El senador liberal Juan Manuel Galán radicó, el pasado 21 de julio, el proyecto de ley 27 de 2014 Senado que dice regular el Proyecto de Acto Legislativo 02 de 2009, por el cual el Congreso de la República revirtió la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la dosis mínima. Con revisar por encima el proyecto, puede verse de inmediato que lejos de pretender regular el acto legislativo, el proyecto del senador Galán quiere revertir la decisión tomada por el Congreso firmándole un cheque en blanco al gobierno para que haga lo que quiera sobre la materia.

En el 2009, el Congreso de la República aprobó una reforma al artículo 49 de la Constitución Política para añadir:

El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. [Respecto a la expresión subrayada, la Corte Constitucional se declara INHIBIDA mediante Sentencia C-574 de 2011]

Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos.

Esa salvedad, establecida por el Congreso para reconocer el hecho de que algunos medicamentos son utilizados como estupefaciente recreativo, y que no podía privarse de él a quienes los necesitaran para tratar sus enfermedades, es lo que el senador necesita para usarlo como boquete y pasar por ahí la despenalización amplia de la marihuana.

El proyecto se titula “por medio de la cual se reglamenta el Acto Legislativo número 02 de 2009”, pero ¿Qué reglamentación es la que propone? Vean ustedes:

Artículo 2°. Autorización expresa. Se autoriza al Gobierno nacional, el cultivo, cosecha y uso del cannabis, con fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos o medicinales.

Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, aprobará los proyectos de investigación relacionados con las cepas de cannabis para regular su uso terapéutico y medicinal.

Artículo 3°. Protocolo de manejo. El Ministerio de Salud y Protección Social deberá formular las políticas d e direccionamiento pertinentes, para el uso terapéutico adecuado del cannabis o sus productos derivados.

El proyecto no consiste en otra cosa, más que en una autorización expresa del Congreso al gobierno nacional para que tome las decisiones que quiera sobre la materia, por vía de decreto. Se trata de un desprendimiento tan explícito del poder legislativo en favor del ejecutivo, que incluso pareciera que fuera el gobierno el que estuviera detrás del proyecto, sólo que no atreve a presentarlo a nombre propio.

Galán utiliza una excusa que además es absurda: Aunque el THC ha sido mencionado para aliviar algunas dolencias, la marihuana trae consigo un conjunto de efectos adversos que hacen que su consumo constituya siempre un perjuicio para la salud de quien la consume. En segundo lugar, porque el THC no es el único medicamento conocido para aliviar tales dolencias. De modo que en este caso, el uso “terapéutico” es sólo la excusa con que se pretende que ahora sea el Estado el que se dedique a cultivar la marihuana.

El Senador liberal Juan Manuel Galán, radicó el proyecto de Ley 27 de 2014 Senado, en el cual, con la excusa de regular el marco constitucional para la prohibición del porte, tráfico y consumo de drogas, abre de par en par la puerta para que el gobierno nacional, por vía de decreto, revierta el mandato constitucional y dé vía libre al Cannabis en el territorio nacional.

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Proyecto de ley 27 de 2014 Senado

por medio de la cual se reglamenta el Acto Legislativo número 02 de 2009.

Autor: HS. Juan Manuel Galán y José Iván Ospina

Proyecto original (22 de julio) – Gaceta (376/14)

Retirado por los autores (2 de agosto)

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Proyecto de ley 80 de 2014 Senado

por medio de la cual se reglamenta el Acto Legislativo número 02 de 2009.

Autor: H.S. Juan Manuel Galán

Proyecto original (2 de septiembre) – Gaceta (456/14)

Primer debate en la Comisión I de Senado

Ponentes: H.S. Juan Manuel Galán

Ponencia primer debate (28 de octubre) – Gaceta (665/14)

Aprobado en primer debate (11 de noviembre) – Gaceta (798/14)

Segundo debate en la Plenaria del Senado

Ponentes: H.S. Juan Manuel Galán

Concepto Institucional MinHacienda (2 de diciembre) – Gaceta (797/14)

Ponencia segundo debate (3 de diciembre) – Gaceta (798/14)

BOGOTÁ, 25 Jul. 14 / 05:31 pm (ACI/EWTN Noticias).- El exsecretario de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), Mons. Juan Vicente Córdoba, rechazó que se quiera legalizar el uso medicinal de la marihuana, y recordó el llamado del Papa Francisco a no caer en la tentación de querer “combatir a la droga con la misma droga”.

“El fin no justifica los medios. No podemos, por tratar de hacer un paliativo a los dolores, usar una sustancia que va a traer efectos secundarios como la toxico-dependencia, los problemas sociales, de depresión y sicológicos”, expresó a la prensa local el Arzobispo de Fontibón.

“El Santo Padre, cuando visitó un hospital de tóxico-dependientes, dijo: ‘no podemos combatir a la droga con la misma droga, porque en sí misma ya tiene elementos de dependencia”, recordó el Prelado, quien es también psicólogo.

Indicó que “hay muchos elementos químicos y grandes medicamentos hoy en día que son paliativos y calma los dolores. Entonces ¿Por qué buscar preciso el que tiene efectos colaterales y muy negativos para la sociedad?”.

Hace varias semanas discutíamos el origen de los principios que la Iglesia ha llamado “no negociables” (Vida, Familia y Libertad Religiosa), y el carácter que ese título les da frente a otros temas que parecieran ser meramente opinables. Entonces veíamos cómo mientras algunas cuestiones eran de plano incompatibles con la fe cristiana, otros problemas merecían un juicio mucho más prudencial, y en el cual no se podía demandar la adhesión de los fieles a una única agenda política.

En esta oportunidad hemos querido denunciar el error que puede verse en el otro extremo de la cuestión: Pareciera que el aporte del católico en la política se limita a esa serie de oposiciones (No al aborto, No al “matrimonio” homosexual, No a la eutanasia, etc.) y en formulación positiva no se escucha más que vagas menciones a los valores elementales que debe tener un político cristiano (honestidad, transparencia, respeto por la dignidad humana, preocupación por el bien común, etc.), que en nada se diferencia de lo que debería esperarse de cualquier político.

Reducir la participación de la Iglesia a una serie de valores o principios generales, es implícitamente hacer lo mismo con la fe católica. Es decir que nada hay en el cristianismo que no pueda ser recorrido o caminado por alguien que carece de la fe. En esta postura, se hace evidente una visión de la fe idéntica a la del proyecto laicista: Nadie tiene que llevar su religión a la vida en comunidad.

Por el contrario, si nos detenemos a contemplar las pretensiones del secularismo y los espacios que ha ido ganando, podremos ver cómo la cuestión sobre el papel de la fe en la vida pública responde a la confrontación de dos visiones del mundo, del hombre y de la sociedad, que son abiertamente antagónicas. Por un lado, tenemos al hombre que quiere construir la realidad social y política sobre la base de la voluntad individual y subjetiva. Por el otro, a aquel que se sabe creatura de Dios, es decir, sujeto a su dominio, pero que además ha sido redimido por el sacrificio de Cristo, y por ello reconoce el derecho de Jesús sobre toda la humanidad.

El católico que desea aportar en la vida política, debe hacerlo desde su condición de católico en primer lugar, no ocultando su fe, ni reduciéndola a mera garantía de corrección, sino haciéndola centro absoluto de su labor como político. El deber de religión, parte esencial del primer mandamiento, está por encima de toda lealtad temporal que el católico pueda tener en tanto que ciudadano. El católico sabe que la Justicia sólo es posible cuando toda la realidad temporal esté ordenada entorno de Cristo, y sólo Él es capaz de conceder a la sociedad un bien común que vaya más allá de la pax romana.

Así, el papel de los laicos en la política no puede distinguirse de los otros deberes que los católicos poseen en tanto que tales. Servir a Dios, y rendirle el culto debido, anunciar a Cristo y ayudar en la salvación de los demás, son deberes que adquieren una categoría particular cuando los pensamos para el que participa en política. Hablamos de un político católico que no debe temer en procurar que el Estado reconozca la realeza universal de Cristo e implore su gracia y bendición, de un político católico que no ve su paso por la función pública como una oportunidad para evangelizar y buscar el bien espiritual de aquellos a quienes sirve.En un Mundo que quiere expulsar a Dios de la sociedad, borrar sus huellas en la cultura, la fe católica nos mueve a defender a la Iglesia Católica y su jurisdicción sobre la realidad espiritual, a procurar un orden social que tenga a Jesucristo por cabeza, y a reconocer que el poder público proviene de Dios y está a su servicio.

Nuevas denuncias sobre efectos adversos de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano se suman a las que ya habíamos informado hace unos meses. En este caso, son 23 menores del municipio de Carmen de Bolívar quienes afirman haber sufrido efectos secundarios luego de la aplicación de la vacuna, entre ellos, dolores de cabeza, adormecimiento de las extremidades y parálisis.

La respuesta del Ministerio de Salud sigue siendo la negación automática de tales efectos y la defensa del programa de vacunación. Afirman que “todos los estudios realizados en torno a la vacunación contra el VPH no han mostrado aumento de enfermedades o alteraciones en el grupo de niñas vacunadas”.

Sin embargo, otra es la opinión de la endocrinóloga española Carme Valls Llobet quien en Bogotá presentó un panorama distinto al que muestra el gobierno nacional. En entrevista con El Espectador, explicó no sólo las causas de la preocupación alrededor de la vacuna contra el VPH, sino también la razón del gobierno para insistir en continuar con el programa:

¿Cuál es su opinión sobre una vacuna cuyo uso se ha generalizado en niñas y jóvenes de Colombia y otros países: la que eliminaría el riesgo de contraer el virus del papiloma humano, VPH (infección de transmisión sexual causante del cáncer de cuello uterino)?

Trabajo en una organización científica sin ánimo de lucro que se llama Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), en Barcelona. Cuando salió la vacuna, lo primero que nos preguntamos en el Centro fue si había evidencia científica de que curaba el cáncer de cérvix para justificar una inversión de $400 euros por dosis, por cada niña de cada población. La respuesta hasta el momento es que nadie ha demostrado que eso sea cierto. Sin embargo, esa vacuna se está aplicando en muchas partes del mundo hace 6 o 7 años. Después vino un segundo problema: el cáncer de cérvix (cuello uterino) no produce anticuerpos en sangre como los que generan las enfermedades contagiosas. El virus del papiloma es de piel, por tanto, no genera anticuerpos y para hacer una vacuna contra ese virus, le tenían que poner un elemento que hiciera que el cuerpo los fabricara.

Y ¿en qué consiste el problema?

En que hicieron la vacuna con aluminio para crear anticuerpos pero este elemento produce efectos secundarios ¿Cuáles efectos? Según a quien se la apliquen y dependiendo de su sistema inmunológico, se pueden generar enfermedades autoinmunes. Nadie advirtió que se tuviera que hacer un análisis previo de la niña que iba a ponerse la vacuna. Como sabemos que no todo el mundo tiene las mismas condiciones, ha habido efectos adversos en algunas jóvenes. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré que paraliza el cuerpo. Las reacciones alérgicas serían pasajeras pero si se desarrolla una enfermedad autoinmune severa, puede afectarse el sistema nervioso central. Y eso sí es grave.

¿Hay casos en que hayan ocurrido problemas delicados de salud por la vacuna?

En España conocemos casos de niñas que han hecho convulsiones y epilepsia y que han entrado en coma después de la aplicación. Cualquier médico sabe que una vacuna puede producir encefalitis y mortalidad en una probabilidad baja de una en cada millón de habitantes, pero esta VPH está dando más problemas que las demás, sobre todo en la segunda dosis.

Cuando se toma una decisión de política pública en salud sobre vacunas, como ha ocurrido con esta VPH en Colombia, no es fácil echar para atrás la medida porque la inversión económica es cuantiosa.

Es cierto. El problema es que como es tan cara y ha sido una política de salud pública darla, ahora nadie sabe cómo retirarla. Multiplique 400 euros por niña de 10 años en todas las poblaciones y añada que se distribuye gratuitamente, a un costo enorme para los Estados que invirtieron en ella.

¿Es verdad que, no obstante el problema económico, varios países están pensando en retirar la vacuna?

En enero de este año, Japón organizó un congreso sobre el tema con expertos mundiales que están investigando a raíz de que en Canadá hubo tres muertes. La investigación sobre estos casos concluyó que el complejo aluminio-vacuna produjo encefalitis. Después ha habido casos de niñas que han quedado con insuficiencia ovárica posterior a la aplicación de la vacuna, es decir que han quedado menopáusicas a los 20 años. En España hay dos casos. En Estados Unidos hay un grupo especializado que tiene recopiladas las muertes por efectos secundarios de la VPH.

¿Han dejado de aplicar la vacuna en esas naciones?

Sí. Japón ha decidido no vacunar, no recomendar la vacuna y no pagarla. India, en donde ha habido problemas de mortalidad desde el año 2010, optó por no pagarla y por revisar su política al respecto. Y Francia, que hizo un congreso reciente en el Senado, afirmó que no debía pagarse con dinero público y que no la recomendaría. Esta discusión interna está en todos los servicios de sanidad del mundo. Añado que en Alemania, el mismo profesor que recomendó la VPH al principio, ahora está planteando que no ha debido aplicarse, también por otra razón científica: la vacuna solo cubre dos cepas de las que producen cáncer de cérvix y hay 17 cepas que la pueden provocar.

Es decir ¿tampoco es eficiente para evitar el cáncer de cérvix?

Es eficiente para las dos cepas porque es capaz de producir una inmunidad muy alta pero no sucede lo mismo con las 15 restantes. Por tanto, no pueden asegurarnos que no habrá ningún tipo de cáncer de cérvix.

En conclusión, ¿usted recomendaría no poner la vacuna?

Eso es lo que recomendamos aunque sabemos que no puede bajarse la guardia para prevenir el cáncer de cérvix. La única manera científica que va bien para la prevención por el momento, es la de las citologías vaginales; y con el dinero que se gasta en la vacuna, sería mucho mejor que se fortalecieran los programas que las incentivan para que las mujeres se la hagan periódicamente.

¿Ponerse la vacuna contra el virus de papiloma humano podría inocular cáncer?

No. El cáncer no funciona así. Pero insisto en que los efectos secundarios sobre el sistema neurológico, son delicados.

¿Esos efectos se producen de manera inmediata o mucho tiempo después de aplicada la vacuna?

Por lo que hemos visto, de un mes a seis meses después. En consecuencia, el seguimiento a las niñas debe realizarse en ese periodo. También sabemos, como le dije, que se presentan muchos efectos en la segunda dosis. Ahora, hay que advertir que no todas las vacunadas padecen efectos secundarios. No hay que asustar a la gente sino prevenirla. Adicionalmente, a las jóvenes que aseguran que se les presentaron efectos secundarios, se les ha de examinar y reconocer que sí tienen relación con la vacuna.

Hemos conocido que la Corte Constitucional aceptó tramitar una demanda de inconstitucionalidad que pide ampliación de las normas que regulan la unión marital de hecho y la adopción para incluir a las parejas homosexuales. Esta demanda coincide con la decisión que debe tomar la Corte Constitucional frente a la demanda de dos lesbianas que piden que una pueda adoptar a los hijos que otra tuvo por inseminación artificial. Así mismo, en la Cámara de Representantes hace trámite un proyecto de ley para incluir las técnicas de reproducción asistida dentro del POS.

Ya hemos denunciado anteriormente el mercado de las técnicas de reproducción asistida, la donación de gametos y el alquiler de vientres. También hemos visto cómo la demanda por adopción homosexual en la Corte Constitucional busca un aval jurídico a este mercado, para legitimarse como forma de “paternidad”. En esta ocasión queremos traer a colación dos casos recientes en los cuales este mercado de la “paternidad” se revela en toda su crudeza.

El primer de ellos se trata de la foto tomada por Lindsay Foster que muestra a dos hombres con el torso desnudo abrazando al bebé que reciben como resultado de un contrato de maternidad subrogada, en el cual una mujer donó los óvulos que luego de ser fecundados, fueron implantados en otra que gestó al niño por nueve meses. Esta imagen, que apareció en portada de varios medios a nivel internacional como noticia por el día del “orgullo gay”, muestra a una de ellas, la madre gestante, a quien le sustraen el niño, pues, utilizada como una máquina de tener hijos, obtiene su paga y carece de cualquier derecho sobre él.

En palabras de Eugenia Roccella:

La emoción está ahí, pero no es empática. Transmite una perturbación bastante indefinible que puede captar cualquier mujer que vea a los dos en la foto, que, sin camisa, toman al bebé piel con piel. En la toma ampliada, en el borde, se puede ver de perfil la expresión de una mujer perdida y sufriente; es la mujer que llevó al bebé en su vientre durante nueve meses, que acaba de dar a luz, y que, de inmediato, debe entregarlo según el contrato que ha firmado.

Se le pagó por ello, ha hecho su trabajo. En las siguientes fotos desaparece. Deja de ser una madre, es sólo una prestadora de servicios, al igual que la otra, la desconocida que ha proporcionado los ovocitos de pago; porque quien «encarga fabricar» un niño como un objeto para ser envasado, no quiere estar relacionado biológicamente con una sola mujer, prefiere que haya dos madres, una ‘genética’ (de la que se toman los ovocitos) y otra gestacional (a la que se le alquila el útero). Luego, por supuesto, a esas madres las hacen desaparecer, ya no habrá ninguna madre. (traducción de InfoCatólica)

El segundo caso es el de la estrella estadounidense de televisión Sherri Sheperd, que se encontraba “esperando” un bebé por maternidad subrogada pero luego del fracaso de su matrimonio ha dicho que no quiere tener “nada que ver” con ese bebé. En cierto modo se podría decir que ella no hace más que “cancelar el pedido”, lo que implica que el bebé sea “adoptado” por su madre gestacional o su madre genética, o que se entregado a un orfanato, o peor todavía, que la madre gestacional aborte a la criatura.

Este caso recuerda al de Crystal Kelley, otra mujer estadounidense, que a causa de no encontrar empleo, alquiló su vientre a una pareja por 22mil dólares para que gestara a su hija, pero cuando el matrimonio se enteró que la bebé venía con labio leporino, paladar hendido y otras complicaciones, le pidieron a Crystal que la abortara. Ella se negó, y la pareja le ofreció 10mil dólares más para que lo hiciera, más aún, quisieron perseguirla judicialmente para obligarla a hacerlo, y Crystal tuvo que huir a Michigan donde la legislación la favorecía. Los argumentos de quienes defendían la postura de la pareja fueron crudos: El bebé es parte de “una transacción, un contrato”, y por ello los contratantes pueden cancelar la transacción si lo consideran necesario.

Ya hemos dicho que este “mercado de hijos” ya existe para las parejas de distinto sexo, pero dado que esta es la única forma como una pareja del mismo sexo puede simular que está teniendo hijos, es evidente que la aprobación de la adopción por homosexuales convertirá la “fabricación de hijos” en el paradigma jurídico para regular los derechos de los padres hacia los hijos en general.

(CEC) El arzobispo de Barranquilla, monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, señaló que los Senadores y Parlamentarios que se posicionarán el próximo 20 de julio, deberán ser fieles a la voluntad del pueblo que los eligió, y legislar leyes de acuerdo a los momentos críticos que vive el país.

"El país espera que ellos no sean inferiores al compromiso que adquirieron, que se aparten de intereses personales o partidistas, y con honestidad y espíritu de sacrificio comiencen ya a proponer y aprobar proyectos de ley que salven a Colombia de la crisis".

Al referirse de manera particular a los legisladores electos de la Costa Caribe, el arzobispo les recordó que esta región del país está casi abandonada por el Estado, y les hizo una invitación a trabajar unidos para sacar obras urgentes que permitan unir los siete departamentos de la costa, incluyendo la Isla de San Andrés.

Al ser interrogado por el diario católico Kairós en Barranquilla, sobre la alta cuota de mujeres que fue elegida para Senado y la Cámara, monseñor Jaramillo Monsalve manifestó su alegría y resaltó la sensibilidad, honestidad, inteligencia y fidelidad de la mujer ante los compromisos que adquiere.

Reproducimos la columna de Juan Manuel de Prada, publicada originalmente en el ABC de España.

La «crisis demográfica», a la que ABC dedicaba ayer su «Primer Plano» es muy fácil de entender, hasta que llegan los estadísticos con su pedrisco de porcentajes y los sociólogos con su cháchara confundidora. La explicación teológica que nos brinda el Génesis (la eterna enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la antigua serpiente) no puede ser más sencilla e irrebatible; pero en un mundo al que la teología le suena a sánscrito hay que probar otras explicaciones. Así lo hizo Chesterton en repetidos artículos donde se dedicaba a desenmascarar la conspiración de cobardes que había hecho del antinatalismo cuestión primordial. En realidad, tal desenmascaramiento no exigía demasiada perspicacia, pues el economicismo liberal, con Adam Smith y David Ricardo a la cabeza, ya se había encargado de establecer que el paraíso en la Tierra por ellos diseñado sólo podría funcionar si los «proletarios» dejaban de tener aquellas proles copiosas que demandaban salarios excesivos. David Ricardo llegó, incluso, a pedir que se prohibiese la beneficencia, para que los salarios ínfimos fuesen el estímulo antinatalista definitivo; y avizoró que unos proletarios sin prole, al no tener que preocuparse por el futuro de sus hijos, desarrollarían unos «benéficos» instintos egoístas que redundarían en provecho de la «mano invisible» que rige el mercado. Ciertamente, no se equivocaba.

Pero, para que el antinatalismo cuajase plenamente, era preciso romper los vínculos comunitarios y familiares que nutren a los seres humanos. Se obligó a la gente a abandonar su tierra y su religión; se inspiró en la mujer odio al hogar, mediante el veneno de la competencia entre los sexos; se escarnecieron, mediante una propaganda pervertidora, todas las virtudes ancestrales. Todos aquellos acicates antinatalistas resultaban, sin embargo, muy sórdidos; y hubo que envolverlos con un rebozo doctrinal campanudo: emancipación, libertades individuales, autonomía de la voluntad, etcétera. Tales altisonancias no eran sino el disfraz dominguero que se ponía la pura exaltación del deseo, el egoísmo más despepitado, para posar de benefactor del género humano. Y así se fueron delineando las libertades y derechos de bragueta (adulterio, divorcio, pornografía, anticoncepción, aborto, etcétera) que empezaron siendo agresiones más o menos vergonzantes a la moral y, poco a poco, se fueron convirtiendo en aquella religión avizorada por Chesterton, que a la vez que estimula la lujuria prohíbe la fecundidad. Por supuesto, todas estas libertades de bragueta encumbradas a la categoría de dogmas de fe no eran sino cortinas de humo aventadas para tener a la pobre gente (¡ya nunca más proletaria!) entretenida, refocilándose en la pocilga, mientras el orden liberal (para entonces transmutado en “progresismo”) se dedicaba a la única libertad que le interesaba, que no es otra sino la de amontonar dinero en unas pocas manos.

En las últimas décadas, el antinatalismo se ha atrevido, después de aniquilar la comunidad y la familia, a destruir la propia naturaleza humana, único reducto que se le resistía numantinamente, mediante ideologías que no hacen sino introducir en nuestra naturaleza la misma dinamita con la que antes habían arrasado los vínculos y las conciencias: son las ideologías de género, que en sus versiones más cyborg ya nos proponen montárnoslo con una computadora y, en caso de necesidad, hasta con una lavadora, siempre que sea «inteligente». Primero la comunidad, después la familia, por último la propia naturaleza humana; y es que aquella antigua y «eterna enemistad» a la que nos referíamos al principio necesita, como Jack el Destripador, ir por partes.

Bogotá (Viernes, 11-07-2014, Gaudium Press) El Obispo de Fontibón y Presidente de la Comisión de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal de Colombia, Mons. Juan Vicente Córdoba, hizo un claro llamado por el fin del aborto despenalizado en el país en tres casos que son manipulados por los centros abortivos para realizar el procedimiento en cualquier caso. "Esto dio permiso para que todo el mundo abortara. El aborto se volvió un derecho y nunca el aborto es un derecho". El prelado expuso la clara condena de la Iglesia a la práctica y sustentó sus denuncias en el testimonio de una mujer, quien estuvo presente en la rueda de prensa, y un reportaje periodístico que reveló la forma en que operan los establecimientos que realizan abortos ilegales en la ciudad de Bogotá.

El video del reportaje, realizado por el programa televisivo de investigación Testigo Directo y compartido con los periodistas, muestra a una reportera que simula estar en embarazo para recorrer varios establecimientos en el que abiertamente le ofrecen servicios de aborto de manera ilegal e incluso le practican una ecografía con la que aseguran que se encuentra en las etapas iniciales de gestación. La periodista concluye su recorrido en la institución Oriéntame, que opera de manera legal y que fue promovida por varias organizaciones como lugar de formación para médicos en procedimientos de aborto ante el Ministerio de Protección Social del país. En este lugar se advierte a la reportera que no se encuentra en embarazo, pero se le da información sobre el supuesto derecho al aborto y se le asegura que ellos pueden realizar el procedimiento incluso cuando la madre no cumple los requisitos de despenalización fijados por la Corte Constitucional.

"Que quede claro que en Colombia el aborto sigue siendo delito, que está despenalizado en tres casos", afirmó Mons. Córdoba, quien reclamó la acción de las autoridades en casos como los denunciados en el reportaje y rechazó la sentencia de la Corte Constitucional que dejó de proteger la vida en toda circunstancia en 2006. "Yo no puedo decir que es menos grave un 'abortico' que un aborto, que es 'abortico' cuando es de una semana y es aborto cuando es de ocho meses", declaró. "Yo no puedo decir que a esta persona como la maté rápido es menos grave. La muerte nunca podrá ser un medio para sanar nada, hay que penalizar el aborto en todo caso".

"La peor decisión que he tomado en mi vida"

Después de la presentación del reportaje, una mujer que reservó su identidad expuso su propio testimonio sobre el grave sufrimiento que le ocasionó un aborto realizado en la misma institución. Según la mujer, se le brindó información falsa sobre el aborto y se le indujo a cometer "la peor decisión que he tomado en mi vida". "Me dijeron que yo estaría bien, no me hablaron de las secuelas psicológicas que yo iba a tener, que físicamente no sucedería nada, que serían cinco minutos, sin dolor". Ella relató su historia y denunció que sufrió un gran dolor durante la intervención, padeció afecciones que la obligaron a someterse una cirugía como consecuencia del aborto y quedó en un estado de grave depresión con un prolongado trauma psicológico. "Yo me quedé sola alucinando con mi bebé", relató la mujer. "No quería salir a la calle. Ver mujeres en embarazo, ver bebés, ver ropa de bebé, todo lo que tuviera relación con un bebecito me hacía mucho daño".

"Es por eso que yo hoy comparto mi testimonio", concluyó. "No quiero que las mujeres confundidas, equivocadas y engañadas pasen por esta dolorosa experiencia del aborto quitándole la vida a su bebé". Su caso, como el de el reportaje periodístico, no correspondía a un caso de aborto despenalizado y fue realizado con una declaración falsa de una complicación del embarazo que fue provista por la institución y firmada por la mujer debido a la confusión en la cual se encontraba.

Ayuda y formación

Esta denuncia se hizo en la sede de la Conferencia Episcopal durante la Asamblea Plenaria que se desarrolla actualmente (ver noticia anterior) y contó también con la presencia de la Dra. Danelia Cardona, médico psiquiatra y Directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la CEC. La experta recordó la acción directa de la Iglesia en favor del respeto a la Vida especialmente a través del programa Fecundar Vida (ver noticia anterior): Esta acción se desarrolla "en las parroquias mediante unas jornadas de formación donde le explicamos a la gente cuál es la realidad del aborto", expuso. "También se les solicita a la gente que recojan insumos para las mujeres que tienen embarazos inesperados y así darles un apoyo real y concreto a mujeres que tienen una situación de vulnerabilidad. La mujer embarazada necesita apoyo, no un aborto".

Mons. Juan Vicente Córdoba recalcó el compromiso de la Iglesia en la formación de la cultura de la vida y la transmisión de la fe: "La Iglesia tiene la pastoral familiar en las parroquias y allí desplegamos la educación, promovemos la familia, el amor familiar, la educación a los hijos, el valor de la vida, de la sexualidad, del cuerpo, del matrimonio, de los hijos. Tenemos que ir persona a persona, hogar a hogar". El prelado anunció que la Iglesia no cesará en su trabajo de defensa de la dignidad de la vida humana, a pesar de las presiones y críticas que pueda padecer por esta causa. "Tenemos nuestros nombres escritos en el Libro de la Vida cuando hemos defendido y proclamado la vida", concluyó.

La Corte Constitucional de Colombia entrará a discutir la nulidad de dos sentencias de tutela sobre el tema del aborto: la T-841 de 2011 y la T-627 de 2012. Estas sentencias son casos gravísimos de extralimitación de las competencias de la Corte, al exceder los límites de sus propias decisiones e imponer posturas sobre temas científicos y médicos.

En la sentencia T-841 de 2011, la Corte ordenó a una EPS a indemnizar a una joven menor de edad, que había quedado en embarazo luego de relaciones sexuales consentidas con su novio, por no haberle practicado el aborto a pesar de que el embarazo no se encuadraba en ninguna de las tres causales, sino que había presentado una solicitud firmada por un psiquiatra del abortorio Oriéntame en que aducía que había un riesgo para su salud “psicosocial” pues habría

un riesgo incrementado de sufrir de menor salud mental, social y física como resultado de asumir la maternidad a tan temprana edad. Este riesgo se refleja en mayor incidencia de depresión, uso de psicoactivos, menos escolaridad y estabilidad familiar y mayor pobreza y desventaja social.

Pero además de rechazar el certificado presentado por tratarse de un profesional ajeno a su red y cuyo concepto es meramente especulativo, sin aportar el resultado de ningún examen practicado, la EPS negó la solicitud de aborto, pues la práctica del aborto representaba un grave riesgo para la vida y la salud de la joven, dado lo avanzado del embarazo.

La Corte, en esta sentencia, no sólo abre la puerta para todo aborto, pues avalaría como causal de aborto el sólo hecho de que el embarazo fuera “no deseado”, convirtiendo el aborto en otro método de control de la natalidad. Más aún, al ordenar a la EPS indemnizar a la joven, prácticamente constriñe a las EPS a ver el aborto como la salida primera ante cualquier solicitud, aunque podría constituir delito, sin considerar siquiera el riesgo que para la vida de la mujer puede significar.

Para el magistrado Humberto Sierra Porto, el aborto debe llevarse a cabo sin importar si con ello pone el riesgo la vida de la mujer. Y encima ordenó que ninguna entidad pudiera dar información sobre el caso a las autoridades, seguramente para evitar que se conocieran las irregularidades del caso, en un evidente caso de obstrucción a la justicia.

Por su parte, la sentencia T-627 de 2012 fue el producto de un montaje explicado por la misma Mónica Roa en una conferencia en Estados Unidos. En ella detalló como no consiguieron una sola mujer que hubiese sido afectada directamente por las actuaciones del Procurador, por lo que resolvieron reclutar mujeres para que lo demandaran por supuesta violación al “derecho a la información”, entrenándolas y enseñándoles lo que tenían que decir ante la Corte.

En esta sentencia, del mismo magistrado Humberto Sierra Porto, la Corte se arroga la competencia para imponer verdades científicas al ordenar al Procurador rectificar  que la “anticoncepción de emergencia no tiene carácter abortivo sino anticonceptivo”, a pesar de que el mismo fabricante de la píldora reconoce que uno de sus efectos es impedir la implantación del embrión ya fecundado. Además, le ordena rectificar declaraciones que el Procurador hizo a nivel personal, no institucional, constituyéndose en “juez de opiniones”. Todavía peor, en esa sentencia, la Corte ordenó proceder a la inclusión del Misoprostol dentro del POS, a pesar de los graves riesgos para la vida y la salud de las mujeres, que esta droga representa al ser usada como abortivo.

Por todo esto, le pedimos a la Corte Constitucional que declare nulas ambas sentencias que constituyen un nefando acto de extralimitación de competencias y abuso de poder, por parte de los magistrados que las aprobaron.

Honorables Magistrados:

Las sentencias T-841 de 2011 y T-627 de 2012 constituyen un grave caso de extralimitación de competencias y abuso de poder.

En la sentencia T-841, la Corte excede los limites de su propia jurisprudencia establecidos en la C-355 de 2006 al inventar el “derecho fundamental al aborto”, además de que crea una nueva causal para el aborto, que pasaría a ser otro método de control de la natalidad, y obstruye el funcionamiento de la justicia al impedir que las autoridades conozcan los casos de solicitudes de aborto, que al estar por fuera de las tres causales despenalizadas en la sentencia C-355 de 2006, siguen siendo un delito.

En la sentencia T-627 de 2012 la Corte acolita un montaje orquestado y confesado por la abogada Mónica Roa. Los Magistrados excedieron sus competencias pretendiendo imponer su opinión sobre hechos científicos como verdad jurídica, enjuiciando, de paso, la opinión personal de un servidor público, estableciendo el “delito de opinión”. También pone en grave riesgo a las mujeres de Colombia al ignorar los graves riesgos para la salud y la vida cuando se utiliza el Misoprostol como abortivo. Con esta decisión la Corte favoreció la práctica de abortos caseros y clandestinos hechos con este medicamento y que pueden llevar a hemorragias fuera de control que acaben con la vida de estas mujeres.

Por estas razones es que pedimos se declaren nulas ambas sentencias, pues su carácter antijurídico y violatorio de la división de poderes y el Estado de Derecho, las convierte en atentados contra la democracia y afectan gravemente la legitimidad del tribunal que la Constitución del 91 creó para defender el orden constitucional, no para suplantarlo.

(CEC) El presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida del episcopado colombiano, Mons. Juan Vicente Córdoba Villota hizo un llamado para que se abandonen las prácticas del aborto y que más bien se eduque en el amor a los jóvenes y se les dé mejores condiciones de vida.

Así lo afirmó durante una rueda de prensa realizada este jueves en instalaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, en que pidió que la Corte Constitucional anulara las sentencias T-841 de 2011 y T-627 de 2012, excluyendo el Misoprostol y la píldora del día después del POS.

"El Misoprostol debe salir del POS. El Misoprostol es bueno para cuando una madre tiene un aborto espontáneo no provocado y le ayuda con contracciones a sacar la placenta y todo los pos nacimiento", dijo Monseñor Córdoba.

Registro: Mons. Juan Vicente Córdoba Villota

Tras presentar un vídeo en donde se denuncia a centros donde se practica el aborto, Mons. Córdoba afirmó que "el aborto es un negocio muy malo" ya que además de generar pérdidas económicas genera pérdidas psicológicas muy grandes.

El prelado explicó que la formación y educación en los hogares, no recurrir a prácticas abortivas y mejorar las condiciones de vida de la población, son los tres elementos que evitará más muertes producto del aborto, tanto para los niños no nacidos como para las madres.

Finalmente la Dra. Danelia Cardona Lozada, Directora del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida recordó que con la legalización del aborto no se disminuyen las cifras de mortalidad materna. Para la médico psiquiatra la educación es el único camino para disminuir el aborto y las muertes por su práctica.

(CEC) Los obispos de Colombia eligieron como presidente a Mons. Luis Augusto Castro, Arzobispo de Tunja. El prelado servirá a la Iglesia durante los próximos tres años.

El nuevo presidente tiene el reto de acompañar el proceso de paz y reconciliación en el país y también asumir los retos de la Nueva Evangelización.

A nivel institucional debe continuar con el proceso del Plan Global que adelanta el episcopado para el periodo 2012 – 2020.

Esta será la segunda gestión del arzobispo de Tunja. La primera gestión fue en el año 2005.

Los señores obispos encomendaron al presidente del episcopado a la patrona de Colombia, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

La Conferencia Episcopal de Colombia agradeció el servicio que prestó el Cardenal Rubén Salazar Gómez como presidente del episcopado durante un periodo de seis años.

El pasado domingo, el Dr. Fernando Sánchez Torres, publicó una columna en el diario El Tiempo, refiriéndose a la demanda que se encuentra en curso en la Corte Constitucional, contra la posibilidad de producir embriones humanos con el fin de experimentar en ellos. En su artículo, Sánchez defiende la experimentación con seres humanos y los procedimientos eugenésicos a partir de un par de falacias que expondremos a continuación.

En primer lugar, emplea una falacia “hombre de paja” al caracterizar la postura de quienes apoyan la demanda y piden prohibir la experimentación con embriones, como una postura “religiosa” a la cual se opondría otra supuestamente “científica”:

Desde sus inicios, la ingeniería genética –que es la actividad que suscita la controversia– despertó desconfianza en los sectores conservadores. Sus inmensas posibilidades aparejan temores, a punto tal que se ha llegado a afirmar que quienes la practican están compitiendo con Dios y, por lo tanto, sus ejecutorias son inmorales. Con la vida humana –dicen– no pueden hacerse ensayos, pues es divina, vale decir que, siendo un don de Dios, solo este puede disponer de ella.

(…)

El conflicto ético radica en el estatus moral que desde el campo religioso se le ha asignado al conjunto de células que van constituyendo el nuevo ser, estatus que no concuerda con el concepto que se tiene desde la orilla científica biologicista. Para aquellos, desde el momento de la fusión del óvulo o gameto femenino (que es una célula) con el espermatozoide o gameto masculino (que es otra célula) hay vida humana y, por lo tanto, posee sacralidad, lo que impide su manipulación, no importa cuáles sean los fines invocados. En cambio, para la mayor parte de los científicos, el nuevo ser tiene un estatus moral progresivo, de acuerdo con su desarrollo o perfeccionamiento celular (ontogénesis). Siendo así, ese estatus no tiene las connotaciones morales asignadas a una persona, que es lo que pretenden algunos.

Esta es una falsa oposición que busca ensombrecer el debate a partir de una falsa dicotomía, impidiendo que ambas proposiciones puedan ser evaluadas en su naturaleza de afirmaciones filosófico-jurídicas, que es lo que en realidad son.

A este respecto permítasenos señalar el carácter falso y falaz de la postura señalada por el Dr. Sánchez como “científica biologicista”. Falso, pues afirma que “para la mayor parte de los científicos el nuevo ser tiene un estatus moral progresivo”, afirmación que carece de toda fundamentación factual, y que contrasta de forma absoluta con declaraciones internacionales como los Artículos de San José, o el Manifiesto de Madrid, en que un buen número de científicos, investigadores, y personal sanitario, defienden que el ser humano reciba igual protección desde el momento mismo de la protección. Falaz además, porque aunque fuera cierta, ni las verdades científicas se determinan por mayoría, ni el estatus moral del ser humano es un hecho científico, de modo que la postura de estos “científicos” que el columnista alude sin citar no tiene mayor valor de autoridad, que el de una opinión cualquiera.

Pero además, el autor parece ignorar que la protección del ser humano como un fin en sí mismo, proviene también del racionalismo kantiano, y está en el germen, por lo menos a nivel discursivo, del derecho de los Derechos Humanos. Esto puede evidenciarse con mayor gravedad cuando ser examina las consecuencias de la postura que defiende el Dr. Sánchez, negando tal protección:

Sin embargo, analizando el asunto con criterio pragmático, utilitarista, debe mirarse como una benefactora de la especie humana frente a muchas de las dolencias que la aquejan. El ‘mapeo’ del genoma y el empleo de las células madre son hitos científicos que, no obstante el escepticismo de algunos, abren alentadoras perspectivas. Además, el poder observar en directo y en tiempo real el proceso de la fecundación humana y el desarrollo del cigoto (que es el producto de la fusión del óvulo y el espermatozoide) permite detectar tempranamente errores de la naturaleza susceptibles de corrección. Es lo que se denomina “terapia génica”, que es una forma de manipulación genética a favor de los componentes de la especie.

Así como lo ven: para el Dr. Fernando Sánchez Torres, es justo utilizar y manipular una vida humana si con ello hay un beneficio hipotético para el conjunto de la especie humana. Más aún, él considera que la especie es beneficiada si se elimina tempranamente a todos los individuos que salgan defectuosos. Esta es la mentalidad de quien fue presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica, y fundador del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos.

Esto resulta cuando menos paradójico si se considera que la Bioética surgió justamente a causa de los escándalos provocados al destaparse casos de experimentación sobre seres humanos en Estados Unidos y Europa. La postura que el columnista defiende, no es en absoluto diferente a la del movimiento eugenésico que llegó a su cenit con los experimentos del Dr. Josef Mengele y el Dr. Otmar Freiherr von Verschuer con los prisioneros en los campos de concentración nazis. Ellos creían que era perfectamente legítimo y “ético” utilizar a los prisioneros judíos y gitanos como conejillos de indias en sus experimentos que, según ellos, ayudarían a mejorar la especie humana.

La Declaración de los Derechos Humanos, fue, en cierto modo, una respuesta a las violaciones contra la dignidad humana cometidas por el régimen nazi, entre ellas, la experimentación con seres humanos. El principio que subsiste a tal declaración, y en general al derecho de los Derechos Humanos, es que todo ser humano, en tanto que humano, posee una dignidad particular que le hace sujeto de derechos inalienables. La Convención Americana de Derechos Humanos es taxativa: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

El hecho científico en este caso es claro y evidente: En el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, se genera un nuevo ser vivo con una identidad genética propia y única. Desde el momento de la concepción existe ya un individuo de la especie humana, un ser humano. Cada embrión es ya un ser humano, y debe ser protegido como tal, aunque haya quienes aboguen por que sean manipulados o destruidos en beneficio de otros. Esta postura, que se basa en negar la dignidad humana en su conjunto y pretender que el ser humano sólo es digno según un cierto nivel de capacidad o desarrollo, implica entonces un retroceso a los tiempos del Tercer Reich, del darwinismo social, y del movimiento eugenésico.

(CEC) Tras ser una de las trece víctimas heridas en el atentado perpetrado por el grupo guerrillero del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), en el Departamento de Arauca, el padre Hugo Alberto Sisa Castro, párroco San Isidro Labrador, en el corregimiento de La Reinera, pidió a quienes cometieron estos hechos desarmar sus corazones y dejar estos actos terroristas.

"Uno quisiera decirles a esta personas que causan daño tantas cosas..., pero los invitaría para que busquen la posibilidad de luchar por los más débiles, que no jueguen con la vida de las personas, especialmente con aquellas que no tienen nada que ver en este conflicto", apuntó.

En una entrevista concedida a la oficina de comunicaciones de la Conferencia Episcopal, el padre Sisa Castro dijo no tener resentimiento con aquellas personas que cometieron este atentado y manifestó ser un protegido de Dios y María Santísima, al que se le ha dado una segunda oportunidad para seguir transmitiendo el Evangelio.

"Son momentos de dolor, pero también de esperanza y fe en Dios, creo que este hecho que sucedió en la Eucaristía nos favoreció porque estábamos en la presencia del Señor", subrayó

El sacerdote se encontraba en el complejo petrolero de Caño Limón, celebrando el pasado domingo 29 de junio una eucaristía a operarios y funcionarios de la empresa OXY de Arauquita, cuando el grupo guerrillero del ELN lanzó sobre las instalaciones un cilindro bomba, dejando como saldo 13 heridos.

El pasado 18 de junio, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley 107 de 2013 que establece el Feminicidio como tipo penal, y establece otras disposiciones, entre las cuales se crea la “Cátedra Nacional de Género” de carácter obligatorio en los proceso de formación básica y media:

Artículo 9°. Cátedra Nacional de Género para prevenir la violencia contra las mujeres.

1. A partir de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección de Calidad para la Educación, dispondrá lo necesario para integrar a la malla curricular, los contenidos del enfoque de género en los procesos pedagógicos de formación básica y media, estructurados según el ciclo vital y educativo de los y las estudiantes.

2. Las Instituciones de Educación Superior en desarrollo del principio de Autonomía Universitaria consagrado en el artículo 69 superior y en desarrollo de los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, podrán adoptar en los programas de formación opcional y/o complementaria de las carreras de humanidades y Ciencias Sociales, la Cátedra de Género y Derechos Humanos, de conformidad con su misión institucional y sus fines filosóficos y académicos.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1257 de 2008, como estrategia de sensibilización social para prevenir la violencia contra las mujeres.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección de Calidad para la Educación y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), establecerán los mecanismos de monitoreo y evaluación permanente del proceso de incorporación del enfoque de género en los procesos pedagógicos y sus resultados, sobre lo cual deberán entregar un informe conjunto anual a la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República de Colombia.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación tendrá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley para iniciar el proceso de pruebas e integración efectiva del enfoque de género a los contenidos de la malla curricular de los procesos pedagógicos a que hace alusión la presente ley.

Es decir que con la excusa de combatir el feminicidio se creará una cátedra particular de Ideología de Género en la malla curricular de todos los establecimientos educativos. Esta “Cátedra Obligatoria de Género” ya había sido propuesta por separado en el Proyecto de Ley 87 de 2012 Senado y terminó hundiéndose por falta de trámite.

El Ministerio de Salud ha presentado su concepto institucional al Proyecto de Ley 109 de 2013 Cámara, oponiéndose al tránsito del proyecto, aduciendo que el proyecto no es necesario, pues el sistema de salud ya cubre tratamiento de la infertilidad, pero que además no es sostenible fiscalmente. Este concepto representa un hundimiento práctico del proyecto de ley.

Revisando el concepto del Ministerio, encontramos importante resaltar que según ellos, sí hay tratamientos para la infertilidad cubiertos por el POS, entre ellos, algunos que hacen parte de la NaPro Tecnología:

vale la pena agregar que tratándose de la enfermedad “infertilidad” es cobertura POS todo lo referente al estudio del ciclo menstrual, sangrado y sus características, ovulación, molestias, síntomas y signos (anamnesis), además del examen físico en consulta por medicina especializada, Igualmente, es pertinente destacar que:

- En el POS se encuentran varias tecnologías en salud (v. gr. laboratorios) relacionadas como: hemograma, citología cervico-vaginal, estudios endocrinológicos, entre otros.

- Dentro de los ultrasonidos se encuentran las ecografías ginecologías y pélvicas, vía abdominal y transvaginal, entre otras. Igualmente están los doppler.

- Los diagnósticos y tecnologías en salud para dicho fin se encuentran en armonía con lo señalado en el artículo 162 de la Ley 100 de 1993.

- La consulta médica general, especializada, ciertos procedimientos en Ginecobstetricia, y las psicoterapias se encuentran cubiertas según lo establecido en la Resolución 5521 de 2013 y los Anexos 01, 02 y 03 que hacen parte integral del mismo acto administrativo.

- La Junta de Salud Reproductiva puede ser un programa de servicio (tecnologías en salud) que es cobertura del POS por grupo interdisciplinario donde las consultas médicas especializadas (Ginecología, Psiquiatría, Urología, Endocrinología, Genética entre otras son cobertura POS), igualmente en el POS están las juntas médicas y las interconsultas.

- El Método Creighton es un procedimiento, técnica o conjunto de ambos para determinar la causa de la infertilidad.

Así mismo, conviene destacar un aparte del concepto firmado por el Ministro:

- Es un paradigma y una paradoja debido a que la población de menores ingresos es más fértil y tiene mayor número de hijos, los estratos más altos por el contrario por prolongar su fecha de aumentar la familia tienen mayores riesgos de presentar estas condiciones, aunado al uso de anticonceptivos orales por varios años.

Significa esto, que el Ministerio de Salud reconoce que los anticonceptivos hormonales provocan infertilidad a largo plazo, ¿Advierten de esto en las campañas de promoción de la anticoncepción entre los jóvenes? En cierto modo, la paradoja presentada por el ministro en realidad muestra las consecuencias de la agenda malthusiana promovida por el gobierno.