprema potestad de la Iglesia Católica y no existe ninguna autoridad por encima suyo que pueda hacer inválidos sus mandatos. Además, si hay una autoridad en la Iglesia con el poder de reformar y ordenar la liturgia es el mismo sumo pontífice. Prueba de ello son la bula Quo Primum Tempore de San Pío V, las múltiples reformas hechas por diferentes papas a lo largo de lo siglos, e incluso el mismo Motu proprio Summorum Pontíficum, que es lo que Francisco está derogando.

Esta, sin embargo, es una concepción puramente formalista de la autoridad política, típica del absolutismo monárquico y del Estado Moderno, en la cual se entiende la autoridad simplemente como poder, lo que se puede y no se puede hacer, y no a partir de lo que se debe hacer y para qué se ha de hacerlo. Refleja cómo en la Modernidad el concepto de suprema potestad, que hace referencia a la necesidad de que en toda sociedad perfecta exista una cabeza que constituya la última instancia de decisión, ha sido sustituido por el de soberanía según el cual la autoridad se declara libre de obedecer cualquier ley o derecho que no provenga de sí misma. La soberanía ha sido, precisamente, la bandera con la que el Estado moderno ha querido emanciparse del Derecho Natural.

En este orden, afirmar que el Papa sea la suprema potestad de la Iglesia Católica no significa que el Papa tenga el poder de hacer cuanto le plazca en la Iglesia. Lo niega de forma explícita la Constitución Pastor Aeternus del Concilio Vaticano I, que es aquella en la cual se declaró el dogma de la infalibilidad pontificia:

Así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que, por asistencia suya, ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los Apóstoles, es decir, el depósito de la fe. (Capítulo 4)

Así pues, la autoridad pontificia existe con el propósito específico de salvaguardar la Tradición Apostólica, el depósito de la Fe. Esta es su razón de ser y el mandato superior que da fuerza a los actos del magisterio y del gobierno papal. El papado es una autoridad tradicional, que no basa su fuerza en los carismas particulares de su titular o en la designación por una autoridad superior, sino que existe en virtud de la Tradición recibida directamente de sus predecesores, y existe con el fin de mantener y transmitir íntegra esa misma Tradición. Cualquier acto que adultere o suplante el depósito transmitido carece de autoridad, pues socava los fundamentos de la misma.

Pues bien, el Motu Propio Traditionis Custodes afirma en su artículo 1 que “Los libros litúrgicos promulgados por los santos Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del Rito Romano.” Esta expresión ha sido objeto de múltiples comentarios por parte de liturgistas y canonistas, puesto que se le da al concepto de lex orandi un significado canónico que no tiene, resultando en una declaración gravemente lesiva de la tradición litúrgica de la Iglesia.

El concepto de lex orandi proviene de la expresión altomedieval “lex orandi, lex credendi” con la cual se quiere significar que todos los signos litúrgicos transmiten el contenido de la Fe que profesamos. Su sentido es similar al de la máxima atribuida a San Agustín: “Si quieres saber en qué creemos, ven a oír lo que cantamos”. Por lo mismo, así como toda la Iglesia Católica profesa una sola Fe, todos los ritos de la Iglesia Católica, tanto occidentales como orientales, comparten una misma lex orandi. No existe una lex orandi del Rito Romano y otra del rito Maronita, pues esto sería afirmar que existe una lex credendi distinta, una Fe distinta, para la Iglesia de Roma y para la Iglesia del Líbano.

Por lo tanto, cuando Francisco niega que la misa tradicional sea expresión de la lex orandi de la Iglesia, algo que además Mons. Roche repite de forma vehemente en sus Responsa, está declarando que la misa tradicional no expresa la lex credendi de la Iglesia. Esto conduce necesariamente a dos explicaciones posibles: 1) Durante siglos, todos los papas hasta Pablo VI promulgaron y permitieron la celebración de una misa que no expresa la Fe de la Iglesia, una misa herética, o 2) A partir del Concilio Vaticano II la lex credendi de la Iglesia, el depósito de la Fe, cambió sustancialmente y por lo tanto la Misa Tradicional, que expresaba válidamente la Fe de la Iglesia antes del Concilio, había quedado obsoleta y debía sustituirse por una nueva lex orandi que reflejara la nueva lex credendi.

En ambos casos, la afirmación de Francisco en Traditionis Custodes implica declarar una ruptura insalvable de la Tradición Apostólica que la autoridad poníficia debía mantener. Se ha dicho con razón que Traditionis Custodes es un golpe de gracia a la “hermenéutica de la continuidad” del Concilio Vaticano II defendida por Benedicto XVI, pues Francisco no sólo asume la tesis rupturistas, defendidas entre otros por los Lefebvristas, sino que al declarar como herético un rito aprobado por todos los papas hasta 1965, arroja un manto de sospecha sobre sus predecesores, incluyendo a su predecesor inmediato todavía vivo, ya que Traditionis Custodes prácticamente contradice punto por punto lo dicho por Summorum Pontificum.

En efecto, allí donde Benedicto XVI dice “El Misal Romano promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la «Lex orandi» («Ley de la oración»), de la Iglesia católica de rito latino. No obstante, el Misal Romano promulgado por san Pío V, y nuevamente por el beato Juan XXIII, debe considerarse como expresión extraordinaria de la misma «Lex orandi» y gozar del respeto debido por su uso venerable y antiguo. Estas dos expresiones de la «Lex orandi» de la Iglesia en modo alguno inducen a una división de la «Lex credendi» («Ley de la fe») de la Iglesia; en efecto, son dos usos del único rito romano.”, Francisco responde “Los libros litúrgicos promulgados por los santos Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II, en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II, son la única expresión de la lex orandi del Rito Romano.” Allí donde Benedicto XVI dice “Por lo que se refiere al uso del Misal de 1962, como Forma extraordinaria de la Liturgia de la Misa, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que este Misal no ha sido nunca jurídicamente abrogado y, por consiguiente, en principio, ha quedado siempre permitido.” Francisco responde a través de Mons. Rocher responde que “no se deba conceder la licencia para hacer uso del Rituale Romanum y del Pontificale Romanum precedentes a la reforma litúrgica, libros litúrgicos que, como todas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores, han sido abrogados.”

Con una sutil diferencia entra las expresiones contradictorias: Benedicto XVI comprueba un hecho, reconoce una serie realidades canónicas y litúrgicas. Francisco, por el contrario, pretende imponer su voluntad sobre la realidad, ordenando negar el hecho constatado por su predecesor. Por eso Benedicto XVI dice en su carta a los obispos: “Lo que para las generaciones anteriores era sagrado, también para nosotros permanece sagrado y grande y no puede ser  improvisamente totalmente prohibido o incluso perjudicial.”, declarando que si el Misal Tradicional “no ha sido nunca jurídicamente abrogado” es porque sería absolutamente contrario a la naturaleza y fines de la autoridad pontificia la ruptura total con la Tradición Apostólica.

Así pues, que el Papa sea la máxima autoridad de la Iglesia no obsta para que el Papa esté necesariamente vinculado a la Tradición depositada por los pontífices que le precedieron, como un mandato superior al cual sus mandatos deben estar sometidos. Ningún Papa tiene autoridad para condenar aquello que fue promulgado y confirmado sucesivamente a través de los siglos por los Papas anteriores, pues estaría negando su propia autoridad. Así como Francisco hoy deshace lo hecho por Benedicto, así mismo el sucesor de Francisco podría desbaratar lo hecho por aquel.

¿Qué queda por hacer?

En resumidas cuentas. Traditionis Custodes, y las Responsa publicadas por la Congregación para el Culto Divino, constituyen una norma injusta por ser irracional, por incoherente y contradictoria con la realidad, violenta contra el bien común de la Iglesia, y que excede la autoridad pontificia al negar la validez del magisterio de los papas anteriores. Es una ley injusta y debe ser resistida.

La resistencia a las normas injustas puede desarrollarse de muchas formas, dependiendo de si se es simplemente objeto del mandato o si se tiene una función de autoridad en la cual se espera que actúe como ejecutor de la misma. Puede hacerse caso omiso de la norma, pueden aprovecharse los vacíos normativos creados por la incoherencia de la misma para anular sus efectos, puede recurrirse a otras figuras canónicas, como la dispensa, para librar a los fieles de tal violencia, o puede rechazarse abierta y explícitamente la norma por su invalidez e ilicitud.

En el caso de los obispos, el celo por las almas debería bastar para ver que no se debe separar lo que Dios ha unido, y la paz litúrgica que trajo Benedicto XVI no tiene por qué alterarse por la política de apartheid propuesta por Francisco. Las medidas promulgadas llevarán inevitablemente a abrir viejas heridas que ya habían cerrado y a crear nuevos enfrentamientos dentro de la comunidad. Ante el riesgo de alejar a las almas de la Iglesia, de arruinar las vocaciones sacerdotales, es innegable el deber de todo obispo de proteger a su Iglesia local del pernicioso efecto del Motu dispensando su aplicación.

En el caso de los sacerdotes, sepan que no hay desobedicencia ninguna en mantenerse fiel a aquello que la Iglesia ha mantenido como válido y cierto a través de los siglos. Les acompaña el testimonio de multitud de santos y doctores, que participaron en la redacción de las fórmulas de la Misa Tradicional a la vez que atestiguan con la santidad de sus actos la bondad de sus efectos sobre las almas, e incluso de los mártires que defendieron con su sangre la naturaleza de la misa contra las innovaciones y experimentaciones litúrgicas de luteranos y anglicanos. Recuerden que “la necesidad es la madre de la invención” y para aquel que ama de verdad no faltan recursos para alcanzar lo amado, así que intenten todo camino, formal o práctico, para burlar las disposiciones tiránicas del Motu.

En el caso de los feligreses, sepan que como miembros vivos de la Iglesia están en todo su derecho de beneficiarse de los tesoros de la Tradición conservada desde los Apóstoles, pueden seguir asistiendo a Misa Tradicional y saber que lo hacen en plena obediencia a la autoridad pontificia y sin romper jamás la unidad de la Iglesia. Deben estar dispuestos a brindar todo el apoyo necesario, moral, físico, público e incluso económico a los sacerdotes que se vean perseguidos por causa de la Misa Tradicional. Si por causa del Motu pierden la celebración de la Misa Tradicional en la diócesis, la violencia injustificada de la medida constituye un claro caso de estado de necesidad por el cual pueden recurrir a la FSSPX con la conciencia tranquila. De igual forma, no deben temer suspender todo apoyo económico a las parroquias o diócesis en las que sea proscrita la Misa Tradicional.

Todos, reecuerden, finalmente, que Dios no abandona a los suyos ni dejará perder a aquellos que actúan movidos por amor a Él.

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sábado, 17 de julio de 2021

Alegoría de la Reina Despojada, por Álvaro Gallón Rodríguez

Se entristecen el Magdalena y el Cauca, se estremecen el San Juan y el Patía, la selva se deshace en lágrimas y truena en el Orinoco y el Amazonas; ruge con fiereza el Catatumbo y el Guáitara. Se seca el Guatapurí y el Ranchería, que han sido inspiración de tantos poetas. Una triste y espesa niebla gris cubre valles y sabanas, la llanura abrazada por el sol se incendia, las dos costas se encrespan. Todo anuncia la catástrofe.

Por estos días se menciona a la Reina de Colombia como “La despojada”, en palabras proféticas de monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, que lamentaba el sacrilegio ocurrido el pasado 9 de julio, cuando se conmemoraban 102 años de su coronación. País ingrato que ya no recuerdas a don Alonso indio, quien, enternecido por el tiempo que su Reina estuvo abandonada en Suta, tuvo la inspiración de construirle su primera capilla de vara, tierra y techo pajizo. Noble cacique respetado por españoles e indígenas. Símbolo de la unidad nacional mestiza que nacía del alma pura y fresca recién bautizada, de este honesto capitán de los indígenas Cocas, que destinó su guardia personal para cuidar a su Reina.


Noble Alonso indio, a quien hoy mencionamos con respeto y rendimos honra, porque tuviste la feliz idea de ordenar a tus indígenas que cuando alguno recibiera un milagro, en agradecimiento a la bondad maternal y grandeza de su Reina, que salva a indios y españoles juntos, de toda suerte de pestes, plagas y tragedias, le entregara en agradecimiento una esmeralda para se construyera el más rico y hermoso templo de la tierra colombiana y fuese adornada con cetro y corona de oro y esmeraldas.


Con el tiempo fueron tantos los milagros de la Reina de los Ángeles, de los hombres, de los pueblos y de todo lo creado, que se acumuló el tesoro más grande de esmeraldas talladas de la tierra. Hoy los colombianos ya no solicitan la maternal protección por su salud frente a la peste y el peligro inminente de su muerte. El nombre de Luis Fernando Malaver, con prontuario de 13 entradas a la cárcel por narcotráfico, asalto y asesinato, se volvió universalmente famoso el pasado 9 de julio, porque es pronunciado con vergüenza patria y su hazaña infame contada en los Jardines del Vaticano con voz temblorosa y lágrimas en los ojos por el señor Embajador de Colombia ante la Santa Sede doctor Jorge Mario Eastman, en presencia del Cardenal Giuseppe Bertello, Gobernador del Estado Vaticano, cardenales presentes, renombrados obispos y el cuerpo diplomático de otros países acreditados en la Santa Sede, su distinguida esposa y sus pequeñas e inocentes hijas.


Ahora no faltará quien proponga al delincuente para senador de la República y sugiera redactar una ley para que su curul no esté sometida al debate electoral. Hoy, 434 años después de la noble decisión de don Alonso indio, la tragedia nacional ocasionada por la languidez moral, es de tal magnitud que la falta de sensibilidad de los colombianos le resta toda importancia al hecho de que se haya despojado a la Reina de sus alhajas. El que las haya recuperado la Policía Nacional no disminuye la gravedad del acto.


¿Quién podría imaginar en aquel 3 de enero de 1587, cuando los indios cocas comenzaron a construir su capilla? Qué en el año 2021 el país iba a celebrar la fiesta religiosa nacional del 9 de julio incluyendo a un ratero sustrayendo las joyas, que son el símbolo de la realeza de la Virgen sobre la patria colombiana y que hubieran vísperas tumbando monumentos de aquellos a los que la india Catalina se refería de la siguientes manera: “Mis ojos propios son buenos testigos, de cómo saben ser buenos amigos” (Juan de Castellanos, Elegía de Varones Ilustres de Indias, Parte III, Historia de Cartagena, Canto II).


Este robo pudo ser permitido por Ella, como un mensaje de reflexión sobre el abismo en que hemos caído y de advertencia, que tal vez, anuncia la tormenta nacional que se aproxima. Es el símbolo de la Revolución Bolivariana del Socialismo del Siglo XXI, que se avecina y cae sobre una nación que renunció a Jesucristo y ya no conoce ni practica los Diez Mandamientos, los cuales hace tiempo no se enseñan en colegios y universidades, en los primeros porque es contrario al libre desarrollo de la personalidad, en las segundas porque no hace parte de sus líneas de investigación.


Desde las altas cortes se proclama la idolatría y reverencia materialista de toda la sociedad al dios Estado laico. Se prohíbe la profesión de fe hasta del primer mandatario, al punto que tiene que ir a escondidas a visitar la Virgen de Chiquinquirá para pedir su protección y la del país. Algunos de nuestros militares tienen más entusiasmo por la idiotez de la divinidad cienciológica Xenu que por el Decálogo, y por eso son fácilmente tentados por las jugosas retribuciones del narcotráfico, que son auténticas bicocas frente a lo que vale el honor de la Patria. A los jóvenes se les engatusa con la bondad del estupefaciente recreativo de fácil alcance y los niños son entrenados en el arte del terrorismo urbano; se propone a las mujeres que abandonen a sus hijos y pasen a engrosar las filas de las mamás primera línea, convirtiéndose en las fuertes animadoras promotoras del aborto y la eutanasia, en adoración a la diosa igualdad a los hombres se les niega el trabajo para que no puedan sustentar a sus familias, los vándalos incendian todo a su paso ante la mirada perdida y apática de los transeúntes, que ven cómo destruyen el mobiliario urbano pagado con sus impuestos para que puedan vivir como ciudadanos decentes. Gracias a los bloqueos, la deuda externa alcanzó el 60% mientras los expertos internacionales consideran que cuando un país llega al 75% ya no tiene retorno a la normalidad. Y que tal aquellos académicos y maestros que sesgan la historia nacional para despreciar el bien, envenenar los espíritus y azuzar a la violencia.


¡Colombia! Te llegó el tiempo de ser sincera contigo misma y abrir tu inteligencia y voluntad para manifestarte y afirmar con valentía lo que eres: Una noble nación católica, apostólica y romana basada en la familia cristiana, o prepararte para la esclavitud, el hambre y el destierro, pues el Nabucodonosor marxista yoruba de Venezuela con sus sacerdotes paleros ya está acampando en tus puertas y fronteras.
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viernes, 12 de febrero de 2021

26 y 27 de Febrero: XII Congreso Internacional de la Asociación Colombiana de Juristas Católicos


Como todos los años, la Asociación Colombiana de Juristas Católicos nos deleita con un exquisito panel monográfico para ilustrar algunos de los problemas más graves del derecho y la política contemporánea a la luz de la escuela del derecho natural cristiano. En este año, el tema no podía ser de mayor actualidad: El Laicismo. El título de este XII congreso es “Política y derecho frente a la laicidad contemporánea”, en el cual se abordará las diferentes pretensiones del discurso de la laicidad en la modernidad y sus graves consecuencias en el orden político y jurídico de nuestras naciones.

A continuación la agenda del evento:

Instalación:

  1. Francisco Gómez Ortiz (Rector Universidad Católica de Colombia)
  2. Ricardo Dip (Tribunal Supremo de Sao Pablo – Presidente Unión Internacional de Juristas Católicos)
  3. Juan Carlos Novoa Buendía (Presidente Asociación Colombiana de Juristas Católicos)

Programa:

  1. La secularización protestante como premisa
    Juan Fernando Segovia (Universidad de Mendoza / Argentina)
  2. La laicidad francesa y el modelo de separación
    Francisco Flórez (Centro para el Desarrollo Humano Integral Sergio Arboleda/ Colombia)
  3. El americanismo como modelo pluralista originario y su exportación contemporánea
    Nicolás Romero (Universidad Sergio Arboleda de Santafé de Bogotá / Colombia)
  4. La libertad de religión como elemento central de la nueva laicidad
    Julio Alvear (Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile / Chile)
  5. Laicidad y libertad religiosa en el derecho constitucional de hoy
    José Joaquín Jerez (Universidad Pontificia Comillas de Madrid / España)
  6. La laicidad y el derecho público eclesiástico
    Luis María De Ruschi (Universidad Católica Argentina / Argentina)
  7. Colombia y la laicidad (I): historia de un proceso y su realización
    Santiago Pérez Zapata (Unicervantes / Colombia)
  8. Colombia y la laicidad (y II): realidad presente
    Manuel Marín (Universidad del Rosario / Colombia)
  9. La laicidad católica de Dante: un problema actual. A los 700 años de la muerte de Dante
    Danilo Castellano (Universidad de Udine / Italia)
  10. Los cambios de la laicidad en los Estados y el reflejo de la laicidad en la Iglesia
    Miguel Ayuso (Universidad Pontificia Comillas de Madrid / España)

El congreso se llevará a cabo los días 26 y 27 de febrero (de 9:00 a.m. a 12:00 m.) a través de videoconferencia remota en la plataforma Zoom. El link y las credenciales para el acceso serán recibidos en el momento de la inscripción. Para inscribirse, diligenciar el siguiente formulario: https://forms.gle/qRXLacDUBw6BB3Nm6


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